Señalan a Carlos Abascal y a representantes de la ultraderecha como responsables

El gobierno frena avances en salud sexual y reproductiva, dicen mujeres

No se atienden los rezagos que existen entre la población indígena y rural del país, denuncian

ALMA E. MUÑOZ

A los representantes de la ultraderecha en el gobierno, encabezados por el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, se les acusó ayer de frenar avances en materia de salud sexual y reproductiva, en detrimento de millones de mujeres y jóvenes.

La diputada perredista Malú Micher denunció que en estados con mandatarios panistas -citó los ejemplos de Guanajuato, Jalisco y Querétaro- la anticoncepción de emergencia no se aplica porque no es prioridad acabar con abortos clandestinos, sida y enfermedades de transmisión sexual.

Patricia Uribe, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud (Ssa), admitió que hay resistencias, sobre todo para interrumpir embarazos en caso de violación, pese a que por ley se permite, además de asumir que existen rezagos para disminuir en 75 por ciento, como se tiene planeado en las Metas del Milenio de la ONU, la mortandad materno-infantil en el país.

Y Elena Zúñiga, quien renunció en marzo pasado al Consejo Nacional de Población (Conapo) por diferencias con Abascal en cuanto a políticas de población, avizoró que los logros alcanzados en la materia tendrán un retroceso en los próximos meses, por "obstáculos a la información". Consideró que la posibilidad de un estancamiento "tendría un alto costo", incluido el incremento en el número de abortos.

Pese a estar científicamente comprobado que la planificación familiar reduce en 25 por ciento la muertes de mujeres, según Pilar Muriedas, directora de Salud Integral para la Mujer, entre los jóvenes sólo se distribuye 17 por ciento de la demanda total de anticonceptivos desde las clínicas de salud.

De tal suerte que, de acuerdo con la Ssa, Nayarit, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Chiapas, Chihuahua (zona tarahumara), Guerrero y el área metropolitana del estado de México y el Distrito Federal son las entidades que concentran el mayor número de las muertes maternas.

Al término de la entrega de reconocimientos a funcionarias públicas, en el contexto del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres (celebrado el 28 de mayo pasado), por Católicas por el Derecho a Decidir, Grupo de Información en Reproducción Elegida, Equidad de Género, Ciudadanía: Trabajo y Familia, IPAS México, y el Population Council, se habló más de los pendientes que de avances en este gobierno.

Malú Micher, una de las homenajeadas, consideró en principio que el Instituto Nacional de las Mujeres "nunca incorporó un presupuesto con perspectiva de género", pero más evidente, afirmó, fue la llegada de Carlos Abascal a Gobernación, porque "frenó todo, con su pensamiento conservador, yunquista y legionario, cuando debería ser secretario para todo el país". Es decir, afirmó, nunca entendió que el gobierno federal se maneja en un Estado laico. Citó, como cifra mínima de arranque para hablar de abortos clandestinos, cien mil, aunque Pilar Muriedas fue más adelante al considerar que el número puede alcanzar el millón 500 mil en este año.

En tanto, Elena Zúñiga subrayó que "no avanzamos en estructurar programas adecuados para población adolescente en los temas de salud sexual y reproductiva, como tampoco lo hicimos más rápidamente en la atención de los rezagos que representa la población indígena y rural del país, fundamentalmente por falta de voluntad política para hacerlo, y de destinar los recursos hacia esos sectores de la población".

Dijo que desde la llegada de Abascal a Bucareli hubo un impacto en las acciones, particularmente del Conapo. En principio, porque "la atención se desvió hacia un tema ampliamente discutido, acordado y consensuado, como la anticoncepción de emergencia, y excluyó la posibilidad de avanzar más, específicamente en cómo hacer para que esa práctica sea adecuada, responsable y segura para las mujeres".

Patricia Uribe pidió a cada quien asumir su responsabilidad, más cuando cada entidad federativa es "libre y soberana de comprar absolutamente lo que se le antoje y dedicarlo a los programas que se le antoje".

Resaltó que desde la Ssa "hemos promovido que se use la anticoncepción de emergencia en toda mujer violada, inmediatamente después del ultraje, para prevenir un embarazo, porque está demostrado que de 8 a 13 por ciento de quienes sufren un ataque sexual quedan embarazadas, y hemos apoyado a las entidades federativas para que tengan disponibles esos medicamentos, no sólo pastillas que para prevenir enfermedades de transmisión sexual". Esto, afirmó, también se contempla en el Seguro Popular.

Sin embargo, admitió que "hay algunas entidades federativas que tienen resistencia", aunque en las reuniones técnicas con los responsables de planificación familiar "ha habido apertura".