Editorial
Secundaria: reforma bajo sospecha
El plan de Reforma a la Educación Secundaria (RES) que entró en vigencia este sábado ha generado polémica entre especialistas, educadores, legisladores y ciudadanos en general, especialmente por la supresión de la materia de historia en el primer año de enseñanza media, y del tema de historia prehispánica en todo el ciclo; la reducción de geografía y formación cívica y ética, y la fusión de física, química y biología en una sola asignatura.
Se han cuestionado también los impactos laborales del proyecto, que requeriría de menos maestros y podría generar desempleo entre los docentes; se ha señalado asimismo la dificultad de reorganizar en un lapso muy breve menos de tres meses toda la educación secundaria del país.
En principio, el decreto referido puede tener varios puntos positivos: por ejemplo, la reducción de los grupos, así como la incorporación al programa de idiomas extranjeros, conocimientos y habilidades tecnológicas y temas de la agenda mundial, como el medio ambiente y la energía. El debate sobre las ventajas y desventajas de la reforma se quedó, sin embargo, en círculos burocráticos y académicos, y no se hizo partícipe de él al conjunto de la opinión pública. Ese solo hecho da una plataforma a quienes impugnan los cambios por considerarlos resultado de una decisión vertical, poco transparente y nada participativa.
Así, independientemente de la procedencia o improcedencia de la replanificación educativa, ésta ha sido operada con nula habilidad política, y ahora, lejos de generar consenso, suscita impugnaciones de educadores, especialistas, legisladores y sectores sindicales.
Hay algo más preocupante. Da la impresión de que la RES es, desde varios puntos de vista, una proyección de la ideología gerencial, eficientista y neoliberal del actual gobierno, y esa imagen, así sea parcial o totalmente falsa, provoca resistencias que se traducirán en implantación conflictiva de las reformas. En el ámbito educativo, el grupo en el poder enfrenta vasto y justificado descrédito por su desdén a la enseñanza pública, su impulso entusiasta a los planteles privados y su falta de propuestas educativas, carencia que se ha pretendido disimular mediante la adquisición de pizarrones electrónicos y su instalación en comunidades carentes de energía eléctrica.
Por otra parte, resultan justificadas las sospechas de que la proverbial ineptitud administrativa y gubernamental del actual régimen hará muy difícil la realización, en un plazo tan breve como el que hay de aquí al próximo ciclo lectivo, de los grandes ajustes de horarios, planteles, personal, y material didáctico.
Desde otra perspectiva, resulta cuestionable que un gobierno que se encuentra en su recta final imponga cambios de tal magnitud en el sistema educativo, cuando una elemental decencia política haría recomendable dejar decisiones de ese calado en manos del equipo que suceda al actual. En el contexto de fin de sexenio por el que atraviesa el país, la reforma de la secundaria parece una más de las abundantes expresiones del afán foxista de gobernar más allá del primero de diciembre de este año y de imponer lineamientos a sus sucesores, sean del signo político que sean.
Con base en las circunstancias mencionadas sería deseable que, como han demandado varios sectores, se abra un compás de espera en la aplicación de la reforma, con el propósito de crear el margen necesario para la formulación de consensos y para evitar que el Ejecutivo federal imponga, una vez más, políticas transexenales.