Final infeliz
La sombra de Atenco se ha posado sobre esta sociedad que acumula agravios y se mete en un serio conflicto político agravado por la cercanía de las elecciones presidenciales.
Es claro que el Estado tiene la fuerza material para contener los actos de violencia como el ocurrido en Texcoco y Atenco hace pocos días. Eso lo entienden bien el gobierno federal y el del estado de México. Lo que no comprenden el presidente Fox ni el gobernador Peña Nieto es que no tienen ningún argumento legal, ni mucho menos moral, para justificar la represión de la gente de ese pueblo, las vejaciones a las que sometieron a los detenidos, los abusos y violaciones a las mujeres, y deportaciones sumarias.
El caso de Atenco tiene un dejo de venganza: fue la marca del inicio de este gobierno y será la marca ominosa de su final. Tiene también mucho de abuso de la fuerza pública y más de ineptitud de los funcionarios del gobierno de los tres partidos, tanto del municipio, del estado y del país.
Además, deja ver a plena luz que la inseguridad de la que tanto hablan emana no sólo del crimen organizado y de los grupos violentos, sino que surge igualmente de las corporaciones policiacas -desde los policías que las forman hasta los jefes de más alto nivel-, de los Ministerios Públicos y las procuradurías, de las instancias que deben resguardar la integridad de la gente y de la incapacidad de la Secretaría de Gobernación.
Eso no es aplicar el estado de derecho como suelen decir desde el gobierno; es someter sin contención alguna a una población que no cede. Eso se hace al amparo de una legalidad frágil que promueven los mismos que deben velar por ella y que así se ponen no a la misma altura, sino por debajo de quienes llaman delincuentes y revoltosos, que también han mostrado sus cartas.
No hay manera, así, de imponer ley alguna ante la violencia, sea como ésta se manifieste, pues la violencia se ejerce desde el poder. Quienes apoyan esa campaña de represión en aras del orden, conducida desde la televisión y la radio comerciales, no se dan cuenta de que esa lógica de control y castigo que ejerce hoy el gobierno puede ir en cualquier dirección. Las denuncias hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deben ser una causa común de los ciudadanos en contra de un autoritarismo, que en cuanto tiene ocasión se manifiesta sin recato alguno. Ese es un verdadero peligro para el país.
Atenco no es un caso aislado: poco antes se reprimió también con violencia a los mineros en Michoacán; otra vez una muestra de intolerancia de gobernantes desbordados, de partidos de distintos colores que tienen una corta visión del sentido de los conflictos sociales y de la democracia que dicen defender.
El campo laboral ha sido por mucho tiempo un ámbito de violencia gubernamental. Recuérdese que en 1992 se discutía abiertamente en la campaña electoral por la presidencia de Estados Unidos acerca de la firma de un tratado de libre comercio con México, el NAFTA. Ross Perot, magnate texano y candidato independiente que contendió con Bush padre y con Clinton, se oponía al tratado y advertía que los empleos de los estadunidenses se moverían a México por la diferencia salarial. Sus oponentes decían que la apertura del mercado crearía más puestos de trabajo en ambas partes por las corrientes de inversión y las mayores oportunidades de negocio.
Se equivocó Perot, pero sobre todo se equivocaron Salinas y sus ejecutores del TLC. En una primera etapa crecieron las inversiones productivas y la exportación de mercancías. Ese impulso permitió al gobierno de Zedillo superar la fuerte crisis de 1995. Pero dejó una gran deuda al gobierno, un quebranto del bienestar de las familias, una grave fragilidad institucional y un conflicto que persiste hasta hoy.
Se equivocaron Salinas primero, después Zedillo y Fox por su dogmatismo en cuestiones económicas, por la falta de adaptación de esta economía para competir con la más grande del mundo, porque los ajustes que provoca el mercado de manera "automática" no se distribuyen equitativamente entre los trabajadores y las empresas de ambos países.
La capacidad competitiva de esta economía se ha estancado y pierde terreno frente a muchos países, no nada más ante China. El TLCAN no generó suficientes empleos, que son mínimos en este sexenio, mientras crece la informalidad y la migración se convirtió en la válvula de escape. Hoy ésta se tiene que contener con un muro y con policías y soldados en el lado de allá de la frontera. La falta de empleo y la continuidad de la política económica es un peligro para el país.
Y en este final infeliz del autodenominado "gobierno del cambio", los golpes a la gente y la expulsión de los trabajadores se combinan con la falsedad de una democracia que se proclama de boca para afuera, pero en la que el Presidente se involucra sin reserva para alcanzar una sucesión a su conveniencia y tiene puesto a modo al sistema electoral. Esta es otra forma de violencia contra los ciudadanos, flaca herencia de quien se proclamó el primer presidente de la democracia.