Protesta de indígenas, cooperativistas y defensores de derechos frente al máximo tribunal
Exigen a la Corte libertad y justicia para detenidos
Ampliar la imagen Manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Foto: Guillermo Sologuren
Mazahuas, triquis, nahuas, otomíes, trabajadores cooperativistas, defensores de derechos humanos, miembros de la otra campaña, maestros de primaria y comerciantes del Centro Histórico del Distrito Federal se manifestaron ayer frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir la libertad de las personas detenidas el pasado 4 de mayo en San Salvador Atenco, porque "todos sabemos que su único delito fue el manifestar libremente sus ideas".
Aunque no se entrevistaron con los ministros, afuera de la Corte hicieron pública su petición a los juzgadores del máximo tribunal del país para que exhorten a los jueces de distrito a agilizar los trámites de los juicios de amparo que iniciaron 179 personas -sujetas a proceso tras el enfrentamiento con policías federales y estatales en Atenco- para obtener su plena libertad, entre ellas Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Los denunciantes mostraron pancartas para difundir "casos de injusticia", como el de Arnulfo Pacheco Cervantes, quien fue "detenido y golpeado brutalmente en su casa por policías federales y estatales, a pesar de ser parapléjico. Actualmente se encuentra preso en el penal de Santiaguito, en el estado de México, con varias costillas rotas, diversas lesiones graves y sin recibir atención médica especializada".
El mitin estuvo respaldado por la Unión de Juristas de México, cuyo presidente, Eduardo Miranda Esquivel, señaló que la Corte debe exigir que el Poder Judicial federal ampare a los indígenas y trabajadores de Atenco que fueron "detenidos injustamente", porque sufrieron "represión de Estado".
Entrevistado durante la protesta, el litigante indicó: "los hechos de Atenco derivan de un conflicto social que se ha venido arrastrando por años, y si bien tiene que ver con el marco jurídico, también tiene que atenderse con tolerancia y visión social; hay 179 compañeros procesados, de los cuales 29 están detenidos, y entre ellos hay varios indígenas, como la señora Magdalena García Durán, cuyo caso francamente nos asombra y es increíble que gente como ella pueda estar acusada de secuestro y de ataques a las vías de comunicación".
Agregó que la petición a la Corte es que "garantice resoluciones con prontitud y celeridad; que se imparta justicia de manera imparcial y que se atienda integralmente los orígenes del problema social que varios sectores están viviendo".