Insiste en que los hermanos Bribiesca Sahagún obtvieron beneficios ilícitos
Rechaza comisión legislativa que el rescate bancario sea tema concluido
Hacienda e IPAB pretenden desacreditar investigaciones sobre Construcciones Prácticas, afirma
El Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) no ha cumplido a la fecha los dos mandatos del Congreso federal para revisar las operaciones de compraventa de cartera y reducir el costo fiscal del salvamento a la banca privada, por lo tanto el rescate "no es un tema concluido", aseveró la comisión investigadora de la empresa Construcciones Prácticas, vinculada con los hijos de Marta Sahagún Jiménez.
Al responder a la posición del IPAB, en torno a la limpieza y transparencia del proceso de rescate bancario, los diputados Sofía Castro, Jesús González Schmal, Jorge Legorreta y Joel Padilla manifestaron inconformidad ante la postura institucional porque, entre otras circunstancias, "la existencia de prestanombres, cheques, fideicomisos y empresas adquiridas o creadas ex profeso por los hermanos Bribiesca Sahagún sustenta la presunción de haberse obtenido beneficios ilícitos".
El malestar provocado a los diputados federales por la publicación del posicionamiento referido del IPAB, llevó a éstos a la siguiente conclusión: "esta comisión ha encontrado diversas pruebas que apuntan a la existencia de graves irregularidades en el rescate bancario y en el programa de venta de activos del instituto".
A decir de los integrantes del órgano legislativo, durante los recientes días tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como el IPAB desplegaron una campaña en distintos medios de prensa escrita para legitimar y legalizar las acciones puestas en marcha durante el rescate bancario.
Tales señalamientos, se manifiesta, sólo pretenden desacreditar las investigaciones de la comisión especial y de la Auditoría Superior de la Federación, en torno al desempeño de la empresa Construcciones Prácticas, ligada a Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún.
"En la exposición de motivos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, aprobada el 12 de diciembre de 1998, se estableció que los programas de capitalización y compra de cartera del Fobaproa habían contravenido las disposiciones señaladas en la Constitución. Lo anterior motivó al Congreso para que ordenara dos mandatos al IPAB, el primero tendiente a revisar las operaciones llevadas a cabo durante el rescate bancario, para depurarlas, y las legales, para reconocerlas como deuda pública, y reducir el costo fiscal y social del mismo".
El texto consensuado por los diputados Castro, González, Legorreta y Padilla señala que por "cuestiones de conflicto de interés, tráfico de influencias, negligencia y corrupción, para muchos de nosotros, esos dos mandatos dados por el Congreso no se han cumplido en prejuicio del interés público.
"Desafortunadamente y contrario a lo que señala la SHCP en su desplegado de hoy (ayer) esta comisión investigadora, hasta ahora, no ha contado con la colaboración y disposición del IPAB y de la secretaría para informar y rendir cuentas sobre las condiciones y resultados de las operaciones del remate de bienes del instituto a favor de Construcciones Prácticas".
Incumplió Fox promesa de reformar el sistema bancario y refrenda prerrogativas
En su campaña electoral, hace seis años, Vicente Fox Quesada prometió reformar el sistema bancario mexicano con objeto de hacerlo más competitivo, regulado y supervisado. El candidato presidencial del PAN y Partido Verde reconocía entonces la incapacidad de las instituciones financieras. "Es producto de los errores de conducción económica, de la corrupción, de la colusión entre funcionarios y malos banqueros".
A la fecha, tras cinco años de gobierno ha sido evidente el interés del foxismo por mantener intactas las prerrogativas de los banqueros, sobre todo en el caso Fobaproa-IPAB.
En febrero pasado, el Presidente de la República promovió una controversia constitucional con objeto de impedir el descuento a Banamex -institución vendida por Roberto Hernández a Citigroup- de aproximadamente 7 mil millones de pesos, producto de operaciones ilegales duramente el rescate bancario.
Posteriormente, tras las controversias constitucionales en torno a la cuenta pública 2001, se descubrió que el sistema bancario en México es uno de los más costosos en el mundo, las comisiones por el uso de los servicios bancarios son las más elevadas.
El sostenimiento de los privilegios a los banqueros se extendió al ámbito fiscal porque se pretende gravar más a los sectores más desfavorecidos y a las personas físicas, mientras se desgrava a las personas morales.
En ese sentido, refirió el analista financiero, Mario Di Costanzo a este diario, "uno de los problemas fundamentales del sistema tributario en México es la administración y fiscalización de los impuestos. Durante los últimos años, y como consecuencia de las iniciativas que en materia fiscal del Ejecutivo federal ha enviado a la Cámara de Diputados, el Congreso ha solicitado al SAT una serie de datos estadísticos que ha puesto en evidencia las graves fallas en cuanto a la función recaudadora de dicho organismo, dentro de las cuales no puede ser ajena la discrecionalidad y la corrupción que existe dentro de la entidad recaudadora del gobierno federal, de hecho estas fallas persisten y se han convertido en el talón de Aquiles del sistema tributario".
Tales beneficios para los entes privados se desglosan de la siguiente forma. Al mes de junio de 2005, la cartera de créditos fiscales ascendió a 446 mil 463 millones de pesos, de los cuales 132 mil millones se catalogan como irrecuperable y 169 mil 119 están en algún tipo de litigio, es decir se encuentran controvertidos.