Los resultados de la defraudación
Cualquiera que sea el desenlace jurídico y político de la impugnación del fraude electoral realizado en contra de Andrés Manuel López Obrador, es evidente que la crisis de legitimidad de las instituciones democráticas es el rasgo más significativo de la actual realidad mexicana. Se confirman las hipótesis que señalan la fragilidad en la que se fundamenta el actual sistema de representación política en el capitalismo neoliberal y de cómo los grandes electores -los poderes fácticos asociados con el Estado- son capaces de truncar las decisiones mayoritarias de una ciudadanía indefensa frente a los aparatos de manipulación informativa, defraudación y coerción que finalmente se impusieron el 2 de julio desde el gobierno de Vicente Fox y su red de complicidades estatales, empresariales, corporativas y de inteligencia.
En el descrédito total quedó el actual Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) por su conducta antes, durante y después de las elecciones del 2 de julio y por su papel central en la defraudación política, tradicional y cibernética, que no obstante su modernidad dejó demasiadas huellas a su paso, al grado de que su consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, es denunciado por indignados ciudadanos como un delincuente electoral que atentó contra la esencia del sistema de representación: el respeto de la voluntad popular expresada en el sufragio.
Se demostró también la justeza de las acusaciones previas en torno a que el nombramiento amañado de los nueve consejeros ciudadanos del IFE, sus trayectorias laborales, mentores políticos y relaciones corporativas llevarían a un manejo faccioso de sus cargos para favorecer al candidato oficialista.
¿Será posible volver a confiar en un conteo de votos por el IFE sin saber a ciencia cierta si en el interior de sus ordenadores actúa un eficaz y silencioso algoritmo que trastoca cantidades y lleva a porcentajes preparados de antemano por los expertos en computación que emplean los grandes electores? Por lo pronto, es lógico suponer que mientras permanezca la actual estructura de coordinación del IFE, millones de ciudadanos se negarán a participar en procesos electorales.
En consecuencia, una primera medida profiláctica sería exigir la renuncia inmediata del Consejo General del IFE por no cumplir con los requisitos mínimos de equidad y transparencia en el desarrollo de sus funciones. Resalta también la incapacidad de los partidos de la coalición Por el Bien de Todos, en particular del PRD, para cuidar la elección en el ámbito nacional, mostrándose, asimismo, el fracaso de las "redes ciudadanas" alrededor de la candidatura de AMLO, que apenas cubrieron un porcentaje mínimo de casillas, según documenta ampliamente Proceso (9 de julio). Esto es importante no sólo como parte de un balance de lo que ocurre, sino por los alcances de esta visible carencia en la organización inmediata del movimiento ciudadano contra el fraude, el cual debe fundarse en las propias fuerzas sectoriales y regionales. Se considera que la defensa de las conquistas y los derechos democráticos del pueblo mexicano va más allá de los intereses de un partido, e incluso de un candidato, por lo que la unidad en la acción contra el fraude y la imposición de Calderón deberá prevalecer sobre el revanchismo y los resentimientos personales que buscan "chivos expiatorios" en la otra campaña, y en particular, en el subcomandante Marcos, vocero del EZLN.
La impugnación de las elecciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se sitúa en el ámbito de la Presidencia de la República. Esto significa que el PRD se consolida como la segunda fuerza política con la representación más numerosa que registra desde su fundación en el Congreso de la Unión, congresos locales, el gobierno de la ciudad de México y la mayoría de las delegaciones. Esta realidad debe ser tomada muy en cuenta por el actual movimiento cívico para desplegar formas organizativas y de resistencia que obliguen a esa poderosa maquinaria de intereses a mantener una participación activa en el movimiento democrático y no hacer pactos que lleven a una negociación entre elites, por el "bien y la tranquilidad de la República".
Cualquiera de las posibilidades abiertas al TEPJF -a saber: a) contar voto por voto, casilla por casilla y reconocer eventualmente el triunfo de AMLO; b) validar la versión fraudulenta de la elección que ofrece el IFE y dar por ganador a Felipe Calderón; y c) declarar la nulidad del proceso y dar lugar a un gobierno interino que organice nuevas elecciones presidenciales- conlleva conflictos políticos y sociales en un México de por sí dividido y fragmentado por la devastación neoliberal.
No queda descartado que si el TEPJF opta por imponer en la Presidencia a Calderón, se recurra también a la represión y la provocación contra el movimiento popular, medida sistemáticamente respaldada por los sectores de la ultraderecha y sus aparatos policiacos y de inteligencia. Esta amenaza debe ser neutralizada con el incremento de la movilización y mayor grado de organización ciudadana.
En todos los escenarios es importante que el pueblo mexicano sea el sujeto político protagónico, pues de ello depende el sesgo que los cambios tomen en el futuro inmediato y en el de más allá de la coyuntura. Por ello, la situación mexicana confirma la tesis acerca de los límites de la democracia tutelada bajo el capitalismo neoliberal y la necesidad de que la organización de la sociedad provenga de un movimiento social que supere las contingencias ya pronosticadas de procesos electorales acotados y sujetos a las exigencias de la reproducción del capital, en cualquiera de las variantes de la alternancia.