Participaron en el desvío de más de $50 millones a la campaña de Calderón, afirma
Denuncia el PRD a Vázquez Mota y Teresa Aranda por delitos electorales
Ampliar la imagen Los diputados perredistas Clara Brugada y Pablo Gómez presentaron ayer ante la Fepade una denuncia contra Josefina Vázquez Mota y Ana Teresa Aranda Foto: Carlos Ramos Mamahua
Diputados perredistas presentaron una denuncia penal contra Josefina Vázquez Mota, ex secretaria de Desarrollo Social y actual coordinadora política de la campaña de Felipe Calderón, y la titular de la dependencia, Ana Teresa Aranda, por delitos electorales. Se les imputa haber participado en el desvío de más de 50 millones de pesos de un programa de vivienda rural para ser aplicados a la campaña presidencial panista.
Los legisladores Pablo Gómez y Clara Brugada acudieron ayer a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a presentar la denuncia. Sin embargo, el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro "tuvo que retirarse por otros compromisos", dijo la diputada, quien asumió la responsabilidad de iniciar la querella y ratificarla en la misma diligencia con la finalidad de que se agilice el procedimiento contra los presuntos responsables.
Este caso tiene como antecedente la denuncia que Arnulfo Montes Cuén, dirigente de la Federación Nacional de Productores Agrícolas, Forestales y Pesqueros, interpuso ante el Ministerio Público Federal contra funcionarios de Desarrollo Social por el desvío de recursos para vivienda rural hacia la campaña de Calderón.
El pasado viernes, la diputada Clara Brugada anunció que presentaría la denuncia y que emprenderían nuevas acciones con el propósito de que se sancione a Aranda y Vázquez Mota, a algunos subsecretarios y dirigentes panistas de Hidalgo.
De acuerdo con la denuncia presentada ayer, la referida secretaría entregó recursos del programa de vivienda rural a una organización fantasma -Huehuetépetl Comunitaria- y de allí los más de 50 millones de pesos habrían pasado a la dirigencia panista en Hidalgo para apoyar la campaña presidencial del Partido Acción Nacional.
El desvío de recursos no sólo afecta a habitantes de Hidalgo, sino a más de 6 mil familias, la mayoría de comunidades indígenas pertenecientes a 17 estados de la República.