Expertos en derecho demandan sancionar a responsables de violación de varias leyes

"Criminal", haber adelantado a editoriales contenido de la RES

"Antes que políticas públicas, el gobierno foxista hace negocios", critican legisladores

KARINA AVILES

La Secretaría de Educación Pública (SEP) cometió un "acto ilegal" al haber proporcionado a los editores privados -que se benefician económicamente con la venta de los libros- el contenido de la Reforma de la Educación Secundaria (RES) antes de que ésta se publicara en el Diario Oficial de la Federación, ya que "violó" las leyes Federal de Competencia Económica, General de Educación, Federal de Adquisiciones y Federal de Responsabilidades Administrativas; inclusive, puede tipificarse "un posible delito de tráfico de influencias", sancionado en el Código Penal, manifestaron especialistas en derecho. Raúl Carrancá y Rivas, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sintetizó: "haber dado esa información es criminal".

A su vez, legisladores de las comisiones de Educación y Cultura afirmaron que harán una investigación del caso y exigieron a la SEP transparencia en la revisión que realiza de los nuevos libros de secundaria que presentan las empresas privadas, pues quedó en evidencia que el "gobierno foxista hace primero negocios, antes que políticas públicas".

De acuerdo con personal del Grupo Editorial Santillana, al haber conocido antes el contenido de la RES -porque la SEP le dio a conocer los cambios a la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, y ésta a su vez a los casas editoras-, esta firma pudo hacer de inmediato las modificaciones a sus libros, con el fin de presentarlos para aprobación a la misma secretaría.

Al conocer la información publicada por este diario, Carrancá y Rivas recordó que el artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica señala claramente que se "consideran prácticas monopólicas relativas a los actos, contratos, convenios o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas..."

De lo anterior se deriva que esta competencia económica desleal se "traduce en prácticas monopólicas, beneficiando a unos y perjudicando a otros en el mercado de los libros". Por otra parte, la Ley General de Educación, fracción tercera, del artículo 12, habla de la participación que deben tener los distintos sectores en la enseñanza.

Entonces, si la SEP le pasa "información privilegiada a una casa editorial que se beneficia económicamente, es evidente que no se toma en cuenta a los distintos sectores sociales involucrados en la educación".

Por ello es posible que las "editoriales desfavorecidas por esta maniobra alegaran una violación a sus garantías en lo que atañe al tercero". Incluso, dijo el jurista, no se excluye la posibilidad de los amparos. Esto, independientemente de que "quien ha incurrido en una falta tan grave como ésta se debe atener a las sanciones" en los términos de las normas citadas.

Posible tráfico de influencias

Por su parte, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM Jaime Cárdenas señaló que se violaron las leyes Federal de Adquisiciones de Responsabilidades Administrativas
y Federal de Competencia Económica, y "hasta puede haber un posible tráfico de influencias".

Este caso, afirmó, es otro de los que demuestran que "en el sexenio de Fox las leyes se han hecho en despachos de particulares. El sexenio de Fox es el sexenio de los poderes fácticos".

Por su parte, el director del IIJ, Diego Valadés, manifestó que, a reserva de revisar el caso en el orden legal, de entrada "sí hay una desviación ética en cuanto a dar a conocer a particulares información del gobierno que todavía no se ha hecho pública, pero que sí es relevante para los particulares al beneficiarse económicamente".

En tanto, el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Salvador Martínez della Rocca, señaló que el caso evidencia que "la SEP hace una auscultación de estos libros entre comillas, pero ya es algo que tiene arreglado con las editoriales, para tapar el ojo al macho".

El integrante de las comisiones de Educación y de Cultura Inti Muñoz observó que el "problema de los negocios en complicidad de funcionarios públicos ha sido recurrente en este gobierno", por lo que exigió a la SEP hacer un gasto transparente que beneficie a los alumnos y a los maestros.

"No es posible que el presupuesto público se destine a lo que prácticamente es un subsidio a las firmas editoriales extranjeras", señaló.