Recuperar el Estado
El diseño del próximo gobierno empieza a dejar de ser nebulosa temporal para volverse con los días necesidad urgente. Con quién y cómo va a gobernar el nuevo presidente de la República deja de ser asunto arcano para convertirse en reclamo que se extiende en medios informativos y grupos ciudadanos, empresarios de jet o de a pie, y desde luego comunidades inversionistas foráneas.
El Estado mexicano fue despojado de sus viejos recursos de intervención y conducción, y con ellos se fue también la opacidad burocrática y simbólica que lo caracterizaba y desafiaba al más pintado de los mexicanólogos y sus informantes vernáculos. Sin recursos ni secretos que ocultar y disfrazar, el Estado se volvió transparente, aunque los nuevos cruzados de la transparencia institucional nos insistan en lo mucho que falta por hacer en la materia. Sus advertencias, por cierto, son todo menos baladíes: ahí está el Vaticano del eje Hacienda-Banco de México para recordarnos que entre las calles de Condesa y Moneda todavía deambula el espíritu de Limantour, y el de Hacienda sigue siendo un misterioso caso, como lo llamaba don José Alvarado.
Con todo, hoy podemos decir que el viejo y temido emperador anda desnudo y que, con una ayudadita memoriosa, así andaba desde hace lustros. Lo que no podemos es cantar victoria ante el strip tease, porque si algo hemos empezado reconocer es que el país sufre, y mucho, de una falta estructural de Estado que ni la democracia ni el mercado abierto subsanan ni remedian.
El candidato de la coalición Por el Bien de Todos convoca a una revisión y redición del pacto social que dio sustento al Estado posrevolucionario, y el del PAN busca en la unidad nacional y un gobierno de coalición los vehículos para transitar por este desierto que nos dejó la retracción estatal propiciada por la crisis fiscal y agudizada por la hegemonía neoliberal. No es lo mismo, pero sin duda en ambas sugerencias se recoge esta falla crucial que define el presente y va a marcar, para mal si no empieza a superarse, el futuro inmediato.
Algunos liberales vueltos a nacer repudian la idea de una recreación del pacto social y otros tocan las campanas para defender la libertad, ya no sólo frente a los bárbaros que el populismo trajo a las puertas de palacio sino ante la amenaza que implica la mera noción de un proyecto alternativo de nación. Sin embargo, no dicen mucho de lo que está debajo de esta cuestión, y que tiene que ver con las abrumadoras fallas de coordinación de actores que bloquean el desarrollo de la economía y agravan las pugnas distributivas que el estancamiento ha profundizado y que la democracia no ha encauzado ni puesto en vías de solución.
Sólo desde un liberalismo trasnochado se puede rechazar la idea de que se necesitan nuevas fórmulas de concertación, sometidas ahora al código democrático, y al mismo tiempo apoyar la vía de un gobierno nacional, de unidad nacional, sustentado en una coalición de partidos políticos dispuestos a apoyar la extensión del programa de reformas neoliberales que Calderón ha suscrito con curioso "sentido de pertenencia". Por otro lado, es innegable que en muchos de los contingentes que dan cuerpo a la coalición de López Obrador campea la ilusión en algún tipo de retorno al mundo (in) feliz del clientelismo o el reparto basado en la movilización puntual, cuando no la fantasía en un gobierno de los buenos y elegidos de antemano. En medio de estas vertientes en nada propicias para poner en movimiento la búsqueda de un nuevo gobierno del Estado, están en ambos bandos, acasillados o encapsulados por su supuesta o real sabiduría, los expertos, economistas profesionales que se guiñan el ojo y ofrecen todo tipo de seguridades y certezas para después del chubasco electoral. Aquí, como en otras franjas del cuerpo político nacional donde se disputa el poder, si algo brilla por su ausencia es la transparencia: aquí no hay IFAI que valga, porque lo que está en juego es la capacidad de crítica y deliberación de la sociedad, componente cultural de la democracia que los organismos estatales no pueden subsanar.
Sin menoscabo de las diferencias que definen el palenque de la sucesión y marcarán el perfil del nuevo Congreso, podría decirse que lo que ahora importa es empezar la exploración de un rediseño estatal que asuma expresamente la desigualdad social y sus expresiones, necesariamente desiguales aunque alguna teoría de la democracia se empeñe en negarlo, en el terreno del diálogo, la confrontación y la elaboración de políticas. Con éstos, podría darse paso a una ruta de cooperación social que salga al encuentro de las cada día más poderosas tendencias a la disgregación y el enfrentamiento entre grupos y fuerzas que no ven horizonte ni luz al final del túnel y que, por eso, han decidido romper el orden vetusto del corporativismo autoritario para por lo menos ver qué sacan.
El gobierno que se va no entendió o no hizo caso de esta necesidad básica para una gobernabilidad democrática que coadyuve al desarrollo económico y social. Ahora, al final de sus días, no sólo se empeña en soslayarla sino que se aboca con extraña alegría a agravar la situación de la que emana dicha necesidad. Cargar contra los mineros so pretexto de "acabar" con el sindicalismo negociante o corrupto, poner en estado de alerta a lo poco con que el país cuenta de organización laboral modernizadora, como es el caso de la UNT, amenaza con regresarnos a los tiempos del Estado policía y al servicio de un orden que solía ser, sin falta, el orden de los oligarcas. Volver a Cananea, con cananas de los rurales disfrazados de PFP, es renunciar a la política y someterse a los criterios y dictaduras de la fuerza. Eso no tiene nada que ver con el discurso de la democracia liberal, cristina o no, mucho menos con la democracia social que es la que México requiere para salir del laberinto. Solo y su alma, el gobierno no puede sino retraerse cada día más y caer en el autismo.
Tomar en serio el poder y la democracia con la que queremos acotarlo y ponerlo al servicio de la colectividad no fue, por lo visto, ni tarea ni misión de la alternancia foxiana. Recuperar el Estado obliga a reconocer su crisis, sin aspavientos pero sin querer pasarse de listos.