Pedían cumplimiento sustituto de la sentencia
Tribunal colegiado desecha recurso interpuesto por Pascual y el GDF
El décimo tribunal colegiado en materia administrativa "desechó" las quejas que interpusieron el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y la Sociedad Cooperativa Pascual para acreditar la petición de cumplimiento sustituto de la sentencia, es decir, pagar por el valor de los terrenos en lugar de desalojarlos, informó Eduardo Miranda Esquivel, abogado y vocero de la cooperativa, quien expuso que ante esta determinación "ya no tenemos recursos a los cuales recurrir" y por tanto una opción es pedir al GDF que emita un nuevo decreto expropiatorio.
En entrevista indicó que el tribunal consideró que las quejas eran improcedentes porque a su entender la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del pasado 17 de noviembre "es sólo de carácter resolutivo, y no pretende el desalojo material de la cooperativa de sus instalaciones".
Esto -agregó- derivó en que, a su vez, el juzgado 14 en materia administrativa (el que en primera instancia rechazó las quejas), en el expediente de amparo en ejecución 508/2003, pidió nuevamente al GDF que cumpla con la sentencia emitida por la SCJN y deje sin efecto (insubsistente) el decreto expropiatorio de febrero de 2003 en beneficio de la cooperativa, y para esto le dio "5 días hábiles".
Miranda Esquivel indicó que si el jefe de Gobierno capitalino, Alejandro Encinas, no atiende esta orden, "podría iniciársele un procedimiento en su contra por desacato", y añadió que esta es una "maniobra que puede acelerar un posible desalojo" de las instalaciones de Clavijero.
"Estos hechos confirman la acción concertada del Poder Judicial de la Federación para destruir a la cooperativa y pretender su desalojo, a través de un juzgado civil del fuero común del Distrito Federal, al negar la vía del cumplimiento sustituto y la obligación del Estado de apoyar el cooperativismo. Por ello, la cooperativa ha desplegado diversas acciones, y demanda la solidaridad del pueblo de México".
Por lo anterior, José Luis Ruiz Cerda, presidente del consejo de administración de Pascual, solicitó, mediante oficio, el apoyo del Gobierno del Distrito Federal para que mientras se busca una solución al conflicto no se deje sin efecto el decreto expropiatorio, porque ello "precipitaría la operación de desalojo".
Asimismo, al haberse "agotado los recursos de impugnación que la legislación mexicana otorga, Pascual presentó una queja (vía formulario de Internet) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en contra del Estado mexicano, denunciado violaciones diversas a sus derechos humanos laborales, económicos y sociales. Apelando a que los estados tienen la obligación de garantizar la existencia digna de sus gobernados, mediante condiciones que permitan el pleno desarrollo, el empleo y el bienestar, derecho que en el caso de Pascual ha sido totalmente transgredido".
Pascual pidió a la comisión que solicite al Estado mexicano "medidas cautelares para preservar la integridad de la cooperativa y los trabajadores, mientras que al GDF se le exhortó a que "nos siga apoyando".