Militariza Bolivia cuatro instituciones públicas cruceñas
La Paz, 5 de julio. El gobierno del presidente Evo Morales ordenó hoy la militarización de las oficinas de cuatro instituciones públicas en la oriental ciudad de Santa Cruz, luego que un grupo de jóvenes atacó a golpes a indígenas, lo cual acrecentó la tensión entre el gobierno central y las autoridades de aquella región.
"Hubo un informe sobre la probabilidad de toma de instituciones del Estado", justificó el comandante en jefe del ejército, general Freddy Bersatti, al explicar la militarización de las oficinas.
No obstante, añadió que si se tiene nueva información de que no hay posibilidad de tomas, entonces la medida de seguridad será retirada, y afirmó que las fuerzas armadas bolivianas "no van a permitir que el país se divida".
Las instituciones que quedaron bajo custodia militar son la terminal Bimodal, las oficinas de Impuestos, el Instituto Nacional de Reforma Agraria y la Empresa Nacional de Ferrocarriles.
Este nuevo clima de tensión se desató a raíz de que un grupo de integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista y de la Federación Universitaria local, calificadas de extrema derecha, arremetieron a golpes el lunes contra hombres, mujeres y niños indígenas que se encontraban en la sede de la Central Obrera Departamental, ante la actitud pasiva de la policía local.
A esto siguió la destitución del jefe de la policía de Santa Cruz, Wilfredo Torrico, por decisión de la ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, quien deploró lo sucedido. Dijo que el ex jefe policial permitió que grupos exaltados agredieran a las citadas personas al grito de "autonomía, autonomía".
"Se destituyó al que quiere cumplir con la ley, al que no recibe el mandato como un servil o un perro del centralismo", afirmó el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, en defensa del destituido Torrico, y consideró violados sus atributos legales como autoridad electa local.
En otro orden, los presidentes de los comités cívicos de Santa Cruz y Tarija, Germán Antelo y Francisco Navajas, respectivamente, firmaron hoy un convenio mediante el cual rechazan el artículo sexto del convenio firmado por Bolivia y Argentina para la venta de gas, al considerar que la medida representa "la confiscación" de los recursos regionales por el centro.