Cometieron delitos de lesa humanidad junto con sus pares de Argentina
Anula juez argentino indultos de Menem que favorecieron a militares uruguayos
Buenos Aires, 11 de julio. Un juez federal argentino anuló ayer los indultos decretados por el ex presidente Carlos Menem en beneficio de militares uruguayos que actuaron, conjuntamente con sus pares argentinos, en el Centro Clandestino de Detención Automotores Orletti, en el contexto de la Operación Cóndor, coordinadora de las dictaduras del Cono Sur en los años 70.
Esta decisión del magistrado Guillermo Montenegro deja sin escape a los responsables de la desaparición forzada de personas, al considerar que no pueden ser amparados por el indulto a los autores de un delito que sigue siendo cometido al no aparecer las víctimas.
En Uruguay están detenidos por el secuestro, traslado y desaparición de María Claudia García de Gelman los oficiales retirados José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Rama, José Ricardo Arab y el recapturado Gilberto Vázquez, junto con el policía Ricardo Medina, por solicitud de la justicia argentina para su extradición.
También el juez Sergio Torres, que está al frente de la investigación de la llamada megacausa de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), que funcionó como uno de los mayores centros clandestinos de detención de la pasada dictadura militar (1976-1983), amplió los procesamientos de un grupo de ex marinos y embargó sus bienes por millones de dólares a varias de las figuras emblemáticas del terror de Estado, como lo fue, por ejemplo, el ex capitán de navío Alfredo Astiz.
El juez sumó 175 cargos nuevos a Astiz, Antonio Pernías, Jorge Tigre Acosta, Jorge Rádice, Jorge Perrén, Juan Carlos Rolón y Oscar Montes, quienes están detenidos y procesados en la causa de la Esma, donde hubo unas 5 mil desapariciones.
Además, fue uno de los más temibles centros de torturas donde desaparecieron a finales de 1977 Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María de Ponce, madres fundadoras de Plaza de Mayo, cuyos cadáveres, identificados después de 28 años de haber estado enterrados en una zona de la costa atlántica, demostraron que habían sido torturadas y arrojadas con vida al mar por los militares.
El juez continuó ampliando testimonios de sobrevivientes, después de reabrir la causa de la Esma, gracias a la anulación definitiva -por el Parlamento en 2004 y la Corte Suprema el año pasado- de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1986-1987), que habían convalidado la impunidad en Argentina.
Desde 2001, cuando el juez Rodolfo Canicoba Corral pidió la extradición de los militares uruguayos en la causa que juzga aquí los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Operación Cóndor, ha habido otras solicitudes similares.
La nueva posición del gobierno del presidente Tabaré Vázquez en Uruguay en el tema de derechos humanos, en los que sienta precedente el caso Gelman, dinamizó el trabajo de la justicia uruguaya, como lo demuestra la detención en el país oriental del llamado "grupo Cóndor".