Presunta consigna a jueces el caso del líder minero

Los jueces noveno y decimoquinto de distrito con sede en el Reclusorio Sur, Reynaldo Manuel Reyes Rosas y Ranulfo Castillo Mendoza, respectivamente, sabían desde el pasado jueves que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR) consignaría, al día siguiente, una acusación por lavado de dinero al líder minero Napoleón Gómez Urrutia.

Fuentes judiciales de primer nivel revelaron que ese día dos agentes del Ministerio Público -adscritos a la SIEDO- se entrevistaron con los juzgadores para adelantarles que recibirían ese caso.

El mensaje, agregaron las fuentes consultadas, venía con remitente: "Es un asunto muy importante para el presidente Vicente Fox, para el fiscal contra la Delincuencia Organizada, Santiago Vasconcelos, y para el ministro presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela."

La respuesta de los impartidores de justicia fue escueta: "Se le dará el mismo cauce que a todas las consignaciones, el de la ley."

Finalmente fueron dos y no un expediente. El primero fue recibido en la oficialía de partes de los juzgados federales a las 19 horas del pasado viernes. La segunda, dos horas después. En los dos pliegos consignatorios se pidió orden de captura por el mismo delito: operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

La diferencia entre ambas consignaciones fue que en una sólo se planteó la supuesta adquisición con dinero de procedencia ilícita de una residencia a nombre del hijo de Napito, por un millón 300 mil dólares.

La otra, que era la más importante para la PGR, hacía mención de que el ex líder minero realizó más de 130 operaciones financieras por un monto superior a 300 millones de pesos de manera ilícita.

Alfredo Méndez