Unas manos encubren al Fobaproa
Calderón y Fox están desbordados. Olvidaron lo que hicieron y dicen que lo que no pudieron hacer lo harán en los próximos seis años. Quieren olvidar que firmaron la muerte del Fobaproa en 1998 y construyeron una instancia para limpiar los créditos que se almacenaban en el cuerpo del muerto. Dijeron que en ese nuevo ser, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), no podían participar los involucrados en la operación del Fobaproa. Guillermo Ortiz fue anatemizado por los panistas. Felipe Calderón, entonces dirigente del PAN, dijo cosas terribles de él. Ya se le olvidaron.
Ahora pretende convencer que tiene una trayectoria impoluta. Para ello cuenta con aliados estratégicos. Uno muy destacado es el IPAB. Para quien no lo recuerde esta institución es la heredera del Fobaproa. Creada por un acuerdo al margen del Congreso de la Unión, literalmente en lo oscurito, entre la dirección del PAN, encabezada entonces por Calderón -el que dice tener las manos limpias-, el mando priísta y el Ejecutivo federal. Esta institución nació con el fin de enterrar al Fobaproa. Sin embargo, han pasado ocho años y el enterrado sigue dando muestras de vida.
Las llamadas de ultratumba les asustan y sus enterradores las ocultan con rapidez. Dicen con frecuencia que el muerto, en efecto, ya no vive. Cambian la fecha del deceso. Lo notable es que lo repiten una y otra vez. En estos momentos electorales ha aparecido a plana entera la noticia de que el Fobaproa otra vez ha muerto. La Secretaría de Hacienda ha informado que con el dictamen del auditor externo al IPAB "termina el proceso de rescate de los ahorradores de la banca". El Fobaproa, pues, ha muerto. Y para confirmarlo Hacienda realiza 16 aclaraciones para que todos entendamos lo que fue cuando vivió quien volvió a morir.
Su primera jaculatoria es para explicarnos las causas del quebranto bancario. Según el ministerio del culto, hubo dos razones: el alza en las tasas de interés, provocada por la crisis de 1995, junto con la contracción salarial, la pérdida de empleos y la caída en la venta de las empresas. Así que en su origen nadie tuvo la culpa. Fue un terremoto, como el de 1985. Lo cierto es que los bancos estaban en crisis desde un año antes: en 1994 la cartera vencida fue de 7.5 por ciento de la cartera total. El dato puede resultar poco expresivo, por ello conviene recordar que durante los años "estatales", la cartera vencida de los bancos osciló entre 2 y 3 por ciento y que en 1991, cuando se inició la privatización, era de 3.1. Así que la crisis ya existía.
Pero aunque este indicador es muy importante, lo es más el hecho de que las "sanas prácticas bancarias" las cumplían pocas instituciones. Banco Unión y Banca Cremi -los bancos de Cabal Peniche- fueron intervenidos por la Comisión Nacional Bancaria en agosto de 1994, un mes después de las elecciones. Esta intervención evidenció que la gestión era inadecuada desde su inicio. Estos bancos, sin embargo, no eran los únicos con problemas. Los administradores ocultaban sus problemas de cobranza, para cubrir los errores en el otorgamiento de los créditos y en el registro de las garantías.
De modo que cuando en diciembre llegó la crisis general de la economía, derivada de los errores de los responsables de la conducción económica del gobierno zedillista, la situación bancaria se complicó enormemente. En realidad, esos errores no hicieron más que precipitar lo que estaba a punto de estallar: una apertura indiscriminada de la economía que afectó la viabilidad de numerosas empresas que cerraron o se convirtieron en importadoras, despidiendo a cientos de obreros. Así que la crisis tiene responsables. Los aumentos en las tasas de interés, los empleos perdidos, la contracción salarial y la caída en las ventas se debieron a errores en la conducción económica, a problemas de concepción, así como a contubernios entre la supervisión y los dueños y administradores de los bancos que permitieron prácticas irregulares e incluso ilegales.
Ciertamente esos responsables fueron priístas. Pero quienes decidieron limpiar el cochinero fueron los dirigentes panistas: Calderón, Fernández de Cevallos, Medina Plascencia y Fox, quienes pactaron con el gobierno priísta. Dijeron que habían reducido el monto del Fobaproa. Era mentira. Ahora dicen que no lo hicieron. Están acostumbrados a mentir. Eso lo han demostrado antes y en esta campaña lo han ratificado. Son responsables de que el saldo del Fobaproa hubiera llegado a más de un billón de pesos y que, en consecuencia, los mexicanos llevemos siete años pagando y que tengamos que seguirlo haciendo quién sabe cuántos años más. Pero eso no puede ocultarse, por más esfuerzo que se haga.