El derecho a disentir
Las movilizaciones en la capital para demandar un conteo imparcial de la votación emitida, el pasado 2 de julio, en cerca de 50 mil casillas, aparentemente manipulada por funcionarios electorales al margen de la ley, han sido pacíficas. Los plantones frente a edificios que albergan a las empresas que, violentando la legalidad, apoyaron con recursos millonarios la campaña presidencial del candidato de la ultraderecha, han sido también sin violencia. Los exabruptos, insultos y manoteos ciudadanos contra la imposición, y hasta los ataques a la libre expresión artística de quien disiente de la verdad oficial, por fortuna hasta hoy aislados, además de ser repudiados por todos los que creen en la tolerancia como forma de convivencia, son anécdota y consecuencia de un México sumergido en un conflicto poselectoral.
Estos hechos se circunscriben luego de una campaña de odio impulsada por grupos de interés económico y político para asegurar el continuismo gubernamental, los mismos que ahora conculcan el derecho de los ciudadanos a manifestar una oposición popular no violenta contra un gobierno que raya en el ejercicio despótico. Este movimiento es denominado resistencia civil pacífica e implica actos de desobediencia civil como la protesta en las calles, y es justificado como una variante que puede asumir un pueblo ante el abuso de autoridad.
El derecho a la resistencia es histórico y en el país ha sido bandera en la lucha poselectoral en las décadas de los 80 y los 90, particularmente por el neopanismo, pero su surgimiento va más allá. Significa una reacción, una respuesta o una réplica a la acción de un gobierno tiránico, autoritario, extranjerizante o que vulnera los derechos humanos. Su antecedente más conocido es la resistencia pasiva de Mahatma Gandhi contra el colonialismo inglés en la India, en 1913, o cuando las tropas alemanas ocuparon Francia, en la segunda Guerra Mundial, en 1940, resistencia que se realizó por grupos organizados en la clandestinidad para sabotear y atentar contra el ejército nazi. Otros casos se ensayaron en países como Checoslovaquia contra la invasión soviética, en 1968. Su manifestación teórica se debe a los precursores de la Revolución Francesa, como John Locke, Charles-Louis de Secondat, conocido como Montesquieu, o Jean-Jacques Rousseau, entre otros, que la definieron como doctrina y un derecho al que se puede y debe acudir ante el gobernante que no respeta las leyes o la norma jurídica, es cuando el gobernado renuncia a su deber de obediencia.
Este derecho es inalienable, es una prerrogativa humana incluso consagrada, primero, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 como el derecho a la resistencia a la opresión; en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano por el Constituyente de la Francia revolucionaria, en 1789, y en la era moderna en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que suscribió la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1948.
Resistir a la voluntad caprichosa o absolutista de un gobierno es un derecho que se enmarca dentro de los derechos humanos de primera y segunda generación, como los derechos civiles y políticos que tiene toda persona, y si bien en México los derechos políticos son aún limitados, porque se reconocen sólo en actos como elegir y ser elegido, la pertenencia a un partido político, opinar y expresarse libremente sobre cuestiones de Estado y asociarse con fines pacíficos, la jurisprudencia es corta en cuanto a su amplitud, ya que se ignora el derecho a tomar parte en plebiscitos y las demás formas de consulta popular, tan criticadas en estos comicios presidenciales; sin embargo, se compensan y justifican con los principios rectores de nuestra Constitución establecidos en el artículo 41, que garantiza que las elecciones deben ser libres y auténticas, así como organizadas bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Son, en el Estado contemporáneo democrático, una exigencia y la práctica de la resistencia civil pacífica es tan válida hoy como ayer, mientras los ciudadanos consideren que han sido abusados de sus derechos por los hombres y mujeres que representan a nuestras instituciones.