Confirman que la Guardia Nacional desplegará 800 efectivos la próxima semana

Senado se alista para aprobar la reforma; migrantes ya preparan plan de reacción

Deciden que los aspirantes a legalizarse aporten cuotas a la seguridad fronteriza

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

El Senado aprobó concluir el debate sobre la reforma migratoria este jueves, con lo cual se podrá proceder de inmediato a un voto para (si no hay sorpresas de último momento) su aprobación, en tanto las fuerzas pro inmigrantes inician su propia discusión sobre aceptar o rechazar el resultado, y las tácticas a emplear en los próximos meses en que se prolongará el proceso legislativo del tema.

Por otra parte, hoy se anunció el comienzo del despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la frontera con México; unos 800 efectivos llegarán a la zona la próxima semana

Hoy, los senadores consideraron otras enmiendas más y la coalición bipartidista que promueve la reforma "integral" logró, una vez más, derrotar intentos para anular el proyecto o sus medidas de legalización.

Sin embargo, sí se votaron otras medidas que afectan negativamente a los indocumentados: se aprobó una enmienda que impondrá una cuota de 500 dólares que se destinará a los costos de seguridad fronteriza a todo indocumentado que se beneficie del programa de legalización, es decir, pagarán las bardas y soldados en la frontera, entre otras cosas. Esto sería un cobro extra además de los 2 mil 750 dólares en multas y otras cuotas que ya están incluidas en el proyecto de ley.

Con todo, cunde el optimismo entre los que han logrado superar intentos para descarrilar este proceso por completo. "Vamos llegando a la meta. Combatimos un número de enmiendas que básicamente hubieran destruido al proyecto de ley", declaró el senador John McCain a la agencia Reuters.

Así, todo indica que en el transcurso del jueves este proyecto será aprobado, y eso marcará el inicio de lo que todos esperan será una batalla -"una colisión"- con la Cámara en el proceso de la negociación bicameral entre las versiones aprobadas, y opuestas, algo que podría durar meses.

Con todos esperando la aprobación de un proyecto de reforma migratoria en el Senado, agrupaciones y organizaciones del movimiento pro inmigrante evalúan ahora si podrán apoyar el resultado, lo cual está creando divisiones internas sobre cómo proceder e incidir en lo que promete ser un largo debate.

La negociación de la reforma migratoria debatida en el Senado ha resultado en una serie de concesiones a fuerzas conservadoras, que para algunos en el movimiento pro inmigrante tendrán que ser aceptadas a cambio de medidas suficientemente positivas para una mayoría de inmigrantes. Sin embargo, para otros estas concesiones ya resultan inaceptables.

Para Frank Sharry, director ejecutivo del Foro Nacional sobre Inmigración, agrupación en Washington dedicada a la reforma migratoria, y Cecilia Muñoz, vicepresidenta del Consejo Nacional de la Raza, es importante continuar promoviendo la reforma a través del proceso legislativo a pesar de una serie de medidas negativas -el envío de tropas, bardas, el inglés como "idioma nacional" y un número de defectos sobre el proceso de legalización-, ya que existe la posibilidad de lograr un proyecto de ley que sí logre legalizar a entre 9 y 10 millones de indocumentados, propicie mejores condiciones para trabajadores agrarios y estudiantes, entre otras cosas positivas.

Sin embargo, ambos señalan que hasta no ver el producto legislativo final que, se espera, será aprobado por el Senado este jueves, no pueden emitir un juicio sobre si vale la pena apoyarla mientras el proceso avanza en la negociación entre las versiones adoptadas en cada una de las dos cámaras. "Tenemos que balancear los beneficios para unos millones de indocumentados contra los aspectos negativos", dice Muñoz. "Si el proyecto del Senado no va mejorando, se inclina más hacia la ley Sensenbrenner de la Cámara de Representantes, y no logra el apoyo público, va ha fracasar", advierte Sharry y agrega: "si no mejora más la propuesta, saldremos sin un proyecto de ley en este Congreso".

Sharry dice que se puede llegar a tres destinos con todo esto: primero una mal proyecto de ley tipo Sensenbrenner sin medidas de legalización, criminalización de indocumentados y sólo medidas de seguridad. Segundo, nada, lo cual es mejor que algo como Sensenbrenner; y tercero, un proyecto de reforma integral en beneficio de millones, aunque no todos los indocumentados, y medidas para regularizar el flujo de inmigrantes en el futuro. "Con el movimiento desde abajo hacia Washington -dice-, con el trabajo de (la coalición pro reforma) en el Congreso, y con cierto apoyo del presidente, tal vez se logre algo... no algo perfecto, pero tal vez suficiente".

Pero a la vez, Sharry advierte que la aprobación final de una reforma integral este año "es posible, pero no es probable".

Muñoz y Sharry señalaron que hay razones para cierto optimismo, ya que hace solo unos meses pocos tenían esperanza de que procedería el debate, y mucho menos que se llegaría a un punto donde una mayoría del Senado, posiblemente una mayoría bipartidista en la Cámara de Representantes, el presidente y la opinión pública estarían a favor de una reforma integral que incluya algún mecanismo de legalización y un programa de trabajadores temporales.

Muñoz subraya que las movilizaciones de la comunidad inmigrante durante las últimas semanas "han cambiado el tono completamente". Ahora hay algo sobre la mesa que incluye la posible legalización de entre 9 y 10 millones de personas sin papeles y aunque es "imperfecto", la pregunta es si vale la pena proceder con esta lucha e intentar "mejorar" el proyecto. Sharry indica que será clave la intervención del presidente y su decisión de si desea o no trabajar con los reformistas en lugar de los conservadores en el Congreso, y de ello depende si habrá un triunfo o una derrota de todo este esfuerzo.

Ambos reconocen que hay divisiones en el movimiento pro inmigrante, donde algunos cuestionan cada vez más si actuar o no, y que, por el momento, "creemos que la vale la pena seguir", comentó Sharry.

Pero en una declaración firmada por más de 400 organizaciones y líderes de base pro defensa de inmigrantes alrededor del país -lo que podría ser la declaración colectiva más amplia de esta comunidad hasta la fecha- expresa su oposición a la versión llena de concesiones que se está finalizando en el Senado. Esta amplia gama de grupos comunitarios, laborales, religiosos e inmigrantes rechazan la versión negociada del proyecto de ley y demandan la legalización de todos los indocumentados, no aceptan la propuesta actual sobre el programa de trabajadores temporales, condenan la militarización de la frontera, y proponen la ampliación de programas pro inmigrantes y respeto pleno sus derechos laborales y civiles.

La Red Nacional Pro Derechos inmigrantes y Refugiados y el Comité de Servicio de Amigos (AFSC, organización nacional cuákera), quienes hoy difundieron esta declaración, subrayan que los grupos de base no aceptan que lo promovido por el presidente George W. Bush y el Congreso sea una "solución", más bien entienden que se tarta solo de una maniobra electorera.

"Su prisa (de los legisladores y del presidente) para lograr un acuerdo bipartidista sobre legislación migratoria ha llevado a una versión negociada que creará profundas divisiones dentro de la comunidad inmigrante y deja a millones de indocumentados en las sombras de nuestro país", afirma la declaración enviada hoy al Congreso por la Red Nacional. "Nos oponemos a la negociación detrás del escenario que se realiza en este proceso legislativo. Estas negociaciones y acuerdos se basan sobre campañas de año electoral y demandas de cabilderos empresariales, y no en los mejores intereses y voces de las comunidad inmigrante" (el texto completo está en www.nnirr.org).

Por su parte, integrantes de la coalición inmigrante en Los Angeles --entre ellos líderes de las grandes movilizaciones en esa ciudad-- enviaron este miércoles una carta a todos los senadores en la que anuncian su oposición a la versión del proyecto de ley que será votada mañana. Llaman a los legisladores a oponerse al proyecto de ley tal como está "porque excluye a muchos millones de inmigrantes indocumentados de sus probabilidades de legalización". También carece, agregan, de suficientes protecciones de derechos legales, civiles y laborales y "nutre la discriminación contra migrantes". La carta fue promovida y firmada por Antonio González, presidente del William C. Velásquez Institute, Nativo López de Hermandad Mexicana Latinoamericana y Rosalio Muñoz de Latinos por la Paz, y se espera que muchos más se sumarán en las próximas horas.