Presenta Soberanes informe preliminar sobre los hechos

Dicen la verdad mujeres violadas en Atenco: CNDH

Los abusos sexuales son faltas de lesa humanidad, dice el ombudsman

VICTOR BALLINAS

Al presentar el Informe preliminar sobre los hechos de violencia en Texcoco y San Salvador Atenco, ocurridos el 3 y 4 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aseveró que "nadie puede decir que las 19 mujeres mexicanas y las cuatro extranjeras mienten -en sus denuncias sobre violación y abuso sexual-, lo tenemos acreditado con actas circunstanciadas, videos, opiniones médicas y fotografías; por ello, el 9 de mayo dimos vista al Ministerio Público del estado de México".

El ombudsman nacional, José Luis Soberanes, informó que a resultas de la irrupción de las policías Federal Preventiva, estatal y municipal se han recibido 211 quejas; algunas se refieren a más de una violación a derechos humanos; de ese total, 202 personas acreditan lesiones como consecuencia de tratos crueles, inhumanos o degradantes; 123 denuncian daño en propiedad ajena; 80, cateos ilegales; 76 señalan robo; 64, incomunicación; 29, amenazas, y 28, dilación o negligencia médica.

Se quería ocultar los hechos

Soberanes dijo a este diario que las agresiones contra las mujeres "nos parecen muy graves, por ello no lo podíamos mantener oculto por ningún motivo; los abusos sexuales son faltas de lesa humanidad que teníamos que dar a conocer para que la sociedad presione y se resuelva cuanto antes. Es probable que se hayan querido ocultar estos hechos; las violaciones ocurrieron en el traslado, arriba de los autobuses. Es muy difícil que se supiera". Añadió que espera que la procuraduría mexiquense investigue y sancione conforme a la ley.

En la conferencia de prensa en que se presentó el informe preliminar, la segunda visitadora general de la CNDH, Susana Thalía Pedroza, insistió en que los ataques sexuales -siete violaciones y 16 abusos- están tipificados en el Código Penal de la entidad. "Si se cotejan las declaraciones de las agredidas con el capítulo de tema sexual como delito, ahí es donde la Procuraduría General de Justicia del Estado de México tiene que clasificar si se trató de abuso sexual o violación impropia."

Una "violación impropia", refirió la segunda visitadora, es "introducción de dedos, objetos y otro tipo de situaciones. Incluso la obligación del sexo oral es una violación; así está tipificada en esa entidad". Abundó que "cuando en los medios (de comunicación) se dice que se apliquen a las afectadas los exámenes sexuales, hay que recordar que hay un protocolo que en esta materia dice que a las mujeres que han sufrido abuso sexual se les puede practicar otro examen, no necesariamente el ginecológico, sino uno sicológico, que sirve, junto con las actas circunstanciadas, las opiniones médicas y las fotografías, para acreditar que verdaderamente sufrieron abusos sexuales".

Dijo: ''Pasemos al tema de la violación sexual, como lo tiene tipificado el estado de México. Han pasado 19 días y podrán saber ya el tipo de respuesta, pero este abuso también se puede acreditar sicológicamente".

Por su parte, Soberanes Fernández denunció que se han enfrentado obstáculos en la investigación que realiza la CNDH: "El 3 de mayo, a los visitadores adjuntos que acudieron a San Salvador Atenco a fin de constatar el estado físico en que se encontraban los agraviados y los agentes policiacos lesionados, los pobladores les impidieron el acceso al auditorio municipal Emiliano Zapata; asimismo, elementos de la Policía Federal Preventiva no permitieron el libre tránsito a los visitadores para ingresar al lugar donde se llevaban a cabo las detenciones y dar fe de los procedimientos seguidos''.

En el caso de las mujeres, en los certificados médicos elaborados a su ingreso al penal de Santiaguito, en Almoloya, se advierten "irregularidades en su elaboración, como falta de orden cronológico en la descripción de las lesiones externas, descripción parcial de lesiones, es decir, no se dan las características específicas de cada una, y además es superficial".

Aunado a ello, la segunda visitadora general, encargada de la investigación, denunció: ''La CNDH tiene constancia de que en el penal de Santiaguito una de las mujeres agredidas manifestó haber sufrido agresión sexual, y no se le hizo caso; se arrancó la hoja y fue sustituida. En el tema de violaciones de naturaleza impropia han transcurrido 19 días y hay ciertos documentos que tenemos donde hay responsabilidad de la autoridad al no actuar a tiempo".

Susana Thalía Pedroza insistió: "Otra forma de acreditar las agresiones sexuales y ataques son las fotografías y videos; si a alguna mujer le hacen algo en el cuerpo, físicamente queda reflejado ahí, se mantiene, y es precisamente en ciertas zonas, para decir que hubo abusos sexuales".

Ante las preguntas de por qué las mujeres agredidas no quisieron hacerse el examen médico, el ombudsman dijo: "Cuando una mujer ha sido violada, no quiere que la revisen; está pasando por un trauma y no se le puede forzar a una revisión ginecológica, porque en un momento dado podría representar una segunda violación".

A su vez, ante la insistencia de los reporteros de por qué no se practicaron los exámenes médicos, la segunda visitadora aseveró: "Una mujer del propio movimiento fue la que impidió a las mujeres que querían denunciar las violaciones y abusos sexuales que lo hicieran", pero no abundó en el tema ni precisó a quién se refería.

Soberanes destacó que San Salvador Atenco es un escenario de crisis recurrentes, un espacio social sujeto a presiones muy diversas y de varios orígenes. "Desde la legítima defensa de la tierra, ancestralmente en poder de los lugareños, hasta caldo de cultivo de grupos con intensa capacidad de agitación fácilmente transformable."

Sostuvo que en el operativo del 4 de mayo, "cuando se actuaba con la legítima intención de rescatar a los policías retenidos, se cometieron errores y excesos que van más allá de sólo empañar una operación aparentemente exitosa. Es innegable que hubo violaciones a derechos humanos".

La CNDH dijo que "algunos manifestantes rebasaron los límites de su derecho a manifestación pero, de ser así, no se justifica el hecho de que los elementos encargados de la seguridad y vigilancia se excedieran en el uso de la fuerza pública".

Se pueden documantar violaciones a la dignidad humana relativos a la "integridad física, a la legalidad, a la libertad sexual y a la seguridad jurídica", sostuvo finalmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos.