Recomendaciones y advertencias ciudadanas
El pasado miércoles concluyeron las campañas electorales. Ocasión propicia para hacer un balance de las acciones de blindaje autónomo que organizaciones civiles llevaron a cabo ante la sociedad, los partidos y las instituciones electorales, para promover el respeto al voto libre y responsable de los ciudadanos. Junto con ocho articulaciones nacionales y estatales, el Comité Conciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral, en una iniciativa que significativamente denominó Congreso con rostro, investigó y difundió 130 biografías de los candidatos que los partidos postularon en los 300 distritos del país, para que los electores conocieran su coherencia ética, política y jurídica, así como los procedimientos como los partidos los lanzaron para tales cargos. Con el apoyo de un grupo de expertos y de ex consejeros independientes de los organismos públicos electorales, se dio también a la tarea de investigar las condiciones de riesgo en las que los electores emitirán mañana domingo su sufragio en varios estados de la República, con el fin de prevenir y atender posibles conflictos. Advirtió así sobre dos tipos de focos rojos para la libertad del sufragio en 68 municipios del país: los que se relacionan con conflictos entre grupos de interés o poderes locales, que se polarizan aún más en contextos comiciales, particularmente en Oaxaca, estado de México, Veracruz y Guerrero; y, con base en el trabajo que realizó Alianza Cívica, en coordinación con 25 organizaciones de 22 entidades federativas, los que se relacionan con acciones de compra y coacción del voto, mediante el uso de programas sociales o de recursos públicos, tanto federales, como estatales y municipales, sobre todo en Chiapas y el estado de México.
Esta organización independiente denunció el pasado jueves que los programas sociales estatales han sido utilizados para la compra y coacción del voto, en una proporción doble que los programas federales; y que el programa federal de Empleo Temporal sobresale entre los que han sido más utilizados para la compra y coacción del sufragio. "Pensamos que en el caso de este programa -dice Alianza Cívica- puede establecerse un patrón, ya que esta práctica ha sido reportada en todos los estados donde se han levantado entrevistas, como Aguascalientes, Veracruz, Coahuila, Tlaxcala y el estado de México. Además, señalamos que sólo en este programa resalta la participación de los partidos políticos como principales responsables de la compra del voto".
Para esta organización, que en el periodo del 24 de abril al 26 de junio aplicó 10 mil 54 encuestas en 182 municipios de 22 estados del país, la coacción se presenta en mayor proporción en Chiapas, Oaxaca y Sinaloa, y los estados de México, Guerrero y Sinaloa son aquellos en los que se da el mayor número de irregularidades asociadas a la compra de sufragios. Además, 5.6 por ciento de los entrevistados reportaron que se les pidió su credencial de elector, o copia de la misma, a cambio de apoyos nuevos, o con la amenaza de que si no lo hacían, podrían dejar de ser beneficiarios del programa. La causa de fondo de este uso clientelar de los programas sociales, que implica no únicamente la comisión de delitos electorales, sino sobre todo la violación a derechos humanos, es que en México la política social se realiza por medio de programas focalizados, para los cuales se levanta un padrón, en el que los beneficiarios tienen que comprobar que reúnen los requisitos para formar parte de él. Y por ello las organizaciones civiles de derechos humanos han venido pugnando, entre otras cosas, porque los ciudadanos no sigan siendo considerados en las políticas públicas como simples beneficiarios, sino como verdaderos titulares y sujetos de derechos. El Comité Conciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral ha señalando desde hace meses su preocupación por algunas de las actividades del Dr. Simi, que podrían tener el objetivo de interferir en el desarrollo de la jornada de mañana. El miércoles expresó que hasta el pasado 26 de junio el IFE reportaba haber acreditado 15 mil 518 solicitudes de observadores, de las cuales 4 mil 800 pertenecen a la agrupación Ciudadanos por un país mejor, lo que representa 30 por ciento de los observadores a escala nacional, en un universo de 234 agrupaciones de observadores. "Hay indicios -afirma el comité- de que se trata de personal contratado y subordinado a las empresas del C. Víctor González Torres (quien dirige la agrupación arriba mencionada, fundada apenas en marzo de este año), por lo que no necesariamente acuden por interés propio a registrarse como observadores. El interés de este personaje por influir en el ejercicio del sufragio y contar los votos que se emitan en su favor, hace pensar que estos observadores buscarán operar como sus representantes de casilla".
Por todo ello pensamos que todas las instituciones públicas deben responder con interés y compromiso durante y después de los comicios a todas las recomendaciones que les han venido haciendo las organizaciones civiles, para consolidar y hacer avanzar verdaderamente la democracia en México.