Viendo hacia adelante: un camino democrático y progresista para México
Vivimos tiempos de cambio. Estamos cerca ya de la elección en la que se renovarán los poderes Ejecutivo y Legislativo de la nación. La gran mayoría de los mexicanos atraviesan desde hace un cuarto de siglo por una situación de estrechez extrema. Se vive una crisis institucional. La transición a una democracia plena, igualitaria y de efectiva participación social, emite señales débiles y disparejas. Hay descontento, incertidumbre, escepticismo y desánimo en la ciudadanía, que no se siente representada por nadie.
Las campañas electorales para renovar el Ejecutivo y el Legislativo federales están desplegándose por todo el país. Se nos convoca reiteradamente al voto para el próximo 2 de julio; sin embargo, por ningún lado se ven las propuestas de los candidatos y los partidos; no se conocen, en consecuencia, sus compromisos con la gente y con la nación, y lo que principalmente encuentra el ciudadano son las descalificaciones que se hacen unos a otros, frivolidades y, en el mejor de los casos, buenos deseos, pues nadie nos dice con qué medios se alcanzarán los objetivos con los que se nos trata de atraer.
Hoy no se discuten programas, se menosprecian las ideologías, se pasa de un partido a otro sin deslindes ni explicaciones de conductas y agravios del pasado; los principios no constituyen compromiso ni parece que sean para observase; priva el oportunismo y la única lealtad momentánea es al posible cargo, a la posible ubre.
Es necesario insistir en que hay que pensar y discutir el país que queremos, por encima de todo y antes que nada. Hay que cambiar radicalmente la forma de hacer política, y subordinarla a un proyecto de país, no a la simple ambición de poder o a la toma coyuntural de decisiones.
Debe tenerse presente que ningún sector de la población podrá alcanzar su realización particular si no lo hace como parte de una amplia pluralidad e impulsando, al tiempo que las propias, las aspiraciones de la colectividad.
Será importante después del 2 de julio, cualesquiera que sean los resultados de la elección, lograr el compromiso de los principales actores políticos del país en torno a cómo incentivar y acelerar la transición a un proceso de mejoramiento sostenido para México y los mexicanos, que debe darse en el replanteamiento del pacto federal, el consecuente surgimiento de una norma constitucional y una reforma de las instituciones del Estado que respondan a las exigencias del siglo XXI, la democratización y transparencia de las prácticas políticas, en sentar bases sólidas para garantizar un crecimiento económico que se mantenga en el largo plazo y en el mejoramiento constante de las condiciones de vida de la población.
Quisiéramos que de las propuestas de gobierno en juego en esta próxima elección pudiera vislumbrarse -no se ve por ninguna parte- la garantía de la vigencia efectiva de un estado de derecho, prácticas democráticas en la vida pública, respeto a las diferencias, el esfuerzo por una inserción con equidad de México en el mundo globalizado, así como progreso económico y mejoramiento social para el conjunto de la población.
Entre las cuestiones fundamentales que hoy no se discuten en el ir y venir de las campañas están las siguientes:
La continuidad de la reforma electoral, que, a pesar de los muchos cambios a la legislación correspondiente, se ha quedado inconclusa. La gente reclama reducir y transparentar los gastos de las campañas; reclama se llame a las cosas por su nombre, empezando por que las supuestas precampañas se reconozcan como campañas en la ley y en los cómputos de gastos y tiempos electorales; reclama abrir la posibilidad de candidaturas ciudadanas que no tengan que pasar necesariamente por la aprobación y gestión de los partidos políticos; facilitar el registro de nuevos partidos, sin que el registro represente acceso automático a la asignación de dineros públicos; restituir en la ley la figura de las candidaturas comunes; reunir en no más de dos momentos dentro de un sexenio los procesos electorales federales, estatales y municipales.
En materia de reforma electoral, la medida más efectiva, aquella donde se encuentra una primera respuesta a las exigencias populares, esto es, la reforma más de fondo, se encuentra en hacer equitativos los tiempos, durante los procesos electorales, en los que partidos y candidatos tengan acceso a los medios electrónicos de comunicación, así como en acotar los tiempos en los que pueda hacerse propaganda dirigida al público. Para ello debe establecerse en la ley que las duraciones de las campañas oficiales no rebasen, por ejemplo, 90 días en el caso de una campaña presidencial, y que tal como sucede en países con democracias más avanzadas que la nuestra, se prohíba a partidos y candidatos comprar tiempos en los medios electrónicos -televisión y radio comerciales-, y que éstos sean asignados por la autoridad electoral de manera equitativa, para que no sea el gasto mayor o menor en la compra de tiempos lo que determine la mayor o menor presencia de las alternativas electorales que se ofrezcan a la ciudadanía a través de esos medios. Así se tendrían campañas equitativas y se lograría una reducción sustancial de los tiempos y las erogaciones públicas -y en su caso privadas- en las campañas electorales.
Por otro lado, y también en relación con la cuestión electoral, debe legislarse para prohibir que en las informaciones que dan las dependencias oficiales a través de los medios de comunicación a la opinión pública -televisión, radio, prensa escrita- aparezcan imágenes y nombres de funcionarios, que si bien pudieron haber participado en la promoción o ejecución de algún programa o proyecto público, no hicieron sino cumplir con su obligación y, en su caso, con un mandato ciudadano, pues fue en las precampañas irritante y ofensivo ver cómo candidatos o precandidatos de los tres partidos de mayor presencia nacional despilfarraron a lo largo del sexenio, y hasta que dejaron sus cargos, dineros públicos para su personal promoción político-electoral.
Reformar la recientemente aprobada ley de radio y televisión, recuperando para el Ejecutivo la capacidad de normar la operación de los medios de información electrónicos con sentido de servicio público y de equidad, abriendo las posibilidades, a partir de los avances tecnológicos en la materia, de otorgar nuevas concesiones a instituciones de educación superior, gobiernos estatales y municipales, organizaciones culturales y comunitarias y sociedades comerciales sin vínculos con los medios ya en operación.
Convocar a la revisión, con sentido y procedimientos democráticos, de las bases y los términos de nuestro pacto federal. De esa revisión surgirá la nueva Constitución que contenga la estructura y competencias de la Federación, los estados, los municipios y de los tres poderes de la Unión, que considere los derechos ya ganados por los mexicanos, sus nuevos derechos y los procedimientos para que el ciudadano o las colectividades hagan exigible su ejercicio frente al Estado, que esté concebida visualizando la presencia de nuestro país en el mundo globalizado, que establezca los cauces para el tránsito de una democracia representativa plena, aún por alcanzarse, a una democracia de amplia participación social, así como los mecanismos de consulta ciudadana, iniciativa popular y de revocación de los mandatos, entre otras cuestiones.