Un voto razonado
El desarrollo de México sigue necesitando que la nación tenga la propiedad originaria y el dominio directo de los recursos naturales. Que lleve a cabo la explotación de los hidrocarburos y el servicio público de electricidad. Que el Estado cuente con empresas y organismos para el control estratégico de petróleo, gas natural y electricidad. Y que ejerza esta propiedad y este control estratégico en beneficio de todos los mexicanos.
Se trata de elementos clave de la autonomía de la sociedad. Frente al poder económico y -paradójicamente- el poder político. Son elementos esenciales para un desarrollo nacional integral y sustentable. Y para luchar contra rentistas y especuladores. No invento nada. Transcribo el mandato constitucional plasmado en los artículos 25, 27 y 28. Solamente. El que da a la nación el poder que otorgan la propiedad y el control de los energéticos. Y al Estado y sus organismos y empresas, la capacidad de moldear el desarrollo nacional. Siempre en el sentido más provechoso -óptimo nacional- para los mexicanos.
Este mandato trasciende la sola capacidad de regulación y fomento a que lo obliga la misma Constitución. Le otorga un poder aún más efectivo para cumplir su función determinante en el desarrollo nacional. Respeto la opinión de quienes, honestamente, consideren la necesidad de cambiar la Constitución. No la comparto. Y con compañeros de altísima solvencia técnica y muchos mexicanos de incuestionable honorabilidad he luchado y lucharé porque se conserve y respete este mandato constitucional. Porque se trasciendan las prácticas que lo ignoran. Y -desde luego- en contra de quienes desde el gobierno y las empresas públicas usan el mandato para favorecer beneficios individuales, corporativos, clientelares. Y no aspiren ni buscan ni luchan por ese óptimo nacional que la Constitución ordena.
Sin embargo, hay que cuidarse de ignorar -por descuido o mala fe- que en muchas ocasiones se registra un manejo dispendioso de este poder. Y que en el sector energético ha servido de base para un corporativismo estatal aprovechado por el partido de Estado -tradicionalmente el PRI, hoy el PAN y mañana podría ser el PRD. Menos aún que en muchas ocasiones, el presidencialismo ha tenido como base material el control de las rentas petrolera y eléctrica, derivadas de la propiedad y el control nacional de los hidrocarburos, de las aguas, los recursos geotérmicos y los vientos nacionales.
Terribles lastres que desvirtúan el mandato constitucional. Y, sin embargo, para muchos el principio sigue vigente. Me cuento entre ellos. Precisamente por eso, no se pueden suscribir las razones planteadas por el PRI de Salinas, de Zedillo, de Madrazo, para la reforma energética. Menos aún el marco -similarmente nocivo, regresivo y por demás demagógico- formulado por Fox y también -qué duda cabe- por Calderón. ¿Cuál? Modificar este mandato -le llaman reforma energética- para compartir la rentas petrolera y eléctrica con los privados. Ya lo hacen. Quieren legitimar su tropelía. Con prácticas que se han ido imponiendo subrepticiamente y con modificaciones legales de dudosa constitucionalidad -Suprema Corte dixit- han logrado que en el sexenio se acumulen 80 mil millones de dólares privados en sectores estratégicos, exclusivo para la nación: 60 mil en producción de petróleo -la de la renta petrolera- y 20 mil en electricidad.
Grave distorsión cuando en el sexenio se recibirán 80 mil millones de dólares de renta petrolera, más de lo estimado al inicio. Además, con "falsas" sociedades de autoabastecimiento, han alentado un "pequeño mercado" de electricidad. Son los más altos funcionarios los que violentan el mandato constitucional. No, no hay que olvidar que Salinas y Zedillo hicieron esto. Que Madrazo los apoyó y nunca se deslindó. Tampoco olvidar que el presidente Fox ha seguido en esa línea. Y que Calderón, tanto en su mandato en la Secretaría de Energía (sic, así lo dijo en el debate), como en su campaña alienta esta tergiversación constitucional. Menos aún que hace seis años, un corrupto equipo de mexicanos y extranjeros al servicio de los intereses de Enron, preparó la propuesta de reforma energética de Fox (Calderón al lado). Y que hoy -al amparo de nuevas siglas- siguen al acecho del mandato constitucional. ¡Qué vergüenza! ¡Qué desfachatez!
Tengo diferencias con el bloque de la Alianza por el Bien de Todos. Me preocupa la superficialidad con la que se han formulado algunos de los compromisos de campaña. Pero, en este momento, considero estas diferencias de carácter secundario en relación con lo que me parece fundamental: la ratificación del mandato constitucional -artículos 25, 27 y 28- en materia de propiedad nacional de los recursos naturales y de control estratégico de petróleo, gas natural y electricidad. Esto lo apoyaré con mi voto el próximo domingo. Combatiendo, simultáneamente, algunas práctica clientelares que también se han registrado en esta Alianza.
Sin duda, lo otro, la discusión sobre las diferencias, la enfrentaré enseguida. Inmediatamente después del triunfo. De frente a la sociedad. Por lo pronto, que no nos pase lo que dice Pessoa: "Hice de mí lo que no supe. Y lo que pude hacer de mí no lo hice. Vestí un disfraz equivocado. Me tomaron enseguida por quien no era, y no lo desmentí, y me perdí." ¡Que no nos pase!