Fernando González Salazar, presidente de la AMPI
En aras de recuperar sus inversiones, inmobiliarias incurren en corrupción
El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Fernando González Salazar, reconoció que hay desarrolladores de vivienda en esta ciudad que en su ambición por recuperar la inversión realizada incurren en actos de corrupción o "se brincan", en muchos casos, las leyes y reglamentaciones vigentes en materia de construcción.
En entrevista telefónica, sostuvo que la situación llega a tal grado que casas que estaban catalogadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como de valor histórico y arquitectónico, han sido derrumbadas para edificar condominios.
Durante las semanas recientes, La Jornada ha publicado la inconformidad de diversos grupos organizados y ciudadanos en lo particular que han sido defraudados o engañados por desarrolladores inmobiliarios, como DeMet, Baita y Condak, entre otras, sin que haya, en varios casos, acciones eficaces de gobierno para frenar esos abusos.
Los afectados señalan como principales quejas el pago del departamento o el cajón del estacionamiento sin que hasta la fecha les hayan sido entregados; instalaciones hidráulicas o eléctricas en condiciones de inseguridad; viviendas que a pesar de ser nuevas muestran ya señales de deterioro, y problemas para hacer sus propios contratos de luz, agua y predial.
Frente a este panorama, González Salazar precisó que "el problema fuerte es con los desarrolladores inmobiliarios, quienes han encontrado diferentes formas de vender más metros de construcción sacrificando áreas comunes o bien excediéndose en la altura establecida por la ley".
Resaltó que la premura con que actúan esas empresas las lleva incluso a no hacer estudios sobre la infraestructura disponible en la zona donde construirán sus condominios, lo que ha repercutido en tener diversos problemas para los condóminos, como agua, ya que no es lo mismo abastecer a una vivienda que a 10.
"Además, se dan fenómenos de alta corrupción para la autorización de esos proyectos inmobiliarios, por eso no se respetan los árboles que existían en los predios, ni la colindancia con otras casas, ni el nivel de densidad, ni los porcentajes de áreas libres ni el uso de suelo de la zona a construir", afirmó el presidente de la AMPI.
Por eso, añadió, las autoridades han tenido que hacer campañas para poder frenar todas esas anomalías, "pues se genera la corrupción provocada por los desarrolladores que buscan un mayor retorno de las inversiones que hacen al levantar sus condominios".
-¿Pero parece que no hay quien las pare?
-La cuestión es que hay desarrolladores inmobiliarios que entran a un proyecto, lo construyen, venden las viviendas y se desaparecen, y los problemas se quedan para los condóminos.
Fernando González consideró que los factores que han incidido en ese panorama son, por una parte, el bando dos del GDF, que restringe la construcción de vivienda a ciertas delegaciones, y la limitada capacidad de operación de la Procuraduría Social del DF (Prosoc).
En el caso de esta última, mencionó que el número de condominios en el Distrito Federal ha crecido de manera acelerada en los últimos años y la Prosoc sigue con la misma estructura "y el tamaño del problema claro que la ha rebasado".
Citó, como dato, que si en esta capital hay 20 millones de habitantes, 10 de ellos tienen una propiedad, y de éstos 30 por ciento vive en un condominio, y la Prosoc debe tener, cuando mucho, 50 empleados "y si queremos seguirle mandando todo a la Procuraduría Federal del Consumidor, nunca tendrán respuesta pronta, por eso se debe fortalecer y dar más facultades a la Prosoc".
Por último, recomendó a los capitalinos que quieran comprar una vivienda en condominio que verifiquen que los contratos que vayan a firmar con los desarrolladores inmobiliarios estén registrados en la Profeco, lo que ya es una obligación y una forma de defenderse.