Sufragio efectivo, no relección
Los albores del siglo XX escuchan los gritos de la primera revolución democrática de América Latina, la mexicana. Frente al poder omnímodo de Porfirio Díaz, y un orden oligárquico perpetuado en el poder bajo formas caciquiles, donde el asesinato político y la cárcel eran la respuesta a la oposición política, las elecciones constituían un ritual para garantizar la continuidad del caudillo en la silla presidencial. Con un partido ad-hoc para la relección. Así, los votantes eran sometidos por la vía del miedo a expresar su apoyo al dictador. El resultado, siempre el mismo. Hace dos siglos no había computadoras, no se caía el sistema, no existían el IFE, el PRI, el PAN o el Panal. Tampoco Televisa y sus aliados. Las formas fraudulentas de relección eran más primarias, no por ello menos eficientes. Pero tanta ignominia creó respuesta. El Partido Antirreleccionista o los comités por la no relección se extenderían por todo el país. La sociedad se movilizó. Se perdió el miedo. Aunque el fraude electoral diese el triunfo en 1910 otra vez a Porfirio Díaz, el pucherazo no contó con el beneplácito de todos. En la ciudad de México, el 11 de septiembre de 1910, y cito la fecha por emblemática, la casa del dictador fue apedreada a los gritos de ¡abajo el mal gobierno! y el clamor popular de sufragio efectivo y no relección. Los partidarios de Madero, los clubes democráticos, los periodistas, los círculos masónicos, el movimiento obrero, campesino, estudiantil, persevera en su crítica y su rechazo al fraude electoral. Se hace persistente. El continuismo no se garantiza, a pesar de las múltiples formas de represión, favores y corrupción. El estallido social y político acabaría con el fraude. La insurrección se inicia con voces heterogéneas: Madero, Zapata y Villa, entre otras. La revolución prende un año más tarde. Del sufragio efectivo y no relección a la revolución se combinaron factores de crisis de legitimidad de un orden institucional, de su plutocracia, su oligarquía y su clase política.
En el siglo XXI, las primeras elecciones presidenciales del milenio abren la puerta a una crisis de legitimidad del orden político-institucional del Estado. Lo que está en cuestión no es el resultado de una contienda electoral. La participación directa del Ejecutivo, del Legislativo y de una parte importante del Judicial ponen de manifiesto hasta dónde se puede llegar con tal de evitar el ejercicio democrático de la ciudadanía en su derecho al voto. En otras palabras, manipular y cambiar la dirección de la voluntad popular a fin de hacer coincidir sus intereses con sus objetivos. Comprar votos ya no se estila. Menos aún el acarreo forzoso de campesinos, pobres de la ciudad, indocumentados y marginales. Los mecanismos técnicos son más rentables, la fórmula se aplicó en 1988. En esa ocasión se evitó el triunfo del ingeniero Cárdenas y el Frente Democrático Nacional no se movilizó. La informática trajo al mundo la posibilidad de un nuevo modo de ganar elecciones sin necesidad de quemar votos o romper actas. La caída del sistema y la complicidad de las autoridades electorales fue suficiente para dar el triunfo al PRI, en ese caso a Salinas de Gortari. Nadie dudó del fraude. Pero eran otros tiempos. El PRI gobernó ese y el siguiente sexenio. Para evitar nuevas sorpresas, se dedicó a cambiar las reglas del juego y controlar el padrón electoral. Así comenzó otra batalla. No deben ganar los problemáticos. En 2000 perdió, y cedió al PAN el gobierno. Acción Nacional hizo suyas todas las técnicas antes en manos del PRI. Para eso son poder.
En esta ocasión, evitando que acudiesen a ejercer su derecho quienes seguramente ganarían las elecciones, los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, les impidió su inscripción en el padrón electoral y, por tanto, ejercer su derecho al voto. Es el plan "A". Excluir cientos de miles de potenciales adversarios, intuyendo un resultado ajustado en las urnas, donde cada voto es importante. Y si aun así ganan, aplicar el plan "B". Pero no pueden volver a 1988. La caída del sistema es muy burda y la ciudadanía está preparada. No se traga el cuento. Ahora se practica una nueva técnica: los algoritmos matemáticos y el control político del Instituto Federal Electoral (IFE) por medio de sus miembros. Ambos factores garantizan el triunfo del candidato del PAN, aunque pierda en las urnas. Basta emitir los resultados en función de este mecanismo de ordenación matemática. El amaño de los datos y el parloteo de sociólogos, politólogos y periodistas adictos al régimen machacando continuamente en las cadenas de radio y televisión las mismas frases y argumentos aprendidos y recitados como loritos harán el resto. La mentira funciona. Todo está circulando en la autopista de la información. El riesgo, lo que no está en el guión de sus operadores sistémicos, es la posibilidad de ser descubiertos. Pero, ¿qué pasa si se destapa la olla? Cuando ocurre, el plan "B" no tiene salida. La credibilidad del orden político queda en entredicho. El proceso electoral se colapsa y satura. La contaminación se extiende al conjunto del régimen. La crisis es de legitimidad. Quienes querían amañar las elecciones resultan ahora perjudicados, son desenmascarados, así como parte del complot. Cómplices de la maniobra, no tienen escapatoria. Su triunfo se torna ilegítimo, dadas las malas artes sobre las cuales se fundamenta, y ello en democracia representativa obliga a buscar una solución de corto plazo, donde lo más cuerdo sería repetir las elecciones, mientras se establece un gobierno provisional que garantice en el futuro inmediato el real ejercicio del voto de todos los mexicanos. En esta ocasión el cazador ha sido cazado.
Sin embargo, si no se acepta esta salida, se entra en una situación de precariedad jurídica en la que no es posible garantizar el ejercicio democrático del poder político, ya que la voluntad popular ha sido secuestrada y sus secuestradores ejercen el poder impunemente. La defensa del voto efectivo y la no relección del PAN con su candidato Felipe Calderón, junto al llamado a la movilización popular, debe unirse a la impugnación de todo el proceso electoral por vicio de forma y de contenido. Es la salida democrática para evitar la consolidación de lo que Luis Hernández Navarro ha denominado "golpe de Estado técnico". De lo contrario, las consecuencias serán imprevisibles.