Minorías y equilibrio de poder
Uno de los estadistas destacados del siglo pasado fue el socialista francés Francois Miterrand, quien antes de morir, en una entrevista afirmó: "El Siglo Veintiuno será el de las minorías". Con esa lectura cerraba su ciclo como gobernante, reconociendo el peso de los grupos sociales y de presión, que institucionalizados por el reconocimiento que les otorga su existencia en regímenes que intentan ser democráticos, aparecen en las escenas urbanas.
Son minorías para negociar el equilibrio del ejercicio de gobierno, minorías con reivindicaciones sociales y morales que ponen en jaque a las formas autoritarias y tradicionales para hacer política, minorías que se visibilizan, como las de San Salvador Atenco, ante la opinión pública, poniendo en riesgo el llamado contrato social de las comunidades que habitan.
Desde que 70 por ciento de las 13 mil 653 personas que participaron en la consulta ciudadana del 4 de marzo de 2001 sobre el proyecto del aeropuerto internacional alterno de la ciudad de México manifestaron su negativa a la construcción en la región de Texcoco, Atenco y Ecatepec, el conflicto se elevó a rango de seguridad nacional.
Las consultas, en un principio convocadas por el gobernador del estado de México, Arturo Montiel, resultaron un fracaso, al igual que las asambleas entre funcionarios y campesinos, una de ellas fue la del miércoles 3 de junio de 2001, en la que por vez primera el gobierno estatal intentaba negociar una oferta expropiatoria con indemnizaciones raquíticas y que, según 300 ejidatarios del poblado de Acuexcomac, calificaron de proyecto de construcción amputado y que no daba solución definitiva al costo real y a los beneficios que traería a la región.
Una respuesta similar recibieron los negociadores de los más de mil ejidatarios de las comunidades de Nexquitayac, Santa Isabel Ixtapa y de la colonia Francisco I. Madero, al oponerse al Proyecto Ambiental Nuevo Texcoco. Al rechazo expresado por la mayoría en las 56 comunidades consultadas en el municipio de Atenco se sumó la impericia y la desesperación por ejecutar compromisos adquiridos con los grandes capitales de la zona y del mundo.
Sin comprender por qué 20 mil habitantes de Texcoco y San Salvador Atenco decidieron ir en contra de un proyecto que supuestamente generaría riqueza para todos los involucrados, los gobiernos federal y estatal comenzaron la coerción violenta de la conducta de las personas a través de sus aparatos de fuerza, para imponer una expropiación sin sustento, que según juristas como Ignacio Burgoa Orihuela, quedaba sin justificar en los decretos la causa de utilidad pública.
En cuatro años de confrontación con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra muchos fueron los intentos para desactivar el movimiento, que ya había encarado otras demandas. A la voz de "Tierra sí, aviones no", abrazaron causas como la construcción de obras públicas, gestión de servicios, condonaciones de deudas, y hasta de carácter judicial como revertir las órdenes de aprehensión contra los líderes del movimiento.
Pese a la gravedad de la polarización social en Atenco y los pueblos circunvecinos, el gobierno mexiquense evadió su responsabilidad como gestor y conciliador entre las partes, la única visita que realizó Arturo Montiel fue hasta mayo de 2004, cuando estuvo tan sólo 15 minutos en ese municipio para poner en marcha obras detenidas hasta ese entonces.
Antes y después se registraron distintos hechos donde los habitantes ocuparon carreteras, se confrontaron con la policía mexiquense y del DF, retuvieron maquinaria y hasta a funcionarios públicos menores por diversas causas, casi siempre alegando falta de atención de las autoridades, quienes daban largas a sus obligaciones enviando a personeros sin capacidad de decisión para, supuestamente, atender a pobladores casi amotinados.
Y luego de dos años de gestiones de la Secretaría de Gobernación, que en representación del Ejecutivo federal y de otras secretarías involucradas, como la de Comunicaciones y Transportes y la de Economía, para hacer frente a un "asunto de carácter político", como definió Pedro Cerisola el 22 de julio de 2002 en Mérida, Yucatán; en una mesa de la Fundación Rafael Preciado señaló: "El caso de Atenco puede juzgarse a toro pasado como un error", y que no estaba exento de ser un caso para crearle problemas al gobierno del presidente Vicente Fox.
Para Luis Ernesto Derbez, entonces titular de la Secretaría de Economía, hubo quienes intentaron que el gobierno de Fox cayera en la trampa de la violencia. Según sus declaraciones publicadas por El Universal, Derbez manifestó: "buscaron que el gobierno fuera arbitrario y cometiera una masacre, como la del 68, para poder decir que hasta Fox lo hace".
Si bien para el gobierno federal Atenco se había convertido en un conflicto político irresoluble, donde la ponderación del diálogo era la única salida, fue la Secretaría de Gobernación la que conjuró la inminente violencia.
Lo demás ya es historia, la SCJN dio la razón a los demandantes de Atenco y el gobierno federal tuvo que acatar las resoluciones jurídicas retirándose del proyecto; sin embargo, el gobierno estatal decidió administrar el conflicto esperando una oportunidad, como la del 3 y el 4 mayo de 2006, para saldar viejas cuentas contra los habitantes. Apoyado en los partidarios de la mano dura, violó garantías individuales y ejecutó hechos de sangre, en una revancha de la que ningún nivel de gobierno ahora está exento.