La Corte tendrá más elementos para pronunciarse contra reformas: senadores
Opinión de la SCT sobre la ley Televisa beneficia acción de inconstitucionalidad
Senadores de PRD y PAN consideraron ayer que las observaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a las leyes de radio y televisión, así como a la de telecomunicaciones, abonan en beneficio de la acción de inconstitucionalidad presentadas por legisladores que se oponen a las reformas aprobadas en esta materia.
Mientras tanto, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se informó que el proyecto de dictamen sobre la constitucionalidad de esta legislación -que elabora el ministro Sergio Aguirre Anguiano- podría estar listo a finales de julio o principios de agosto próximos, pues el responsable del caso ya tiene en su poder los informes sobre el tema del Ejecutivo federal, de las cámaras de Diputados y de Senadores, y de la Procuraduría General de la República.
Fuentes judiciales insistieron en que no es obligación de Aguirre Anguiano tomar en cuenta el documento de la SCT, en el que se afirma que las citadas leyes adolecen de vicios de inconstitucionalidad y de vacíos legales para los futuros concesionarios, y que favorecen a los actuales poseedores de estaciones de radio y televisión, así como la concentración monopólica.
Sin embargo, puntualizaron que el ministro "se vería muy mal" si no incluye en su dictamen los puntos de vista de la dependencia que encabeza Pedro Cerisola. Precisaron que Aguirre Anguiano puede optar por suplir la deficiencia de la queja, es decir, que motu propio señale aspectos en los que esté en duda la constitucionalidad de determinados artículos de las leyes aprobadas y que estén incluidos en el informe que el 4 de abril pasado entregó la SCT a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, el cual -se dice- ni siquiera fue leído por el presidente Vicente Fox. Otra opción es que, una vez hecho público el contenido del dictamen de la SCT, el ministro solicite a las partes involucradas información adicional sobre la acción de inconstitucionalidad.
En la vieja casona de Xicoténcatl, el panista Felipe de Jesús Vicencio Alvarez resaltó que el documento de la SCT robustece la acción de inconstitucionalidad, porque "tenemos una voz autorizada haciendo los señalamientos que ya eran del conocimiento de la opinión pública" sobre las contradicciones y las fallas que contienen las iniciativas aprobadas
Con el documento de esta dependencia, los miembros de la SCJN se nutrirán con elementos de juicio muy valiosos y fundados para normar su criterio y tomar la decisión que más convenga al país, subrayó.
También consideró desafortunada y contraproducente la defensa de Fox que hace el vocero presidencial, al afirmar que aquél no conoció las observaciones de la SCT. Es inaceptable que en un tema de tanta trascendencia el Ejecutivo no estuviera al tanto de este documento. "Por eso yo lo dudo mucho. Más bien creo que la publicación del dictamen confirma que la deliberación sobre las leyes de radio y televisión, así como de telecomunicaciones, no tuvieron que ver con consideraciones técnicas o de prevalencia del interés nacional", añadió.
Por su lado, el perredista César Raúl Ojeda también destacó que las observaciones de la SCT favorecen la acción de inconstitucionalidad, ya que la Corte puede utilizar el documento en caso de que faltara algún argumento en el proceso interpuesto por los senadores.
Como unos de los legisladores que se opusieron a las reformas, recordó que el trabajo de la secretaría del ramo contiene señalamientos puntuales sobre las contradicciones que tienen las leyes aprobadas. El texto no tiene desperdicio, puntualizó, al señalar que es insostenible que el Presidente pretenda ser ajeno al tema. Lo prudente para salvar su responsabilidad es asumir las consecuencias de sus actos y abonar para que, en la medida de lo posible, no "tengamos que lamentar a futuro esta decisión a todas luces inconstitucional y fuera de lugar"
En la Cámara de Diputados el desconocimiento presidencial de la ley de radio y televisión fue objeto de disputa entre legisladores de PAN, PRI y PRD. Hubo quienes defendieron a Vicente Fox Quesada, también quienes lo acusaron de haber incurrido en omisiones y responder a los intereses particulares de los grandes grupos de poder económico en el país.
Al reconocerse públicamente que el equipo jurídico del Presidente consideró innecesario informarle de la llamada ley Televisa, y que, en consecuencia, éste avaló la legislación, el diputado del PRD Gerardo Ulloa Pérez acusó a Fox Quesada de "irresponsable, porque en el caso de la ley de radio y televisión manifestó lo que siempre se le recriminado: su incapacidad para dar respuesta oportuna y certera a los grandes problemas nacionales.
"Definitivamente no se puede ni se debe confiar en un proyecto como el panista, porque continuaría privatizando la soberanía nacional", expresó.
Advirtió que la SCJN está obligada a dar marcha atrás, porque las reformas "contravienen el interés público y, sobre todo, inducen a la conservación de los grandes monopolios. Este hombre (Vicente Fox) sólo pasará a la historia por haber sacado al PRI de Los Pinos y por haber refrendado el proyecto privatizador de los intereses nacionales, lo que propiciará la pérdida definitiva de la soberanía nacional".
Por su lado, Miguel Lucero Palma, legislador priísta, planteó:
"Nos demuestra algo que todos los mexicanos ya sabemos: el Presidente no sabe qué está pasando en este país".
Por el contrario, Manuel Gómez Morín, vocero de la fracción parlamentaria del PAN, trató de reducir el impacto de la ley y de la actitud presidencial: "Es un tema hoy por hoy secundario. Ya tenemos una reforma aprobada, ya tenemos una acción de inconstitucionalidad y otras acciones ante la Corte; esperemos que ésta se pronuncie. No nos anticipemos; Presidencia de la República hizo un trabajo de revisión de la reforma. De ese trabajo se determinó que no procedía hacer observaciones y la promulgó".