Fortalecer la democracia
El informe de 2004 del Programa de las Naciones Unidas sobre la Democracia en América Latina, señala al menos dos poderes fácticos internos que conspiran contra su fortalecimiento: las clases empresariales, que con privilegios cobran a los gobiernos elegidos los dineros y favores invertidos en las campañas, o les dictan cómo deben ser sus políticas públicas, y los medios de comunicación, particularmente electrónicos, que legitiman con su publicidad, mensajes y comentarios a las fórmulas que promueven la continuidad y la consolidación del statu quo que a ellos también favorecen.
Todo ello, sin olvidar desde luego la posible actuación de las autoridades constituidas no democráticas, que ilegítimamente hacen uso de su poder para inclinar la voluntad ciudadana en el sentido que les conviene. Esto es algo que los mexicanos hemos podido comprobar a nivel nacional en el proceso electoral, con el actuar público y privado de los sectores empresariales más poderosos del país, y en la conducción de algunos de los medios electrónicos más influyentes en México. Por ello, una buena parte de la ciudadanía, sin importar el partido por el que haya votado, lamenta la falta de condiciones de equidad en la actual contienda y demanda cada día más certidumbre en los resultados definitivos.
Lamenta igualmente el ambiente de inquina y odio que promovió sin cortapisas uno de los partidos, y que por encima de sus preferencias partidarias afectó incluso a su propio núcleo familiar, y considera que no puede reconstruirse para adelante la convivencia armónica y pacífica de la sociedad, sin que el órgano jurisdiccional establecido en la Constitución cumpla escrupulosamente con su cometido en este delicado asunto.
A ello se debe que sin reivindicar a ningún candidato en lo particular, y haciéndose eco de estas demandas ciudadanas, desde el pasado 5 de julio 37 redes y organizaciones civiles expresaron en un comunicado que a toda la sociedad le conviene que en el actual proceso prevalezcan la transparencia, la verdad y la legalidad. Y, tomando en cuenta el escasísimo margen que ya desde entonces se preveía que separaba a los dos principales contendientes, enfatizaron que es necesario que quien ocupe la Presidencia lo haga con el reconocimiento generalizado de la legitimidad de su triunfo. "El fortalecimiento de la democracia y de sus instituciones -dijeron con razón- requiere la garantía del voto y la transparencia de su procesamiento.
"Hoy la defensa de la democracia -añadieron-, pasa por conocer la verdad". Al fin y al cabo, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece con toda claridad en su artículo 174 que el proceso no concluye hasta que "el tribunal electoral haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto, o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno". Y la propia Constitución en su artículo 99, fracción II, faculta expresamente a la Sala Superior de éste a realizar "el cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma". O sea, que para garantizar certeza, legalidad y transparencia, esta instancia jurisdiccional está obligada en primer lugar a resolver las impugnaciones que los partidos hubieran interpuesto durante las elecciones en las distintas casillas y distritos, con las pruebas correspondientes, y después de ello debe realizar el cómputo final de la elección a jefe del Ejecutivo federal.
Sólo después de este procedimiento está facultada para formular "la declaración de validez de la elección y la de presidente electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos". Pero para ello tiene la obligación de ordenar antes la revisión de las actas de los distritos, e incluso la apertura de los paquetes electorales que los partidos políticos hayan impugnado con fundamento, durante y después de la elección, en los plazos establecidos por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Por ello igualmente la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, que agrupa a 55 organizaciones en varios estados de la República, expresó el día de ayer que: "frente al anuncio de que el candidato López Obrador recurrirá al tribunal electoral, la responsabilidad del Estado de generar confianza entre la ciudadanía quedará a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)". Pero para cumplir con su obligación de garantizar certeza y confianza en el resultado electoral, este tribunal tiene el deber de no quedarse en la mera "tramitación simbólica de los recursos", como lo establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso 10.956, precisamente sobre México, sino que debe investigar "lo que implica una conducta positiva en el ordenamiento y práctica de las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos denunciados".