Editorial

Gobierno faccioso y encubridor

Tal vez sería demasiado esperar del gobierno saliente vestigios de espíritu republicano. Pero si al menos le quedaran reflejos en materia de relaciones públicas, tendría que resultarle preocupante el señalamiento formulado ayer por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): "El apoyo del Presidente de la República a uno de los candidatos enturbia la campaña electoral y podría ser aprovechado para cuestionar la legitimidad del resultado de las elecciones presidenciales". El lenguaje diplomático y mesurado del organismo internacional no oculta el uso faccioso del poder público por parte del foxismo ni el hecho de que la empecinada beligerancia del mandatario en turno a favor de su candidato se ha convertido en uno de los factores centrales de inestabilidad política y en el riesgo principal de ingobernabilidad en las postrimerías de su propio sexenio. En suma: con el afán de mantener a su partido, el PAN, en Los Pinos, Vicente Fox está a punto de echar a perder el único de sus logros históricos, que es haber sacado al PRI de ese mismo recinto.

Una de las manifestaciones más descaradas de la parcialidad gubernamental en las campañas electorales en curso es la determinación de los funcionarios foxistas de tapar el escándalo de los contratos dudosos conseguidos en el sector público por las firmas Hildebrando y Meta Data, encabezadas por Diego Hildebrando Zavala, cuñado del aspirante presidencial blanquiazul, Felipe Calderón Hinojosa, quien fungió como secretario de Energía cuando esas empresas hacían negocios con Pemex y otras dependencias.

Día tras día se multiplican los indicios de posibles irregularidades por parte de las compañías de Zavala, irregularidades que no se limitarían a asignaciones presuntamente obtenidas mediante tráfico de influencias, sino que se extienden al incumplimiento de contratos, a la omisión de pago de impuestos y contribuciones ­en su edición de ayer, este diario dio a conocer que el cuñado incómodo no registró ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a uno solo de los mil 300 empleados que dice tener, amén de que una de sus empresas declaró una dirección inexistente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo cual fue sujeta a un procedimiento de embargo­ y a la obtención de dádivas extrañas por parte del gobierno estatal panista de Aguascalientes. Con la información disponible, es inevitable sospechar que tras las relaciones de Hildebrando y Meta Data con las esferas gubernamentales dominadas por el foxismo hay un vasto e intolerable desaseo y una enorme operación de privatización indebida de recursos públicos: lo que en lenguaje llano se denomina robarle al país.

Dar por cierta tal posibilidad antes de que se realice una investigación exhaustiva y creíble sería, sin duda, improcedente. Pero la actitud del gobierno federal, especialmente la del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien se empeña en exculpar a priori a Zavala mientras insiste en buscar responsabilidades penales por la filtración de documentos fiscales de sus empresas, resulta simplemente escandalosa. Ha de considerarse, en primera instancia, que en su trato con los contribuyentes, la dependencia hacendaria no se caracteriza precisamente por la comprensión, la protección y hasta la piedad que su titular exhibe ahora ante el cuñado de Calderón Hinojosa; por el contrario, ante la menor sospecha de que alguna persona física o moral pudiera estar evadiendo impuestos, así fuera en montos mínimos, la SHCP y el Servicio de Administración Tributaria suelen acosar al causante con auditorías de pesadilla y acciones legales implacables. Con esos antecedentes, la insólita deferencia de Gil Díaz hacia el todavía director de Hildebrando y Meta Data, su preocupación por defender la intimidad fiscal de ambos negocios, incluso en una comparecencia ante legisladores, y su indiferencia ante los indicios de irregularidades e ilícitos por parte de Zavala, no sólo no disipan las sospechas públicas, sino que las incrementan, y hacen aparecer al titular de Hacienda como empeñado en tapar posibles negocios sucios. Sólo así puede entenderse que la SHCP enfatice la investigación por la filtración de documentos contables y haga caso omiso de las infracciones a la ley que pueden suponerse del examen de tales documentos.

Es entendible, en la lógica de los intereses de campaña de Calderón Hinojosa, que el estado mayor panista dé por "concluido" el escándalo de su cuñado, que apenas empieza y que día a día arroja nuevas trazas de ser una cloaca. Resulta exasperante, en cambio, que la Secretaría de Hacienda pretenda hacer otro tanto. Esa enésima prueba del espíritu faccioso del gobierno foxista es también un factor adicional para suponer que el actual ha sido ­a pesar de sus propósitos iniciales­ uno de los sexenios más corruptos. Lo que deba saberse se sabrá, antes o después de la salida de Vicente Fox de la Presidencia de la República.