Agentes estatales usan vehículos ilegales: Torreblanca
Continúa el paro de policías guerrerenses ante nula solución
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Unos 3 mil policías de Guerrero exigen mejores condiciones laborales. El gobernador, Zeferino Torreblanca, asegura que la entidad tiene graves problemas financieros
Foto: Oscar Alvarado
Chilpancingo, Gro., 16 de junio. Cumplió su segundo día el paro de labores que realizan poco más de 3 mil policías estatales en las siete regiones de Guerrero, en demanda de incremento salarial de 100 por ciento, un seguro de vida por un millón de pesos y la destitución del subsecretario de Operación y Control de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), Carlos Juárez Baudin.
En Acapulco, el gobernador Zeferino Torreblanca admitió que policías estatales e investigadores ministeriales usan vehículos ilegales. "Es una realidad, tienen que utilizar los recursos que tengan a su alcance para cumplir con su tarea, no vamos a tapar el sol con un dedo", dijo.
Torreblanca Galindo reconoció que el problema financiero que enfrenta su administración impide dotar de infraestructura, equipo y mejores salarios a los cuerpos policiacos, y anunció un esfuerzo conjunto con sus homólogos de Tamaulipas, Sinaloa y Michoacán para combatir el crimen organizado, "porque éste es un problema del país".
Al referirse a la "quiebra técnica", dijo que existe una deuda con Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por más de 800 millones de pesos y que mientras la Secretaria de Educación Publica envía 11 mil millones de pesos para educación, su gobierno debe pagar 12 mil 500 millones, "porque tenemos 7 mil 500 maestros que no están en el techo financiero", apuntó.
Entrevistada durante el plantón que mantienen más de 200 policías en el cuartel ubicado al poniente de Chilpancingo, la oficial Patricia Vélez Flores señaló que la mayoría de los miembros policiacos pide también la destitución del general del Ejército Mexicano, Joel Pintos Cárdenas, quien, aseguró, funge como funcionario de la SSP.
Manifestó que un número importante de uniformados están emplazados en ranchos propiedad de funcionarios de la anterior administración estatal, que encabezó el priísta René Juárez Cisneros, y de la que preside actualmente el perredista Torreblanca Galindo.
Lo peor es que los compañeros se encuentran concentrados en los cuarteles, tirados en el suelo, sin camas, alimentos y sin recursos para hacer su trabajo, además de que no pagan horas extras", denunció.
De su lado, Juárez Baudín, subsecretario de Operación y Control de la SSP, planteó a los más de 200 integrantes de la policía estatal: "no estamos en su contra, simplemente queremos resolver sus demandas; en la minuta que traemos les ofrecemos un incremento salarial de 22 por ciento, retroactivo a mayo pasado, y no lo que están demandando, que es de 100 por ciento".
Patricia Vélez criticó el incremento salarial de mil 200 pesos que ofrece el gobierno estatal, debido a que, argumentó, cada uno de los policías que labora en la entidad recibe quincenalmente 2 mil 800 pesos.
Por otra parte, el pistolero que murió ayer cuando intentaba asesinar a Francisco Javier Cortés, comandante de la Policía Investigadora Ministerial del estado, quien repelió la agresión, tenía 26 años, era ex militar y respondía al nombre de Salomón Guzmán Robles, confirmó María Elena Guzmán, hermana de la víctima.
Salomón Guzmán, quien llevaba una granada de fragmentación en la mano y otras cuatro en una mochila, era de la comunidad El Maguey del Ocotito, municipio de San Miguel Totoloapan, en la región de Tierra Caliente.