Junto al voto por voto
El 2 de julio los electores pusieron en jaque a las instituciones electorales. Lo que funcionó adecuadamente para echar al PRI de Los Pinos, no pudo resolver una elección cerrada. En 2000 la diferencia entre el PAN y el Revolucionario Institucional fue de dos y medio millones de votos, de modo que la inequidad, la participación del presidente y los errores de cómputo, que probablemente existieron, no mancharon la elección. En 2006, con una diferencia de un poco más de 220 mil votos, la inequidad, el activismo presidencial, la torpeza de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) y los errores en el cómputo resultaron decisivos.
Hace seis años, en el curso de la campaña estallaron los escándalos del Pemexgate y de los Amigos de Fox, documentando desviaciones serias a los procedimientos institucionales. Ello, sin embargo, no impidió que el 6 de julio conociéramos al ganador de la elección y que el proceso jurisdiccional fuera inadvertido. En esta ocasión, por el contrario, han pasado 25 días y no sólo no sabemos quién ganó, sino que hemos entrado en una espiral de desconfianza creciente en todo el proceso electoral. Lo que sí sabemos es que cualquiera que sea el resultado no existirá la certeza de una elección limpia.
También sabemos que 15 millones votaron por Calderón, otros tantos por López Obrador y 27 millones no lo hicieron por cualquiera de ellos. De modo que ni la continuidad ni el proyecto alternativo tuvieron mayoría. Eso lo reconocen todos los actores. Consecuentemente, resulta evidente que quien gobierne tiene que incorporar los planteos fundamentales del otro. Pero no será posible si se espera al fallo del tribunal electoral. Para cuando eso ocurra los ánimos estarán muy caldeados y, dependiendo de si se cuenta voto por voto, la posibilidad de consensar una agenda gubernamental será imposible.
Una trayectoria distinta podría perfilarse si los contendientes reconocen la urgencia de acordar aspectos claves para el futuro del país. Los temas tendrían que limitarse a lo fundamental. Un elemento básico sería aceptar la futilidad de lograr mayorías en el Congreso que desestimen la representatividad de quien obtuvo casi 15 millones de votos. De poco servirá que los diputados panistas acuerden con los elbistas y con los verdes, para luego buscar a los priístas y así aprobar reformas que van contra el proyecto nacional planteado por López Obrador. La discusión se llevaría a las calles, exacerbando un conflicto electoral que no se resolvió cabalmente.
De entrada conviene establecer la manera de procesar las conocidas reformas estructurales pendientes. En materia fiscal, los dos candidatos principales plantearon que no aumentarían las tasas del ISR; habrá que acordar que seguirán los productos exentos de IVA, pero será indispensable corregir las desviaciones salariales del foxismo. Ello liberaría recursos para desarrollar proyectos importantes con recursos públicos, corrigiendo el desmantelamiento de las capacidades promotoras del Estado.
La reforma energética tendría que someterse a un referendo que se organizaría por un IFE renovado con nuevos consejeros. El asunto puede decidirse en el primer año de gobierno, liberando al Congreso de una discusión que llevaría a un enfrentamiento sin salida. La reforma laboral tendría que incorporar un conjunto de consideraciones distintas a la flexibilidad. Resalta asimismo la necesidad de que el gobierno efectivamente retire el apoyo al sindicalismo corrupto, permitiendo la libre asociación sindical y que conmine a los patrones a hacer lo propio.
Otro asunto decisivo es la generación de empleos. Conocemos el enorme avance de la informalidad y los cientos de miles de trabajadores mexicanos que migran buscando ingreso. Sin empleos formales con salarios adecuados el país no tiene viabilidad social. No hay respuestas terminadas, lo que debiera haber es el convencimiento de que para resolver esto hace falta un proyecto nacional que todos compartamos. Sectores económicos a privilegiar, incentivos a la inversión privada en esos sectores, apoyo estatal, si se cumplen las metas de empleo, salarios y valor agregado.
Un tema crucial sería la reforma a la institución electoral: la legislación, el sistema de partidos, las campañas y precampañas, la conveniencia de elegir diputados de mayoría relativa y de representación proporcional, el mecanismo para elegir a los consejeros de los institutos electorales. Plantearse la posibilidad de estos acuerdos puede parecer cándido, pero de no hacerlo el próximo sexenio será muy complicado.