Coincidencias de Ejecutivo y Legislativo en un foro
Impide falta de presupuesto atención de niños infractores
Se crearían más vicios de los que arrastra el sistema legal
Para representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, uno de los principales obstáculos para contar con un marco legal específico para menores infractores en el Distrito Federal es el del presupuesto.
Durante la mesa de análisis organizada por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa, los representantes de esos dos poderes consideraron fundamental atender esa situación, pues de lo contrario se crearían vicios que se arrastran desde hace años en el sistema legal de esta ciudad.
Enrique Flota Ocampo, coordinador de asesores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, expresó que el tema presupuestal será el que más afecte no sólo a esta institución, sino al Tribunal Superior de Justicia, a la Secretaría de Gobierno y a la Consejería Jurídica, pues son instancias que tendrán responsabilidades específicas para poner en marcha ese sistema de menores infractores.
"No es suficiente sólo pensar en la transferencia de los recursos federales que ya se da al ámbito local para que pueda funcionar (ese marco legal); eso no es suficiente, tiene que ver en todos los casos con los sueldos y capacitación para el personal que tendrá injerencia en su aplicación".
No sólo eso, dijo, sino que está también el asunto de los inmuebles donde estarían internados los adolescentes infractores, que de no planearse terminará en que se tendrán más problemas de los que hoy se pretenden resolver.
Fue más allá al expresar que si no se atiende el asunto de las políticas sociales en esta ciudad, que tienen que ver con educación, empleo, desarrollo social y demás aspectos, "estaremos en riesgo de reproducir para los menores el grave problema que tenemos con los reclusorios de esta ciudad: que los saturemos sin capacidad preventiva y sin atender las causas sociales del origen de ese conflicto".
Alfredo Hernández Raigosa, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, planteó la misma preocupación:
"Se puede ahorita acelerar todo, aprobar el dictamen y votarlo, pero el problema es que en vigencia esa reforma saldrá el problema de dónde están los lugares para atender a los adolescentes.
"Bajo qué sistema, mecanismos, instalaciones, logística y personal vamos a atender desde la detención de un menor hasta la colocación en algún lugar para su desahogo y posteriormente en qué lugar se va a recluir o internar, y nos encontramos nuevamente con un problema de carácter presupuestal".
De dejarse sin resolver este punto, dijo el diputado, las modificaciones que haga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se convertirán en letra muerta, pues no se tendrá la eficacia presupuestal para poder aplicar ese nuevo sistema penal para menores infractores.
En su oportunidad, Claudia Esqueda Llanes, diputada del PRI, mencionó que es un reto importante concretar ese marco legal, y por lo mismo más allá de los colores y los partidos, es un tema en el que es necesario que los diputados de las distintas fracciones parlamentarias se unan, se alíen.