Los nuevos vetos de Fox
Pues con la novedad de que muchos de los ordenamientos legislativos -si no es que todos- que aprobamos en el H. Congreso de la Unión, durante los últimos días de abril pasado, que significaron esfuerzos superlativos en horas y gran presión, hoy descansan en el regazo del gobierno, porque el presidente Fox no ha tenido a bien dar la voz de arranque para que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación; no sabemos si es un mero "plan con maña" o simplemente que anda más ocupado en asistir a cumbres como la Mesoamericana en Centroamérica, para echar a andar una súper refinería para producir gasolinas, afirmando, sin el mínimo recato, que el Congreso mexicano le ha "autorizado hacer uso de 230 mil barriles de petróleo" con ese fin, lo cual es falso de toda falsedad; o bien, para anunciar que hará uso de innumerables millones de pesos para iniciar la electrificación de esa misma región, empezando por el hermano país de Guatemala.
Mmmm, los sueños de riqueza de Fox, que dispone de lo que no es suyo y sí de los mexicanos. A tal grado ha llegado el despilfarro o al menos los sueños de opio de este señor, que ya uno de los candidatos a la Presidencia de la República lo ha llamado a cuentas, exigiéndole que deje de ofertar lo que no posee y sobre todo que entienda, que ya va de salida y que le corresponderá decidir sobre estos asuntos, a quien gane las elecciones del próximo 2 de julio.
Pero después de este desfogue, déjeme contarle, que el Presidente se niega a publicar varias leyes aprobadas por el Congreso: igual la nueva Ley de Pesca y Acuacultura, que diversas leyes fiscales: el Código Fiscal, la del Impuesto sobre la Renta, la del IVA y la Ley del impuesto Especial sobre Producción y Servicios: el famoso IEPS; por supuesto que también la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; y, nada más y nada menos que lo que se refiere a la legislación sobre Resoluciones Bancarias, que vigilará el comportamiento y solvencia de los bancos, lo que urge. Todo urge.
Pero vayamos al Código Fiscal de la Federación, cuya puesta en marcha es muy importante porque, entre otras cosas, fortalece al Sistema de Administración Tributaria (SAT), al que el gobierno federal ha destinado cuantiosos recursos: por ejemplo, un crédito otorgado por el Banco Mundial par financiar el Proyecto de Desarrollo Institucional para la Administración Tributaria, que asciende a 83 millones de dólares y cuya fecha límite de ejecución es el 31 de diciembre de este 2006. Es decir, que al próximo presidente de México y al pueblo les corresponderá tanto disfrutar de los logros alcanzados por el SAT, como pagar los 82 millones de dólares que ha costado su modernización.
Desde el Congreso nacional, le hemos destinado incontables horas de trabajo al avance de este organismo, tanto, que las propias autoridades hacendarías las catalogan como las más importantes de los últimos 10 años, porque permiten avanzar en la modernización informática, lo que permitiría al SAT lograr una tributación fiscal eficiente, mejorar la efectividad en el combate a la evasión fiscal, al contrabando, la informalidad y la fiscalización, puesto que las modificaciones realizadas son determinantes para la simplificación administrativa, para ampliar la base de contribuyentes y otorgar a éstos certidumbre y seguridad jurídica.
Pero las reformas al Código Fiscal tienen otros avances importantes, como es combatir a las empresas que, mediante una compleja planeación fiscal, buscan pagar menos impuestos o de plano no pagar, como recientemente se denunció en el caso del cuñado incómodo. Para evitar esta práctica, conocida como elusión fiscal, se establecieron medidas que previenen estos actos, como facultar a las autoridades para emitir reglas de interpretación, para evitar que los contadores que asesoran a esas grandes empresas, las orienten a cometer actos ilícitos. Al no publicarse estas leyes, lo que resulta inconcebible, la pregunta que se antoja es: ¿Acaso el gobierno desea que esas grandes empresas sigan sin pagar los impuestos que les corresponden? O de plano: ¿Están esperando que pasen los difíciles tiempos electorales? De ser así, oiga usted, pues que lamentable, puesto que se protegen los intereses de unos cuantos en detrimento del beneficio de la mayoría.
Y tampoco se publica la Ley Orgánica de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente -que estuvo detenida cuatro años en el Congreso- y que permitiría a los pequeños contribuyentes recibir servicios de asesoría y representación legal, cuando el monto no exceda de 30 salarios mínimos elevados al año, es decir 17 mil 765 pesotes. Me parece un acto de absoluta mezquindad.
Presente el punto de acuerdo en la Comisión Permanente, solicitando al Ejecutivo federal el cumplimiento de sus compromisos y la publicación de estos decretos, pero no alcanzó el tiempo para argumentarlos por el rudo y largo debate entre el PAN y el PRD, acerca de la corrupción. Hubo más de 20 puntos de acuerdo, entre ellos este que les comento, que por ahorro de tiempo se turnaron a las comisiones de trabajo, de la Comisión Permanente, para que ahí los discutamos la próxima semana. Le mantendré informado.