Sí a una reforma migratoria radical
Las históricas movilizaciones de migrantes, realizadas en Estados Unidos (EU) han tenido impacto positivo en el debate sobre la reforma migratoria. La criminalización de los indocumentados, su deportación y el castigo a quienes los asistan, contenidos en la iniciativa HR 4437 o ley Sensenbrenner, han sido derrotados. Además, la toma pacífica y festiva de las calles en más de 150 ciudades revivió la posibilidad de regularizar a millones, si es que no a todos los indocumentados. En su discurso del pasado lunes a la nación, el presidente George W. Bush, quien sólo apoyaba seguridad fronteriza y un programa de trabajadores huéspedes, tomó también partido por la legalización. ¿Qué sigue?
La probabilidad de lograr una reforma migratoria integral y de beneficio común dependen de lo que se haga en seguridad fronteriza. Entre más profunda o radical sea ésta, mayor la posibilidad de abrir las puertas a la residencia y la ciudadanía para los migrantes sin papeles. Para Estados Unidos cerrar la frontera a la migración indocumentada, al tráfico de personas y de drogas, y sobre todo, a la posible infiltración de terroristas, es un requisito previo a cualquier reforma migratoria. Así lo exigen la opinión pública y los electores, y así lo demandan los grupos y legisladores duros. Para ellos es preferible "un día sin migrantes" a otro 11 de septiembre, sin caer en la cuenta de que seguridad y reforma migratoria no son mutuamente excluyentes sino que se complementan.
La pregunta, entonces, no es si debe legislar sobre seguridad fronteriza, sino cuál sería la ruta que posibilite la legalización de los indocumentados y, a la vez, propicie el ambiente que requiere la región para preservar el imperio de la ley y proteger los derechos y la vida de migrantes, la convivencia social, los intereses de pueblos indios con territorio binacional y el intercambio de bienes y servicios.
La política fronteriza actual de EU no tiene como objetivo cerrar la frontera a la migración indocumentada, sino restarle incentivos desviándola hacia lugares altamente inhóspitos y peligrosos. Los resultados de estas medidas -una frontera medio cerrada-, iniciadas en 1993 por el presidente William Clinton, no podrían ser más desastrosos: cientos de muertes anuales, aumento de abusos contra migrantes, auge sin paralelo de la delincuencia organizada y la corrupción, y con ello, condiciones propicias para la infiltración terrorista. Por otra parte, continúa el abasto para la demanda de mano de obra migrante, pero mediante un perverso darwinismo social: quienes superen la vigilancia de la patrulla fronteriza, extorsiones, abusos, violaciones, los efectos de temperaturas extremas y la muerte, encontrarán trabajo en EU. Ahí, además, seguirán pagando el precio de su arribo al "sueño americano" con explotación, discriminación y, desde luego, la amenaza permanente de ser deportados.
Cerrar la frontera sur al tráfico de drogas e imposibilitar el paso de grupos terroristas son urgentes necesidades que implican evitar el flujo de la migración indocumentada. Es claro, por lo mismo, que la política en la materia no puede ser diseñada con perspectivas antimigrantes y antimexicanas. Toca a sectores progresistas dar a la seguridad fronteriza una dirección en favor de un flujo legal, ordenado y seguro, así como preservar la dignidad y derechos de los migrantes; los beneficios para los habitantes de la región, la relación bilateral y la propia paz internacional.
Dejar que las cosas sigan como están en la frontera equivale a convalidar muerte y abuso. Por otra parte, permitir que el paquete de reformas migratorias no resuelva la legalización de los indocumentados de México, Centroamérica y otras regiones; la consiguiente reunificación familiar, la protección debida a los trabajadores huéspedes para evitar la violación a derechos y beneficios que dejó el programa bracero, y el respeto a los derechos de pueblos indios con territorio binacional, sólo agravaría la polarización social en el vecino país del norte, la explotación de migrantes y las tensiones con los países de origen.
Establecer la seguridad fronteriza es responsabilidad de Estados Unidos. Ninguno de sus componentes debe quedar en manos de México o de otros países, especialmente en el control de migrantes indocumentados. El cierre de la frontera quitaría incentivos a la migración indocumentada de Centroamérica y otras regiones. En todo caso, por interés propio, México debe mejorar la colaboración con el gobierno estadunidense en el combate a la delincuencia organizada, ligada a la migración y el tráfico de drogas, así como en la prevención de acciones terroristas.
Con todo, la principal obligación de México, que subrayaría el cierre efectivo de la frontera estadunidense, es crear empleos con buenos salarios, y oportunidades de adelanto laboral, profesional y empresarial que disminuyan la severa hemorragia de capital humano y la desintegración familiar y comunitaria que ahora padecemos. Se acabarían así las políticas complacientes hacia la migración indocumentada y la fuga de cerebros. Terminaría la adicción a la "válvula de escape" laboral y a las multimillonarias remesas. Se abriría la puerta a planes de desarrollo, nacionales y regionales de beneficio popular, que corrijan la destructiva desigualdad social que nos caracteriza.
Millones de migrantes salieron a las calles el primero de mayo para demandar su legalización.
Una seguridad fronteriza -que para ser eficiente tendrá que ser a la vez radical y respetuosa de derechos- ofrece la mejor alternativa para cumplir esa demanda. Existen más posibilidades de formar una mayoría de legisladores demócratas y republicanos en favor de esta opción, que frente a cualquier otra de las que se debaten en Washington.
*Miembro fundador de la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero.