Editorial
Comicios bajo sospecha
La manifiesta y beligerante parcialidad del gobierno federal ante los comicios de julio próximo ha introducido un severo factor de desaliento ciudadano y de descrédito de los procesos electorales. Con su desembozado apoyo propagandístico al candidato oficial, Felipe Calderón Hinojosa, la Presidencia de Vicente Fox ha causado un daño mayúsculo a la incierta y precaria institucionalidad democrática, la cual parece sujeta a una regresión a los tiempos del tapado, el dedazo, la aplanadora oficial y otros conceptos de la subcultura política que habrían debido desaparecer tras la llegada a Los Pinos de un candidato no priísta.
Con estos antecedentes, y con la constante del divorcio entre los propósitos y los actos presidenciales, el anuncio formulado ayer por el titular del Ejecutivo federal de que acatará el acuerdo de neutralidad adoptado por el Instituto Federal Electoral (IFE) no deja demasiado margen para el optimismo. En efecto, el mandatario se comprometió con la equidad electoral de forma suspender las campañas publicitarias de programas de obra pública o de desarrollo social, pero no de fondo; es decir, omitió referirse a los señalamientos que lo describen como el coordinador real de la campaña de Calderón Hinojosa y como el operador en jefe del proyecto de un continuismo panista y yunquero. Para no ir más lejos, y con todas las reservas que puede merecer la catadura moral del presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Emilio González Martínez, resulta escandaloso que hasta ahora la Presidencia de la República no haya desmentido de manera tajante la acusación de que el mandatario intentó persuadir a esa franquicia partidista de que se uniera a Acción Nacional para impedir un triunfo en las urnas del PRD o del PRI.
Por lo demás, no deja de ser inquietante que el discurso presidencial de ayer incurriera en inexactitudes legales como la que llevó a Fox a asumirse como parte de "los que debemos velar porque el proceso electoral llegue a buen puerto", tarea que recae, por mandato del ley, en el ámbito de competencia del Instituto Federal Electoral (IFE). A la Presidencia de la República le corresponde, en todo caso, lo que su actual titular no ha hecho: mantener una estricta imparcialidad ante las campañas de quienes aspiran a sucederlo. Por ello, cuando el mandatario afirma que "me atañe trabajar hasta el último día de mi gobierno para que la democracia siga adelante", una lectura inevitable es que en realidad manifiesta de ese modo su determinación de lograr que el PAN siga en Los Pinos. En todo caso, Fox no ofreció lo que se le está pidiendo desde ámbitos muy diversos de la sociedad, que es que saque las manos del proceso electoral.
El IFE, por su parte, llega a la recta final del proceso con marcada debilidad, pues no ha sido capaz de poner en orden a las autoridades que realizan un descarado proselitismo, y con un descrédito de origen, toda vez que la integración de su consejo fue decidida en una negociación entre panistas y priístas que excluyó al resto del espectro político. Esa debilidad, lejos de disiparse, se acentúa cuando el organismo sugiere, por omisión, las actitudes facciosas que han imperado hasta ahora en Los Pinos: "El IFE señala el comunicado emitido ayer por la institución electoral asume que (...) el Presidente de la República adoptará una actitud plenamente neutral con respecto a las campañas(...) tanto en sus declaraciones públicas como en las acciones de gobierno". Y reitera que "la actitud neutral del presidente Vicente Fox es necesaria y fundamental para garantizar, en los comicios del 2 de julio, un sufragio libre, auténtico y efectivo para todos los mexicanos".
En un entorno de plena democracia habría sido innecesario el recordatorio a los gobernantes de sus obligaciones y limitaciones de cara al proceso electoral. También habría resultado superfluo establecer unas "reglas de neutralidad", como la de no "asistir en días hábiles a cualquier evento o acto público, gira, mitin, acto partidista, de coalición o de campaña, de los aspirantes y candidatos a cargos de elección popular federal", limitante que no debe concebirse como parte de un manual de buenas maneras políticas, sino como derivación de preceptos legales. La simple reiteración de estas "reglas" pone de manifiesto la creciente sospecha en torno a la disposición del Ejecutivo Federal a poner en juego los recursos que administra para inclinar la balanza a favor de su candidato y distorsionar, de esa forma, el sentido del sufragio popular.
El gobierno todavía está a tiempo de despejar las dudas y las incertidumbres que él mismo ha tendido sobre la limpieza y legitimidad de los comicios, pero para ello es indispensable que aclare, de una vez por todas y de manera inequívoca, su presunta gestión para alinear al PVEM tras la candidatura de Calderón Hinojosa y que, en caso de haberla realizado, se comprometa, en lo sucesivo, y más allá de abstenerse de publicitar programas de obra pública o desarrollo social, a no meter las manos en el proceso electoral. Esa sería su forma de contribuir a que el proceso sucesorio algo, al menos, en todo este sexenio saliera bien.