"La garantía es la ley; no respondemos a tiempos electorales", dice el procurador
Asegura Cabeza de Vaca que atenderá con imparcialidad las denuncias del PRD
La Procuraduría General de la República (PGR) atenderá con imparcialidad las denuncias que el PRD presentó contra el presidente Vicente Fox y el candidato panista a la Presidencia de la República, Felipe Calderón, aseguró ayer el titular de la dependencia, Daniel Cabeza de Vaca, quien refirió que aún no se puede saber si se citará a comparecer al titular del Ejecutivo federal ni al abanderado del blanquiazul.
En conferencia de prensa que dio en las nuevas instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Cabeza de Vaca descartó que la inauguración del edificio sea parte de una estrategia de difusión electoral para favorecer a Calderón. "No hay nada de eso: teníamos el lugar y había que empezar a ocuparlo; no respondemos a los tiempos electorales".
El titular del Ministerio Público Federal refirió que la ley es la única garantía de que la institución a su cargo actuará de manera imparcial al resolver las denuncias penales y de carácter electoral.
Durante la conferencia, señaló que "la garantía (para los denunciantes) es la ley; nosotros nos guiamos exclusivamente por ella. No respondemos a tiempos electorales. Las denuncias serán atendidas con toda imparcialidad, como se ha hecho siempre".
El procurador de la República indicó que es muy pronto para que el Ministerio Público Federal determine si será necesario que el Presidente rinda su declaración y responda a la querella del PRD. "Habría que evaluar los hechos; por el momento es prematuro, hay que esperar", puntualizó.
En caso de que se ratifique la denuncia perredista, la PGR podría pedir al presidente Fox que rinda su declaración por escrito o incluso el Ministerio Público Federal tendría que acudir a la residencia oficial de Los Pinos para escuchar lo que tuviera que decir el titular del Ejecutivo federal, ya que la ley así lo establece cuando se trata de funcionarios de primer nivel gubernamental.