"Concibió y preparó el plan de destrucción": Mattar

Concluye juez: Echeverría, culpable de matanza en 68

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

"Luis Echeverría Alvarez fue el concebidor y preparador que de manera intencional, pues con conocimiento de causa, en su calidad de secretario de Gobernación durante el gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, en compañía de otros altos funcionarios -tales como el Secretario de la Defensa, el Jefe del Estado Mayor Presidencial, el Director de Seguridad Pública, el Subdirector y Delegado Supernumerario de esa dependencia y el propio Presidente de la República-, fraguó un plan para destruir de manera parcial al grupo nacional opositor al gobierno denominado Consejo Nacional de Huelga (CNH), integrado por estudiantes y simpatizantes del movimiento estudiantil de 1968", concluyó hace dos semanas el magistrado federal José Angel Mattar Oliva, cuando libró la primera orden de aprehensión contra un ex mandatario del país.

Según consta en su resolución, en poder de La Jornada, que por vez primera se hace pública, el juzgador refirió que "el 2 de octubre de 1968, aproximadamente a las 18 horas, en la Plaza de las Tres Culturas de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, en donde se celebraba un mitin del movimiento estudiantil representado por el grupo nacional que se denominó CNH, hubo un número considerable e indeterminado de manifestantes muertos y heridos, como consecuencia de la acción planeada, dirigida, coordinada y ejecutada por altos funcionarios del gobierno federal en el ejercicio de sus funciones, con el propósito de destruir a dicho grupo nacional".

Para analizar por vez primera en la historia jurídica de México un caso de genocidio, así como la probable responsabilidad en ese ilícito de un ex presidente de la República, el magistrado titular del segundo tribunal unitario penal del Distrito Federal hizo un recorrido histórico y cronológico sobre los hechos que motivaron el movimiento estudiantil de 1968.

Las documentales públicas, libros, revistas y periódicos que ofreció como prueba la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) para demostrar que la matanza de estudiantes ocurrida hace 37 años fue un acto genocida, permitieron al impartidor de justicia considerar que el origen del conflicto de esa época comenzó el 22 de julio de 1968, "cuando en la plaza de la Ciudadela de México se da una riña entre alumnos de la preparatoria particular Isaac Ochoterena y las vocacionales dos y cinco del Instituto Politécnico Nacional (IPN)".

Luego el juzgador hizo mención de las marchas, movilizaciones y actos de protesta encabezados en 1968 por estudiantes de diversas instituciones públicas, durante más de dos meses, en respuesta a la negativa del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz de cumplir un pliego petitorio de seis puntos, entre los cuales destacaba la solicitud de que fueran liberados diversos "presos políticos", entre ellos los alumnos detenidos tras el enfrentamiento en la plaza de la Ciudadela.

Indicó que la negativa del gobierno federal a negociar con el movimiento estudiantil y buscar una salida política al conflicto provocó la creación del CNH -encabezado por líderes estudiantiles-, sobre todo como respuesta a los "actos de intimidación" que tuvieron que enfrentar los estudiantes cuando fueron agredidos en diversas ocasiones por grupos de granaderos del Distrito Federal y elementos del Ejército.

Como acto de legítima defensa, razonó el magistrado, se creó un grupo nacional de estudiantes que "buscaba hacer frente, de manera pacífica, a los embates de un gobierno represor", y se dio inicio, el 8 de agosto de 1968, a una huelga nacional que fue respaldada por la UNAM, el IPN, las escuelas Nacional de Maestros y Normal Superior, Escuela Nacional de Agricultura Chapingo, Universidad Iberoamericana, Universidad Lasalle y universidades de provincia.

Respecto del día de la matanza, el juzgador argumentó: "Contra los estudiantes y personas afines al movimiento estudiantil se perpetraron delitos contra la vida y ataques a la integridad corporal, consecuencia del cerco militar y policiaco, y de los disparos de miembros del grupo paramilitar Batallón Olimpia y otras fuerzas armadas, apostados en corredores, pasillos y departamentos del edificio Chihuahua, el techo de la iglesia de Santiaguito, edificio del ISSSTE, y otros inmuebles aledaños y cercanos a la plaza, presumiblemente con agentes de la Policía Judicial Federal, el Servicio Secreto, el Distrito Federal, militares de rango y oficiales de Guardias Presidenciales, que en su totalidad dispararon contra la multitud y la tropa regular que arribaba al lugar".

Asimismo, infirió que "el plan para terminar con el movimiento estudiantil no radicaba únicamente en detener (el 2 de octubre de 1968) a los líderes del movimiento, sino en exterminar a sus miembros, cuando menos de manera parcial; de otra manera no podría explicarse la presencia de tantos francotiradores en los techos y edificios aledaños y cercanos a la plaza; que el tiroteo iniciara precisamente con la caída de las segundas luces de bengala -que también eran la señal para que los miembros del Ejército cerraran el cerco-, cuando la supuesta finalidad de la presencia armada era únicamente disolver la reunión y detener sin violencia a los líderes del movimiento".

En respuesta al argumento de los abogados defensores de Echeverría, respecto de que la matanza de Tlatelolco fue una "trampa" para el Ejército y no un acto genocida encaminado al exterminio de los estudiantes, el magistrado sostuvo: "Aún en el supuesto de que hubiese existido una confusión entre las Fuerzas Armadas, que los orilló a tener un fuego cruzado, debe presumirse que los mandos tuvieron el tiempo y los medios necesarios para comunicarse y ponerse de acuerdo, a fin de no dispararse más los unos contra los otros; sin embargo, ello no sucedió, sino que los disparos continuaron hasta entrada la madrugada".

José Angel Mattar Oliva libró la orden de captura -que terminó la semana pasada en un auto de libertad, girado por el juez federal Ranulfo Castillo en favor de Echeverría, aunque es una resolución que puede ser modificada por otro magistrado- tras concluir que "la acción represiva (del gobierno diazordacista) logró frenar al movimiento estudiantil, que a decir de las autoridades de entonces ponía en riesgo la celebración de los 19 juegos olímpicos y la estabilidad del país".