Exigen restituir derechos laborales cancelados
Trabajadores de la UAQ piden revocar convenio con el IMSS
Querétaro, Qro., 18 de mayo. Personal docente y administrativo de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) solicitó al rector de esta casa de estudios, Raúl Iturralde Olvera, que revoque el convenio firmado el 24 de marzo pasado con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la entidad, para no pagar lo correspondiente al rubro de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez (RCV), acción que consideraron atenta contra sus derechos laborales.
La UAQ tiene un adeudo con el IMSS de 231 millones 866 mil pesos, sin contar multas y recargos por la ausencia del pago de cuotas en el rubro de RCV de 1988 al sexto semestre de 2005, a pesar de que "quincenalmente fueron descontadas de nuestro salario".
Para saldar ese pasivo, la UAQ, junto con los representantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados (STEUAQ) y Sindicato Unico de Personal Académico (SUPAUAQ), firmaron un convenio con el IMSS en el que se estableció que la casa de estudios quedaba excluida para "responder por las prestaciones derivadas de los seguros" de RCV.
Esta acción fue llevada a cabo con la justificación de que la universidad otorgaba un "doble pago" a sus empleados en este rubro, pues, lo brindaba la institución y en su momento lo realizaba el IMSS, para lo cual la UAQ pagó las cuotas sólo hasta 1988.
Para que la UAQ firmara ese convenio con el consentimiento de los sindicatos antes mencionados, tenía que integrar un fideicomiso para cubrir la prestación de jubilaciones con sus trabajadores, lo que no ha ocurrido hasta el momento.
Es por esto que algunos docentes de esta casa de estudios están inconformes, pues a parte de que la UAQ les canceló el derecho laboral de la prestación de jubilación, con la firma del mencionado convenio, también temen por la cancelación de "atención médica por accidentes no laborales, guardería, vivienda y pensión (por viudez, orfandad, incapacidad vitalicia de hijos, enfermedades no laborales e invalidez por accidente), entre otras que hasta ahora no sabemos".
Los firmantes de un documento que está dirigido a la comunidad universitaria, establecieron que las implicaciones del mencionado convenio "atentan contra los derechos del contrato colectivo y cancelación de un derecho social a las que se obliga tripartitamente el Estado, el empleador y la aportación del propio trabajador".
Refieren que el pago de la jubilación y pensión de trabajadores de la UAQ constituye un derecho social obtenido a través del contrato colectivo de trabajo "sin que signifique duplicidad de cobro, sino complementariedad de subsistencia de derechos ganados".
Consideraron que las dirigencias de los sindicatos antes mencionados y el rector de esta casa de estudios firmaron un convenio que "mutila gravemente nuestros derechos (que no privilegios como se pretende hacer creer), sin consultar a la base sindical en asambleas generales y sin auscultar en nuestro máximo órgano, el H. Consejo Universitario", por lo que solicitaron la nulidad de ese convenio y la restitución de sus derechos cancelados.
En el documento antes mencionado aparecen como responsables del mismo Elsa Vega Fernández, Rosa Adriana Segura Pérez, Yolanda Quiroz Gatica, Gregorio Iglesias Sahagún, Raquel González Yola, José López Salgado, Héctor Andrade Montemayor, docentes, administrativos y estudiantes de las facultades de Sicología, Ciencias Naturales, Medicina, Filosofía, Ciencias Políticas y Sociales, Química, Derecho, las dos preparatorias de esta casa de estudios, las áreas de Desarrollo Académico, Centro de Estudios Académicos de Contaminación Ambiental y jubilados de la UAQ.