Se rezaga la inversión en infraestructura

El sector público de América Latina no invierte lo suficiente en transporte, electricidad y agua, pero tampoco permite que los inversionistas privados lo hagan

Economist Intelligence Unit /The Economist

Imposible ver algo así y no creer en el progreso. Donde había aire, hay rocas. Donde había rocas, hay aire. Donde no había un lago, ahora existe. El Cajón, una presa de 188 metros de profundidad en Nayarit, debe generar 750 megavatios de electricidad a partir de 2007.

El Cajón es el proyecto de construcción más grande de América Latina. Es también una rareza. En México el gasto público en infraestructura para la generación de electricidad, carretera, vías férreas, plantas de agua, etc., fue una tercera parte más bajo en 2004 que 10 años antes, de acuerdo con un informe de Merrill Lynch. El Banco Mundial dice que dos quintas partes de las autopistas del país son "premodernas". Sin embargo, el gobierno gasta 0.7% del PIB en subsidiar el consumo de electricidad, algo que no beneficia a los más pobres, quienes viven a oscuras en las áreas rurales.

Lo mismo sucede en toda América Latina. Aunque las economías crecen de manera dinámica gracias al auge de la exportación, están encadenadas por carreteras y autopistas de baja calidad, puertos obstruidos y un suministro precario de electricidad. En los años noventa, los gobiernos redujeron radicalmente la inversión pública para equilibrar su presupuesto e invitaron a los inversionistas a cubrir el déficit. Entre 1990 y 2003 la región representó la mitad de la participación total del sector privado en la infraestructura de países desarrollados. La inversión privada ha expandido las redes de telecomunicaciones. Pero el flujo del dinero privado para electricidad, agua potable y transporte se ha secado en muchos países, en parte porque los ciudadanos y los políticos se opusieron a la privatización.

En años recientes, el gasto total en infraestructura en la región ha promediado menos de 2% del PIB. No es suficiente. De acuerdo con el Banco Mundial, 58 millones de latinoamericanos carecen de acceso a agua potable y 137 millones de drenaje. En Brasil y Perú, menos de un cuarto de las autopistas principales están clasificadas como adecuadas. Según encuestas realizadas por el banco, 55% de los empresarios consultados en América Latina señalan que la infraestructura es un serio problema, porcentaje que en Asia del este es sólo de 18%. El banco dice que la región tendrá que duplicar o triplicar su gasto actual para que su infraestructura alcance el nivel de las boyantes economías de aquella región asiática.

La excepción, como es frecuente, la constituye Chile. La dictadura militar comenzó a privatizar infraestructura en 1985, principiando con telecomunicaciones y electricidad. Los gobiernos democráticos han ido más allá. Las carreteras que llevan al viajero del aeropuerto a Santiago, la capital, son administradas de manera privada, como muchas otras autopistas y el propio aeropuerto. Casi toda el agua de Chile es suministrada por empresas privadas. En Santiago, el tratamiento de aguas negras se ha incrementado de 3% en 1999 al actual 70%, dice Alfredo Noman, director de Aguas Andinas, la compañía española de agua potable de la capital chilena. En Chile, sólo los hogares más alejados carecen de agua o electricidad.

Mayor inversión en Chile

Chile ha sido capaz de movilizar tanto dinero privado porque su gobierno ha establecido procedimientos legales y regulatorios en los que confían los inversionistas. ''En caso de una disputa podemos recurrir al arbitraje; lo hemos utilizado y funciona'', dice Noman. Contribuye, también, que Chile tenga fuertes mercados de capital y grandes inversionistas institucionales, como los fondos de pensión privados. Los ''bonos de infraestructura'' de largo plazo, denominados en pesos ajustados a la inflación, han servido para financiar gran parte de los 8 mil mdd invertidos en carreteras, aeropuertos y demás.

Cobrar, otro dolor de cabeza latinoamericano, es relativamente fácil en Chile. Autopista Central, carretera de Santiago operada por la compañía española ACS, factura a los conductores cada mes en lugar de cobrar peajes. Suena riesgoso, pero su cartera vencida es de menos de 3% del total, dice Antonio Estrada, gerente de Autopista Central. Chile planea expedir contratos para que inversionistas privados construyan y den mantenimiento a hospitales públicos.

El éxito no ha popularizado la privatización. Los chilenos se quejan de que sólo ven coches nuevos en las carreteras porque los conductores de carcachas no pueden pagarlas. (Lo mismo sucede con las carreteras de peaje construidas por particulares en México.) Contar con agua corriente es cómodo, pero los pozos del patio trasero eran gratis. En una investigación de 2005, efectuada por Latinobarómetro, dos tercios de los entrevistados chilenos estaban decepcionados con la privatización, más que en Brasil y en México. Sin embargo, Chile ha protegido a los inversionistas de la ira popular, a diferencia de sus vecinos. Por esta razón, ACS no está tentada de invertir en ningún otro lugar en la región. ''La estabilidad política y económica no es lo bastante buena para hacer una inversión a 25 o 30 años'', dice Estrada.

De los países más importantes de América Latina, sólo Colombia ha conseguido mantener la inversión pública y atraer financiamiento privado. En otros lugares el panorama es mucho más problemático. En algunos países el capital privado enfrenta rotunda hostilidad. Bolivia nacionalizó su petróleo y su gas el mes pasado, y antes echó a las multinacionales de la industria de agua potable. El gobierno argentino renacionalizó la compañía de agua potable de Buenos Aires y se ha enfrentado a otras empresas privadas por los impuestos sobre utilidades. En la actualidad planea imponer un cargo a los consumidores de energía para aumentar los ingresos de la recientemente creada empresa estatal de energía.

Parálisis en Brasil

En Brasil, la economía latinoamericana más grande, el entusiasmo inicial por la inversión privada en infraestructura se ha enfriado. En los años noventas, el gobierno privatizó telecomunicaciones, vías férreas y el suministro de electricidad y entregó 5 mil kilómetros de autopistas federales a operadores privados. Luiz Inacio Lula da Silva, presidente de Brasil desde 2003, prometió una ruptura con las políticas ''neoliberales'' de su predecesor. Bajo su gobierno, no se ha llevado a cabo ninguna inversión, privada o pública, en transporte, electricidad o agua potable.

Puesto que Brasil tiene pocas oportunidades de elevar impuestos y deuda, y no fácilmente puede redistribuir el gasto, tendrá que depender del sector privado durante los años siguientes, estima Paulo Correa, coautor de un informe del Banco Mundial, de próxima aparición, sobre infraestructura brasileña. Sin embargo, el clima para la inversión privada es hostil. No puede contarse con los organismos reguladores y los tribunales para hacer valer los contratos. En un sondeo reciente, de 21 agencias reguladoras, 12 de ellas reportaron que ha habido intentos del gobierno para interferir en sus decisiones.

Brasil, luego de mucho retraso, está lanzando un proyecto al amparo del cual las empresas privadas pueden construir y operar carreteras, sistemas de drenaje e incluso cárceles, a cambio de un flujo de ingresos garantizados por el gobierno. Las empresas locales están menos dispuestas que los inversionistas internacionales a enfrentar el riesgo. "¿Tenemos que esperar a que alcancemos el nivel de Chile? Necesitamos aceptar las condiciones existentes", dice Marcelo Odebrecht, gerente de una constructora que lleva su apellido.

Es digno de encomio el gusto por el peligro de Odebrecht, pero no que los gobiernos dependan de él. Invertir en infraestructura rinde grandes dividendos para los pobres y reduce la desigualdad. Los gobiernos que no pueden invertir en infraestructura y al mismo tiempo ahuyentan a quienes sí pueden, no le hacen un gran favor a sus votantes.

FUENTE: EIU