El asesinato del activista gay Octavio Acuña, acaecido en Querétaro en junio del año pasado, de ninguna manera está resuelto, como lo pretende hacer pasar la Procuraduría de Justicia de Querétaro. La tortura sufrida por uno de los inculpados, pone en duda toda la historia presentada por las autoridades judiciales de ese estado.

En el boletín enviado por esa dependencia judicial se deja ver que el procurador queretano y su personal están más ocupados en demostrar que no se trató de un crimen de odio por homofobia, como lo han sostenido a lo largo del año las organizaciones civiles de ese estado, que en esclarecer el homicidio. Toda la historia armada por la PGJQ, en donde se involucra a un travesti, intenta presentar el caso como un crimen pasional o ajuste de cuentas entre homosexuales para dar carpetazo al expediente.

El de Octavio Acuña es un caso de homofobia emblemático. El prejuicio ha estado presente desde que sufrió el trato discriminatorio por parte de unos agentes de la policía municipal, de ahí le siguió el desdén de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la negativa a proporcionar copia del expediente a su pareja, hasta la fabricación de toda una trama pasional.

Las denuncias de tortura hechas públicas por parte de Humberto García, ‘Salma’, a quien se señaló como posible autor intelectual del asesinato, son muy graves, toda vez que el gobierno de México es uno de los firmantes del Protocolo de Estambul contra la tortura. Al gobierno de Querétaro le tocaría atender esta denuncia, sin embargo, resulta imposible a estas alturas confiar en la actuación de la PGJQ, así como de la CEDH de la entidad. Lo que preocupa y por lo que debemos apelar es por la integridad física y la seguridad de Humberto García. Al gobierno de Querétaro se le debe responsabilizar de cualquier año ocasionado contra su persona.