La erosión en el IFE
El escándalo del fraudulento rescate bancario cobijado por el Fobaproa se niega a desaparecer. Resurgió hace unas semanas con la pretensión de la junta de gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) de anular el resultado de la auditoría del despacho Mackey y asumir como deuda del instituto la friolera de 72 mil 700 millones de pesos. El costo total del rescate se eleva ya a más de un billón 200 mil millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación. Pero este nuevo desplante del IPAB tiene el agravante de romper con todo, incluyendo un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Eso no impide que las voces que hoy hacen la apología de las instituciones insistan en la sumisión a los dictados del fraude. Y no sólo en el ámbito del máximo fraude en la historia de México, el caso Fobaproa, sino en materia electoral.
En esta coyuntura del proceso electoral, muchos analistas sostienen que debemos respetar nuestras instituciones y la legalidad. Afirman que el Instituto Federal Electoral (IFE) ha costado muchos sacrificios y es un baluarte de nuestra democracia. Pero la erosión de la credibilidad del IFE ha sido el resultado de un largo proceso en el que la legalidad fue pisoteada en los mismos salones afelpados del IFE. Es bueno revisar los antecedentes. Los problemas comenzaron mucho antes del desastre del IFE versión 2006.
En 1998 el escándalo del Fobaproa se conectó con el tema de las contribuciones ilegales a la campaña electoral de 1994. El PRD interpuso una queja por irregularidades en el financiamiento de la campaña del PRI ese año. El entonces consejero presidente, José Woldenberg, se precipitaba para insistir en que ese tema era cosa juzgada. Mas pronto tuvo que retroceder porque no había antecedentes de un juicio sobre el fondo de esa queja.
El IFE dio entrada a la querella y se turnó a la Comisión de Fiscalización de los recursos de los partidos (presidida entonces por Alonso Lujambio). El dictamen de dicha comisión es un extraordinario ejemplo de manipulación. Por una parte, reconocía que no había cosa juzgada y que la comisión era competente para analizar la queja del PRD. Pero, por la otra, declaraba la queja infundada, aunque nunca hizo una investigación para conocer el fondo del asunto.
El dictamen se limitó a justificar la falta de indagatoria afirmando que la comisión únicamente tenía facultad para requerir la información o documentación que ya estuviera en poder de instancias del propio IFE. Para eso se citaba el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). En conclusión, no podía haber investigación.
Por desgracia para la Comisión de Fiscalización, el artículo 270 del Cofipe no incluye la palabra "únicamente". Eso cambia todo. Por supuesto que el Cofipe otorga facultades al IFE para requerir información a otras instancias, entre las que se encuentra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El IFE debe fiscalizar y vigilar, y puede hasta imponer sanciones. ¿Cómo pudo la Comisión de Fiscalización concluir que sólo puede requerir información que ya esté en poder del instituto? La motivación de fondo nos es desconocida, pero el resultado fue muy costoso para el IFE.
Eso no impidió que cinco consejeros aprobaran el dictamen en el consejo general. Esa manipulación de la ley contribuyó a degradar la legalidad en el IFE y a relegar al cajón de letra muerta los poderes que la ley le otorga para la fiscalización y vigilancia del financiamiento de los partidos. Se franqueó un nuevo umbral en la carrera que hoy conduce a la brutal crisis de credibilidad del elefante blanco llamado IFE.
¿Cómo se puede pedir ahora confianza en el IFE? La certidumbre no se erige con salarios astronómicos y edificios que recuerdan la arquitectura de Giuseppe Terragni, el arquitecto predilecto de Mussolini. La confianza se construye con hechos y, sobre todo, cumpliendo escrupulosamente con la normatividad vigente. El proceso de desgaste del IFE comenzó hace mucho y culmina con las irregularidades en la organización del proceso electoral de 2006. La falta de imparcialidad, la toma de posiciones, el conflicto de intereses, la falta de cumplimiento de la obligación de vigilar y fiscalizar, todo se corona con el desastre del 2 de julio del 2006.
Hay un paralelismo peligroso entre la historia del Fobaproa en 1995 y la del IFE. El fraude en el Fobaproa también nació poco a poco. Primero unas cuantas compras ilegales de cartera vencida, después un tsunami de fraudes. Paso a paso, de manera gradual, se avanza en las irregularidades y poco después se está nadando en un mar de violaciones a la ley y la Constitución. Al principio no parece que las irregularidades y la manipulación sean importantes. Se piensa que es un pequeño cambio incremental, pero al igual que la erosión del suelo, el proceso avanza inexorable, hasta que el espacio público queda desprotegido, como la tierra denudada. Una mañana nos dan la mala noticia de que el daño es irreparable.