Editorial

Incertidumbre y división

Con los elementos de juicio disponibles era inevitable suponer, al cierre de esta edición, que el Instituto Federal Electoral anunciaría esta mañana un resultado de los cómputos distritales ligeramente favorable para Felipe Calderón, candidato presidencial panista, frente a su rival perredista, Andrés Manuel López Obrador. De ser así, tal anuncio no sería, por desgracia, el fin del proceso sucesorio en el que está inmerso el país desde mediados de este sexenio, sino el comienzo de una nueva fase de confrontación en lo político y en lo judicial ­y ojalá que sólo en esos ámbitos­, tan amarga como las precedentes, o más; la necesaria reconciliación nacional seguiría pendiente y la consecuencia de la elección del domingo pasado quedará en el aire, a la espera de definiciones de segunda instancia.

Tal sería el resultado de un proceso comicial enturbiado por la permanente intromisión del gobierno federal; por el uso de recursos públicos a favor del candidato oficial; por las campañas orientadas a sembrar pánico en la ciudadanía; por la parcialidad manifiesta de los medios informativos comerciales, especialmente los electrónicos; por las descalificaciones entre candidatos; por la coacción patronal del sufragio; por las numerosas irregularidades detectadas ­más las que falten­ durante la jornada del domingo y en las posteriores y, sobre todo, por el colapso en la credibilidad del organismo responsable de arbitrar los comicios. Tras el desastre que fue el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y su exclusión de casi 10 por ciento de los votos ­hecho que se pretendió justificar a posteriori con el argumento técnico de las "inconsistencias"­, y ante la evidencia de cuentas que no cuadran, el árbitro electoral llegó al conteo distrital de ayer con un déficit de autoridad moral que anuló el sentido conciliatorio y esclarecedor que debió tener el ejercicio.

Como consecuencia, las cifras de hoy, si fueran las previsibles, carecerán de veracidad a ojos de una gran parte del electorado y plantearán una disyuntiva inevitable: que se acepte un recuento general de los votos, uno por uno ­cosa improbable­, o que los inconformes impugnen los comicios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la posibilidad de que esa instancia opte por anular la votación y se dé paso a un gobierno provisional. Tal podría ser el indeseable resultado de la irresponsabilidad y la miopía de la clase política en general, y particularmente del grupo gobernante, con todo y sus ansias de perpetuarse en el poder; tal sería ser la consecuencia de la manifiesta incapacidad del IFE de mantener los ánimos de las campañas en el ámbito de la civilidad y la ley; tal sería el efecto de la abrumadora torpeza mostrada en las horas posteriores a los comicios por el presidente del organismo, Luis Carlos Ugalde, y de la evidente connivencia entre éste y el presidente Vicente Fox: hay que recordar la concatenación de los pronunciamientos gemelos difundidos por ambos sin el menor escrúpulo de cuidar cuando menos las apariencias.

Lo único claro, hasta el momento, es que se ha llevado a la sociedad a un grado de polarización indeseable, a un desgaste que habría sido innecesario y a una incertidumbre que no se merecía.