Reconfigura acusaciones contra el dirigente minero; involucran a su esposa e hijos
Hacienda le hace la tarea a la PGR en la investigación contra Gómez Urrutia
La secretaría obtuvo nuevos datos con organismos financieros de EU y Europa
La Procuraduría General de la República (PGR) reconfigurará las acusaciones contra el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia y no se descarta que, en cualquier momento de las próximas semanas, presente una nueva acusación por lavado de dinero con información obtenida en varios países. La acusación demostraría que con el apoyo de familiares y colaboradores cercanos, realizó operaciones ilegales por un monto superior a los 20 millones de dólares, revelaron fuentes gubernamentales.
José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), confirmó la noche del viernes, que el organismo bajo su mando prepara nuevas acusaciones en contra de Gómez Urrutia, relacionadas directamente con el manejo del fideicomiso minero por un monto de 55 millones de dólares.
De acuerdo con lo dicho por el funcionario, en las investigaciones están involucrados varios familiares, entre ellos Oralia Casso Valdés (esposa), sus dos hijos y Héctor Félix Estrella, ex tesorero del sindicato.
A pesar de que en días pasados la SIEDO había dado por concluidas dos indagatorias por lavado de dinero, la investigación realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con organismos bancarios y financieros internacionales, principalmente de Estados Unidos y Europa, han permitido obtener nuevos datos respecto de transferencias ilícitas de capital por parte de Gómez Urrutia.
Esta vez, se podrá documentar que el dirigente minero utilizó de manera irregular los recursos obtenidos por la privatización de minas, beneficiando de manera directa a sus familiares y colaboradores más cercanos.
Al respecto, el pasado 23 de junio, la defensa de Gómez Urrutia envió una carta a la Cámara de Diputados en la cual menciona que "existen 25 millones de dólares propiedad del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, que por mandato de una autoridad laboral, se encuentran asegurados a petición de una parte procedimental".
Supuestamente, en la Junta Especial Número 19 en materia laboral, se desahoga el expediente 295/06, promovido por José Martín Perales Lozano y otros, en contra del sindicato minero y Scotiabank Inverlat SA, división fiduciaria.
Según la defensa de Gómez Urrutia, "en términos legales, el dinero está a disposición de una autoridad constituida legalmente aunque su actuación sea arbitraria, sin razón y contraria a la legalidad".