Dos modelos diferentes de país
Aunque, ciertamente, Vicente Fox nunca describió el modelo de país que pensaba aplicar, sí mencionó alguna vez, al inicio del sexenio, que su gobierno sería de empresarios, y lo cumplió como ninguna otra de sus promesas. Su gobierno es realmente un gobierno de empresarios, tanto así que algunos miembros de su gabinete, además de su actividad como funcionarios, continúan manejando sus empresas o trabajando para otras. El ejemplo más conocido fue, desde luego, el ex secretario de Agricultura y ex precandidato del PAN al gobierno de Guanajuato Javier Usabiaga, pero el ejemplo se repite en muchas oficinas gubernamentales.
En algunos casos la posición misma de los funcionarios está en conflicto directo con sus empresas. Es difícil aceptar que un secretario de Agricultura, cuya oficina tiene la función específica de apoyar a los campesinos, sea él mismo un próspero agricultor activo, con muchos amigos que, como él, son agricultores. Sin ser directamente parte del gobierno, Diego Fernández de Cevallos es un arquetipo de este modelo que puede definirse en tres palabras: tráfico de influencias.
El caso de Diego Hildebrando Zavala, revelado recientemente, es un ejemplo digno de análisis. Este personaje compró una empresa contratista de Petróleos Mexicanos luego de saber que su cuñado Felipe Calderón ocuparía un alto cargo en el sector energético. La acción puede ser legal y dar lugar a refrendos legales de contratos previos, pero éticamente constituye un abuso inaceptable por la ventaja desleal y tramposa que representan las relaciones de coyuntura a las que tuvo acceso sólo por ser un hombre cercano del entonces secretario de Energía.
En las condiciones actuales de estancamiento económico que enfrenta el país resulta francamente increíble que este tipo de empresarios puedan triplicar o quintuplicar sus ingresos en un año. Esto no sería posible sin una red de relaciones de poder absoluto, inaccesibles a otros empresarios.
El mundo actual de los negocios vinculados al ejercicio del poder explica por qué los altos funcionarios públicos ven un país próspero y floreciente, lleno de oportunidades: un país llamado Foxilandia.
Desafortunadamente para la mayoría de mexicanos la realidad es distinta, llena de carencias, de pobreza, de caminos cerrados, de angustia, de frustración y, como producto de todo lo anterior, de una realidad de rencor. Cuando estos hombres y mujeres acceden al poder, su visión es diametralmente diferente a la de los gobernantes-empresarios. Ellos no saben ni entienden de negocios; su modelo de país es distinto.
Hace algunas décadas, un dicho muy conocido era el de "Y por fin le hizo justicia la Revolución", refiriéndose frecuentemente a individuos que luego de una vida de carencias, una amistad o un hecho fortuito los colocó en puestos, no de ingresos muy altos, pero en los que podían ejercer su capacidad de extorsión al amparo de algún reglamento o de un cierto mecanismo discrecional.
En este modelo de país los funcionarios ignoran aun los aspectos básicos de la economía, de la producción y del ingreso, como ignoran también las funciones y responsabilidades del gobierno; reducen su pensamiento a imaginar que las cosas van caminando bien y que ellos tienen todo el derecho a acceder a su parte mínima de riqueza.
Tener ese puesto incluye derechos para extorsionar o vender servicios que formalmente son gratuitos, pero que tienen un valor agregado cuando se otorgan en un tiempo menor. La venta de permisos para realizar actividades no permitidas, o inclusive ilícitas, es otra variante de estos componentes que dañan al país, aunque de una manera distinta a la del modelo empresarial ya descrito.
El modelo seguido por los empleados y mandos medios de algunas delegaciones e inclusive por algunas dependencias del Gobierno del Distrito Federal en este sexenio ha generado la reproducción de muchas de estas prácticas. Y no se requiere ningún conocimiento extraordinario para entender que su efecto en el desarrollo general del país es tan nocivo y perverso como el tráfico de influencias.
La existencia perversa pero real de estos dos modelos debiera ser abolida y sustituida por otra en la que los intereses de las comunidades predominen sobre los individuales; en el que los hombres y las mujeres puedan integrarse a las actividades productivas con base a sus capacidades y no en sus relaciones personales.
En suma: en el que nadie aspire a tener un puesto en los gobiernos federal, estatales o municipales para obtener prerrogativas, para realizar negocios con ventajas ilícitas y menos aún para extorsionar.
México cumplirá pronto dos siglos como nación independiente. Sería posible pensar que para entonces se tendrá un modelo de gobierno de esta naturaleza. Para quien resulte electo el 2 de julio, éste será el reto esencial, imposible de lograr sin la voluntad de los mexicanos y, muy especialmente, sin la de los funcionarios públicos de todos los niveles. El ejemplo y la voluntad política del nuevo presidente serán esenciales.