Usted está aquí: miércoles 12 de julio de 2006 Sociedad y Justicia Darán premio por impulsar la legalidad a subsecretario que está bajo sospecha

Gómez-Morin no aclaró por qué Educación Básica adelantó contenidos a editoriales

Darán premio por impulsar la legalidad a subsecretario que está bajo sospecha

La Conferencia del Círculo Asia-Pacífico le otorgará el reconocimiento

KARINA AVILES

Ampliar la imagen El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Gómez-Morin, y el secretario general de la ANUIES, Rafael López, durante el encuentro Foto: José Carlo González

En el contexto de la Conferencia del Círculo Asia-Pacífico, en el que se entregará un premio al subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Gómez-Morin, por impulsar la cultura de la "legalidad" en la escuela, el funcionario no alcanzó a explicar por qué la dependencia que encabeza violó la ley en el proceso de revisión y autorización de libros de texto para primero de secundaria con los que empezará la reforma, como quedó demostrado en documentos firmados por el propio servidor público y que fueron dados a conocer por este diario.

Con un gesto de molestia y tono de voz exacerbado, Gómez-Morin no pudo decir más que en la Secretaría de Educación Pública (SEP) "nuca jamás hemos hecho nada fuera del marco legal".

Pese a que se logró comprobar que la subsecretaría que encabeza autorizó de facto 118 libros de primer año de secundaria antes de que se publicaran en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los nuevos lineamientos que debían regir ese proceso y sin apegarse al acuerdo secretarial 236 que entonces estaba vigente y que, en consecuencia, debió haber cumplido, afirmó que "sobre la base del nuevo acuerdo, después de que fue publicado, se tomó la decisión de qué libros van a ser incluidos en el primer grado" de secundaria.

Entrevistado al término de la ceremonia de inauguración de la Conferencia del Círculo Asia-Pacífico, se pidió al funcionario que diera una explicación sobre por qué se hizo fuera del marco legal el proceso de revisión y aprobación de esos títulos. Sin embargo, Gómez-Morin se preocupó más por preguntar "quién es el que califica" que ese procedimiento no se hizo apegado a la norma.

Al cuestionarle entonces cuál fue la normatividad en que se basaron para autorizar dichos libros -porque para ello la Secretaría de Educación Pública (SEP) debe cumplir los lineamientos que se establecen claramente en un acuerdo secretarial-, respondió que en el "artículo tercero constitucional". Luego añadió que se apegaron a la "Ley General de Educación".

En ese tenor, señaló que es facultad de la dependencia "decidir los materiales" -que en este caso no se trata de materiales, sino de libros de texto- "que van a incorporarse a las escuelas de educación básica".

Y aunque ese punto no es el que está en cuestión, dijo que "dentro de la ley no hay ningún acuerdo. No hay nada que vaya más allá de la ley. La ley dice claramente que la SEP es la que está facultada para decidir qué materiales entran y se seleccionan para las escuelas públicas del país, sobre la ley no hay nada más.

"Un acuerdo que estuvo establecido para la selección de los libros, previo a la publicación de los nuevos planes y programas de estudio de educación secundaria, es que ahí expresamente se establecieron nuevos planes y programas de estudio. Para primer año, evidentemente no era válido ya. Entonces, la SEP tomó la determinación de publicar un nuevo acuerdo y sobre la base del nuevo, después de que fue publicado se tomó la decisión de qué libros se van a incluir en el primer grado."

El funcionario tampoco explicó por qué si el proceso fue "legal" nunca se publicó en el DOF -conforme establece la normatividad- el calendario del proceso de revisión y autorización de libros de texto para que todas las casas editoras, en igualdad de condiciones, pudieran entrar a ese proceso, mediante el que finalmente un grupo de "maestros especialistas" seleccionaron los libros que, previamente y sin apegarse al acuerdo vigente, autorizó la SEP.

 
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