Se duplicaron desfalcos con cheques y tarjetas de crédito y de débito, según la ABM
Fraudes bancarios hasta por mil millones de pesos en este sexenio
En el robo de identidad los delincuentes se apoderan de datos de cuentas o bandas magnéticas
La legislación aprobada por el Congreso clasifica estos delitos de graves y se castigan con cárcel
Grupos de crimen organizado cometen fraudes con cheques y tarjetas de crédito y débito por un monto que en el último año llegó a mil millones de pesos, prácticamente el doble del registrado al inicio de la actual administración federal, revelaron datos de la Asociación de Bancos de México (ABM).
"Es increíble, pero no había elementos para perseguir a estos defraudadores", comentó Marcos Martínez, presidente de la ABM, al hablar de una nueva legislación que endurece las penas contra defraudadores con instrumentos bancarios.
Los fraudes más usuales con estos instrumentos son el llamado "robo de identidad", en el que las bandas de delincuentes se apoderan de los datos contenidos en estados de cuenta o bandas magnéticas de los plásticos, así como la falsificación de cheques y tarjetas.
La ABM detalló que el monto de los fraudes con cheques y tarjetas de débito o crédito han aumentado de manera consistente en los últimos años, aun con los esfuerzos e inversiones que canalizan las instituciones de crédito para mejorar sus sistemas de protección.
El organismo que aglutina a los bancos que operan en México informó que a mediados de la década pasada los fraudes con cheques y tarjetas alcanzaron un monto anual de 313 millones de pesos, cantidad que creció a 365 millones de pesos anuales a finales de la década.
Hacia el año 2000, los fraudes con cheques y tarjetas de crédito alcanzaron 530 millones de pesos, cantidad que creció 30 por ciento para 2003, cuando se situó en 700 millones de pesos. Todas las anteriores son cifras consolidadas y verificadas.
Actualmente, los fraudes bancarios con cheques y tarjetas de crédito y débito suman mil millones de pesos, aunque estas cifras deben todavía ser consolidadas, de acuerdo con las estimaciones de la propia ABM.
El incremento en la defraudación, una práctica que provoca pérdidas tanto a las instituciones como a los usuarios de los servicios financieros, ha ido de la mano del aumento en el monto de las transacciones que maneja el sistema de pagos del país.
En 2001, el sistema bancario procesó mil 67 millones de transacciones con tarjetas de crédito y débito. La cifra creció el año pasado a mil 431 mil millones de transacciones, variación que representó un crecimiento de 34 por ciento.
También de acuerdo con datos de la ABM, el importe de las transacciones con tarjetas de crédito y débito en 2001 fue de 633 mil millones de pesos, cantidad que el año pasado alcanzó un billón 433 mil millones de pesos, diferencia de 126 por ciento entre un año y otro.
Una nueva legislación recién aprobada por el Congreso y que entró en vigor recientemente, establece un cambio en la clasificación de los delitos relacionados con el fraude con cheques y tarjetas bancarias, que ahora sí son considerados como graves y por lo tanto con castigos de cárcel mayores para los delincuentes.
"Esta nueva ley ayuda a los bancos, a los usuarios y sobre todo ayuda al sistema judicial para que los jueces tengan más herramientas para castigar el delito", consideró Marcos Martínez.
Se trata de reformas a la Ley de instituciones de crédito, a la Ley general de títulos y operaciones de crédito, el Código federal de procedimientos penales y la Ley federal contra la delincuencia organizada.
Con las modificaciones legales se clasifican como delitos graves, sin derecho a libertad bajo fianza, el uso ilegal de tarjetas de crédito y débito; tarjetas de servicios, tarjetas de crédito comerciales no bancarias, cheques y medios electrónicos de pago.
Además, se consideran como delito todas las partes del proceso de falsificación, desde la obtención sin consentimiento de datos del tarjetahabiente (una práctica conocida como skimming), así como la producción, fabricación, reproducción, impresión, comercialización, distribución y uso de los medios de pago falsos.
En la nueva legislación se establecen penas de tres a nueve años de cárcel y multas de 30 mil a 300 mil días de salario mínimo (hasta 13.5 millones de pesos), con agravantes si el delincuente es empleado o ex empleado bancario.