Los funcionarios acudieron de manera ''extraoficial''La PGR guarda silencio
Gente de la SIEDO buscó convencer a Ponce de que declarara contra AMLO
Trascendió que un noticiero televisivo nocturno había reservado espacio para las revelaciones
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Gustavo Ponce. Imagen de archivo
Foto: Carlos Ramos Mamahua
Al menos cuatro funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) acudieron de manera extraoficial la tarde del pasado miércoles al penal de máxima seguridad de La Palma para tratar de convencer a Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, de que declarara dentro de la investigación que se inició con motivo del supuesto manejo de recursos ilícitos en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, revelaron fuentes gubernamentales.
Los datos obtenidos refieren que el ex secretario de Finanzas se negó a comparecer ante los representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), y se acogió a su derecho a no hacerlo por no estar presente el agente del Ministerio Público Federal encargado del caso, y no contar con la presencia de su abogado.
Bomba desactivada
Inclusive trascendió en el ámbito gubernamental que un noticiero televisivo nocturno había preparado el espacio para dar a conocer lo que informativamente se podría considerar una ''bomba'', porque se esperaba que Ponce Meléndez declarara.
La PGR no ha emitido información respecto de la diligencia porque, a decir de los entrevistados, el encuentro entre funcionarios de la SIEDO y Ponce Meléndez se dio en el terreno de la extraoficialidad.
Según los datos proporcionados, la intención era convencer primero al ex funcionario de que apoyara las investigaciones y, una vez que aceptara, la comparecencia se realizaría de manera formal ante la agente del Ministerio Público María Oralia Canisales García, adscrita a la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero.
Los funcionarios entrevistados refirieron que Ponce tuvo conocimiento de las más de 70 preguntas que se le formularían, pero además de los argumentos legales que dio para no aceptar que se celebrara la diligencia ministerial, mencionó que mantenía su postura de no declarar nada respecto de lo que conoció en el Gobierno del Distrito Federal cuando fungió como secretario de Finanzas.
Aunque se buscó obtener la postura oficial de la PGR, la dependencia que dirige Daniel Cabeza de Vaca Hernández no proporcionó ningún dato, y en la Dirección General de Comunicación Social sólo se dijo que en todo caso se diría que la diligencia nunca se realizó o que estaba en análisis, pues las actuaciones de ese tipo son confidenciales.
Como se recordará, la dirigencia nacional panista, a través de su secretario general, José Espina Von Roehrich, interpuso una denuncia penal por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada en contra de quien resulte responsable, pero mencionando como posibles involucrados a Claudia Sheinbaum, Joel Ortega, Marcelo Ebrard, Alberto Pérez Mendoza, Nicolás Mollinedo, Octavio Romero Oropeza y César Yáñez Centeno, ex colaboradores de Andrés Manuel López Obrador en el gobierno capitalino.
La denuncia, la cual también tiene una vertiente en el ámbito de los ilícitos electorales y está en manos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), alude a que los funcionarios y ex funcionarios del Gobierno del Distrito Federal mencionados supuestamente obtuvieron financiamiento ilegal para la campaña de López Obrador mediante la adjudicación directa de contratos con sobreprecio para la construcción de distintas obras viales en la ciudad de México, como el distribuidor vial y los segundos pisos del Periférico, o también con obras como el Metrobús.