La Colombia de Alvaro Uribe
En Colombia, la "violencia de los unos y los otros" se desarrolla dentro de un Estado oligárquico donde "los unos" son dueños de 67 por ciento de las tierras cultivables (menos de 4 por ciento de los propietarios) y "los otros" esperan desde 1810 que la democracia "más-antigua-de-América" (sic) sea algo más que imaginación de políticos, escritores y periodistas cómplices o despistados.
Datos recientes de Naciones Unidas estiman que de un total de 43 millones de habitantes, 31 por ciento subsiste en la indigencia, 64.2 anda por debajo de la línea de pobreza, 17 está desempleada (2.5 millones), 40 vive del subempleo (6.8 millones) y 4.1 millones se desenvuelven en la informalidad.
Más de la mitad de los colombianos económicamente activos (22 millones) vive de lo que puede, en tanto, según el Banco Mundial, la relación rico-pobre es 1-80, cuando en el decenio de 1990 era 1-52. Y del total de 8 millones que trabajan, sólo la mitad gana el salario mínimo o tiene contrato de trabajo.
En un país célebre por sus brujos y hechiceros, los gobernantes colombianos parecen haber encontrado la alquimia perfecta de la injusticia estructural: delegación del mando a través de conjuros "democráticos", criminalización de la protesta social, exterminio sistemático de dirigentes y militantes de las causas democráticas y populares, masacres en campos y ciudades a plena luz del día y total y absoluta impunidad de los asesinos entre los varios recursos, quizá tan misteriosos, del exterminio social.
Sin guerras de invasión que lo justifique, las oligarquías colombianas han causado en el pasado medio siglo la muerte violenta de 200 mil personas, aproximadamente. En 1996, mil 900 precandidatos renunciaron a presentarse a comicios locales, 49 alcaldes y concejales murieron asesinados y más de 80 fueron secuestrados.
Un informe de la policía, publicado por un diario de Bogotá (El Espectador, 24/4/99), reveló que en 1998 fueron asesinadas 23 mil 96 personas, otras 2 mil 609 secuestradas y en 115 masacres murieron 685 personas. Medellín aparecía como la ciudad más violenta, seguida por Bogotá (2 mil 439 personas asesinadas) y Cali (mil 871).
Colombia es líder mundial en asesinatos selectivos de dirigentes populares y sindicales. Mil 500 de 1987 a 1992, 3 mil de entonces a la fecha. Si bien escasa, en términos comparativos, la violencia de la resistencia también se hace sentir. Las FARC retienen cerca de 3 mil secuestrados, figurando entre éstos la candidata presidencial Ingrid Betancourt, varios legisladores, oficiales del ejército y de policía y tres agentes yanquis espías de la CIA de un avión abatido por fuego rebelde.
Una comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas precisó que "... en 2005 se concretó la más grave operación de impunidad, especialmente frente a miles de violaciones cometidas por grupos paramilitares". Un informe de la Cruz Roja Internacional estima que en el mismo año se registraron 55 mil 327 desplazados y 317 desapariciones forzosas (aumento de 13.6 por ciento en relación a 2004).
Según testimonio de Rafael García, ex director de informática del DAS (seguridad del Estado), existen listas negras de profesores, sindicalistas y activistas de derechos humanos elaboradas por esta institución, y luego asesinados. Alfredo Correa de Andreis, ingeniero agrónomo, sociólogo y ex rector de la Universidad de Magdalena, fue desaparecido y muerto el 17 de septiembre de 2004 cuando trabajaba en una investigación sobre despazados en Bolívar y Atlántico.
De las cinco nacionalidades que representan la mitad de los refugiados atendidos en 2005 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR, 8.4 millones), Afganistán ocupa el primer lugar (2.9 millones), seguido de Colombia (2.5 millones), Irak (1.8 millones), Sudán (1.6 millones) y Somalia (839 mil). En "desplazados internos" (20.8 millones) Colombia ocupa el primer lugar (2 millones), seguido de Irak (1.6 millones), Paquistán (1.1 millones), Sudán (1 millón) y Afganistán (912 mil).
El uso de minas "antipersonales" representa otra variable atroz de la guerra. Colombia encabeza desde 2005 el primer lugar en registrar víctimas por la siembra de este tipo de artefactos. La guerrilla fabrica minas artesanales (quiebrapatas) y el ejército y los paramilitares usan las Kleymore, vendidas por Estados Unidos.
Desde 1990, cuando se produjo el primer accidente con una mina, mil 60 colombianos han quedado mutilados (más víctimas que en Afganistán y Kampuchea). Actualmente, se calcula que entre 70 y 100 mil minas han sido sembradas en 31 de los 32 departamentos (provincias) del país. Una mina antipersonal tiene una vida de 50 años. Armarla cuesta un dólar. Desarmarla, 400 dólares.
En Bogotá, un informe del corresponsal sueco Dick Emanuelsson observó que la televisión muestra niños mutilados o heridos por las esquirlas de las minas, pero jamás se permite mostrar a los soldados desangrados en los campos de minas. Excepto cuando salen del hospital en sillas de ruedas, sin piernas.