Editorial

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Para mantener la limpieza de las próximas elecciones presidenciales del 2 de julio es necesario que todos los actores, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y autoridad electoral, acaten las reglas del juego. Sin embargo, las resoluciones de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre la guerra de promocionales en radio y televisión emprendida por las diferentes fuerzas políticas no parecen ceñirse a los principios de juego limpio y equidad que deben regir la actividad de este importante órgano. Ayer viernes, los consejeros del IFE propusieron el "cese inmediato" de los anuncios de la coalición Por el Bien de Todos ­conformada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia­ sobre Diego Hildebrando Zavala, el cuñado del candidato presidencial del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón.

De acuerdo con el proyecto de resolución del IFE ­a aprobarse mañana domingo­, los promocionales de la coalición sobre el llamado cuñado incómodo, acusado de tráfico de influencias, negocios irregulares e ingresos por 2 mil 500 millones de pesos sin pagar los impuestos debidos, no pueden inscribirse dentro del derecho a la libertad de expresión, ya que su contenido denigra claramente la imagen del aspirante panista, por lo que exhortó a esta fuerza política a que en el futuro se abstenga de difundir propaganda electoral que contravenga las leyes en la materia y que tengan por objetivo denostar a los partidos, alianzas o sus candidatos. Asimismo, la autoridad electoral ordenó al Partido Revolucionario Institucional retirar el espot en donde alega que los candidatos del PAN al Senado de la República por el estado de Sonora "tienen las manos manchadas, pero no por trabajar en el campo".

La decisión del IFE no llamaría la atención si no fuera por que al mismo tiempo omite pronunciarse sobre los anuncios del PAN que buscan provocar miedo entre los ciudadanos por un posible triunfo en las urnas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el aspirante de la coalición, en especial aquellos espots en los cuales afirma que la gente podría hasta perder sus casas si AMLO, a quien califican de un peligro para el país, vence en los comicios presidenciales.

Al respecto, se puede decir que el IFE ha fallado a la hora de poner un alto a la escandalosa guerra de propaganda que se ha vivido en las semanas recientes y ha perdido de vista el hecho de que este tipo de terrorismo electoral perjudica sobre todo a la ciudadanía, más que a los partidos políticos. De hecho, el riesgo consiste en que estos anuncios confundan a la gente, ya de por sí amenazada por mensajes intimidantes, lo que además podría redundar en una menor asistencia a las casillas, agravando el negativo fenómeno del abstencionismo.

Adicionalmente, el IFE tampoco ha impedido que otros actores ajenos a los partidos políticos se lancen de lleno a esta guerra de anuncios, recurriendo también al terrorismo electoral. Ese es el caso del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que decidió participar en la campaña sucia contra la coalición Por el Bien del Todos al emitir dos anuncios en contra de la candidatura de AMLO. Por un lado, el CCE informó el viernes que no retirará dichos mensajes; por el otro, la reacción del consejero presidente del instituto, Luis Carlos Ugalde, sobre este asunto fue tibia, por decir lo menos, ya que únicamente le envió una comunicación al consejo, exhortándolo a procurar un clima de neutralidad, rechazó que la negativa a sacar del aire esos anuncios sea una desafío al IFE y dejó en libertad al organismo empresarial para decidir si mantiene o retira dichos mensajes, lo que contrasta con la firmeza de la resolución contra la coalición.

En consecuencia, la responsabilidad de esta situación de terrorismo electoral recae principalmente en el IFE, que no ha sabido obligar a los partidos y a otros actores a hacer un adecuado uso de los medios de comunicación en el contexto de las campañas, a la vez que se mantiene el respeto a la libre decisión d los votantes.