Tres empresas transportistas, las beneficiadas por el comité de adquisiciones
Acepta Bueno Torio que sus familiares obtuvieron contratos en Pemex-Refinación
Me excusé para no participar en esas decisiones, afirma el candidato panista al Senado
El ex director de Pemex-Refinación, y actual candidato panista al Senado por Veracruz, Juan Bueno Torio, reconoció que durante su gestión al frente del organismo subsidiario de Petróleos Mexicanos se otorgaron al menos tres contratos de manera directa a igual número de empresas vinculadas con sus familiares, de un total de 158 adjudicaciones.
En conferencia de prensa, Bueno Torio admitió que las empresas relacionadas con su familia son: Auto Tanques de México (ATM), propiedad de uno de sus cuñados, Juan José Ortiz Ríos; Fletera Continental de Líquidos, de un hermano de su cuñado, y Transportadora Isabel, propiedad de su tío Emilio Bueno Lázaro.
Juan Bueno Torio convocó a un encuentro con representantes de diversos medios de comunicación, después de que la comisión especial de la 59 Legislatura que investiga a los hijos de Marta Sahagún Jiménez presentara el pasado jueves una denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR) en la que se le acusa de ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y delitos cometidos por servidores públicos. De acuerdo con la denuncia, Bueno Torio adjudicó de forma directa 12 contratos a empresas de sus familiares.
El ex funcionario aclaró que, durante su gestión como director de Pemex-Refinación (2003-2006), nunca asignó de manera directa contrato alguno en favor de ninguna empresa de transporte y todos los contratos asignados en esa dirección los otorgó el comité de adquisiciones de la paraestatal, con la aprobación de funcionarios de varias secretarías de Estado.
Pero aceptó que a las tres empresas relacionadas con sus familiares también se les otorgaron de manera directa contratos durante su estancia en el cargo, con vencimiento en una de ellas hasta 2008.
Juan Bueno Torio informó que el 23 de abril de 2003 entregó una carta de excusa dirigida al entonces director general de Petróleos Mexicanos, Raúl Muñoz Leos, y al órgano de control interno de Pemex-Refinación, para no participar en la decisión de asignar contratos a las empresas Transportadora y Distribuidora Isabel y Desarrollo Turístico del Golfo, las cuales prestan servicios a la paraestatal desde hace más de 20 años.
Precisó que el 19 de agosto de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la licitación 1857612-014/04 para transparentar la distribución de fletes en Pemex-Refinación, ya que durante 20 años se realizaba por asignación directa. Sin embargo, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y la Asociación de Transportistas se ampararon ante esta licitación.
A raíz de este amparo, explicó, el comité de adquisiciones y la Canacar acordaron asignar contratos de forma directa para 158 empresas, por un monto total de 2 mil 200 millones de pesos al año, entre ellas las familiares, para que hicieran el transporte de productos petrolíferos durante los cuatro años siguientes, a cambio de que al final del año 2008 la subsidiaria de la paraestatal pudiera licitar el servicio.
Bueno Torio dijo que las acusaciones de los diputados federales de PRI, PRD y PVEM por presunto tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones, ''son falsas porque el director de Pemex-Refinación no tiene la facultad, bueno sí la tuve, pero no la ejercí, para asignar directamente contratos; fue un acuerdo entre las partes y sancionado por el comité de adquisiciones''.
Rechazó que las empresas vinculadas a sus familiares, que fueron beneficiadas mediante contratos millonarios bajo adjudicación directa, pudieran renunciar a estos contratos para evitar suspicacias.
El candidato del PAN al Senado por el estado de Veracruz asistió este lunes a mediodía a la PGR, sin haber sido citado por esa dependencia, a entregar los documentos que, a su juicio, demuestran que su desempeño como director de Pemex-Refinación estuvo apegado a derecho. Anunció que sus familiares estudian la posibilidad de interponer en los juzgados civiles una demanda por daño moral en contra de quienes resulten responsables.