Se trata de 10 proyectos para prestar servicios, abiertos a la inversión privada
Plan transexenal de Vicente Fox compromete $3 mil 400 millones
Agotado el esquema de Pidiregas para financiar infraestructura, queda una deuda pública por más de $460 mil millones
Los PPS justifican la participación de la IP en educación, salud y carreteras
El gobierno del presidente Vicente Fox Quesada prevé licitar diez Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) durante los últimos seis meses de su mandato, con lo cual se comprometen inversiones transexenales por 3 mil 400 millones de pesos, y quedarían 22 proyectos más como potenciales para llevarse a cabo bajo este esquema por alrededor de 26 mil 400 millones de pesos más, unos 2 mil 400 millones de dólares, indican informes dados a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Esta modalidad constituye un nuevo campo de negocios para la iniciativa privada, puesto oficialmente en marcha en 2005, una vez agotado el esquema para financiar obras de infraestructura conocido como Pidiregas, el cual ha dejado un endeudamiento público por más de 460 mil millones de pesos que heredará esta administración al siguiente gobierno.
De manera similar a los argumentos utilizados desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari para promover negocios con cargo al presupuesto público, los PPS justifican la participación de capitales privados en obras públicas que atienden carencias de la población en educación, salud y carreteras.
De acuerdo con información de la SHCP, actualmente se encuentran en proceso tres Proyectos para Prestación de Servicios. Uno de ellos se ubica en El Bajío, la región con mayor comunicación carretera en el país, y se refiere a la ''ampliación y modernización'' de los tramos Querétaro-Irapuato e Irapuato-La Piedad; el primero de ellos ganado por Ingenieros Civiles Asociados. Otro corresponde al Hospital Regional de Alta Especialidad de El Bajío y Unidad de Apoyo, asignado por licitación a una empresa denominada Acciona SA; el tercero se refiere a la Universidad Politécnica de San Luis Potosí.
Además, ''se han identificado 22 proyectos potenciales'' por un monto de 26 mil 400 millones de pesos de ''inversión impulsada'', distribuidos así: 11 tramos carreteros, siete hospitales regionales y unidades de especialidades médicas, y cuatro en centros de educación superior.
La participación de la iniciativa privada en proyectos de infraestructura fue un experimento económico puesto en marcha durante el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo, a través de los Pidiregas, por los cuales se ha asumido una deuda pública que al término de marzo de 2006 ascendió a 460 mil 283 millones de pesos.
De esta cantidad, más de tres cuartas partes corresponden a deuda externa, resultado de los proyectos de inversión pública financiados por empresas privadas nacionales y extranjeras; su monto es de casi 33 mil millones de dólares.
En contraste, la inversión pública se ha reducido casi a la mitad de lo que representaba hace 20 años, mientras la inversión privada en infraestructura ya triplica los recursos públicos presupuestales destinados al mismo fin. Según Luis Alberto Ibarra, titular de la Unidad de Inversiones de la SHCP, en 2005 el monto de los recursos presupuestales destinados a la inversión pública representó menos de 5 por ciento del producto interno bruto (PIB); en tanto que el sector privado participó con alrededor del 15 por ciento.
Gabriela Quesada Lastiri, directora general de infraestructura de la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia de la República, los PPS que se liciten en lo que resta de este sexenio trascenderán al próximo gobierno, porque se trata de proyectos a largo plazo cuyos recursos ya fueron aprobados y comprometidos por ley, por lo que los inversionistas no deben temer un riesgo al respecto.
''Si estos contratos se dejan de pagar sería una violación a las leyes de adquisiciones y la de responsabilidades, pero si sucede, el inversionista puede acudir al Poder Judicial a exigir el cumplimiento del contrato. Pero ¿quién va a querer dejar de pagar un contrato a riesgo de perder una infraestructura de calidad, como un hospital? La ciudadanía no lo merece y yo veo muy bajo el riesgo político y prácticamente cero el riesgo contractual o legal'', dijo.