Bajo control de los prisioneros, 51 cárceles de Sao Paulo, indica balance oficial

Se extienden motines carcelarios en Brasil; van más de 50 muertos

La ofensiva de la banda Primer Comando de la Capital alcanza a Paraná y Matto Grosso

Sometidos, unos 240 celadores, policías municipales y hasta bomberos; hay 82 detenidos

REUTERS, AFP Y DPA

Sao Paulo, 14 de mayo. Pandilleros armados con fusiles de grueso calibre, granadas y pistolas, integrantes de una banda del crimen organizado brasileño autodenominada Primer Comando de la Capital (PCC), lanzaron hoy un centenar de ataques contra puestos policiales en Sao Paulo, donde una serie de motines carcelarios iniciados la noche del viernes causaron la muerte de 52 personas hasta la madrugada del domingo.

Las rebeliones en por lo menos 64 de las 144 cárceles del estado más rico de Brasil entraron hoy en su tercera noche consecutiva, pero además se extendieron a penitenciarías de los estados de Paraná y Matto Grosso, también en el sur de este país con 180 millones de habitantes.

En los hechos de este fin de semana, 35 de los 52 fallecidos eran policías estatales, 14 pandilleros y civiles los tres restantes, según el recuento oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo, que ubicó en 39 el número de heridos.

La ofensiva del PCC ha sido atribuida extraoficialmente por fuentes policiales y gubernamentales al traslado de 765 miembros de la organización delictiva, entre quienes se encuentra su líder, Marcos Williams Herbas Camacho, alias Marcola, de 39 años, quien opera desde una prisión paulina con apoyo de teléfonos celulares y una red de seguidores y esposas de prisioneros.

Los 765 reos fueron llevados a una cárcel de máxima seguridad recientemente renovada, situada a 620 kilómetros de la ciudad de Sao Paulo.

"Lo lamento por las víctimas, por los familiares, pero este es el resultado de un país que durante la mitad del siglo XX fue gobernado creyendo que la inversión en educación, salud y política social era un gasto", afirmó el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, al comentar los acontecimientos del fin de semana. El mandatario hizo declaraciones a medios brasileños que cubrieron su participación en la cuarta cumbre eurolatinoamericana en Viena.

La ofensiva actual del PCC supera a la rebelión organizada en febrero de 2001 en 20 cárceles del estado, con saldo de cinco muertos, así como los ataques lanzados contra puestos policiales en noviembre de 2003, que provocaron la muerte de 11 agentes y siete pandilleros.

La policía estatal paulista ha podido sofocar varios de los amotinamientos, pero de acuerdo con el balance oficial de este domingo por la noche, 51 penitenciarías permanecen bajo control de los prisioneros.

Unos 240 celadores, policías municipales y hasta bomberos, permanecen sometidos como rehenes, según la Secretaría de Administración Penitenciaria de Sao Paulo, el estado más poblado del país con 42 millones de habitantes.

Uno de los peores actos de violencia en el interior de las prisiones -conocido hasta ahora- sucedió en la cárcel de Jaboticabal, en el interior de Sao Paulo, donde los presos amotinados encerraron en una celda al director de la prisión, Adelson Taroko, y le lanzaron colchones incendiados.

El funcionario tiene quemaduras en 80 por ciento del cuerpo y fue internado en un hospital, donde su estado fue declarado grave.

La tensión impera en Aracatuba, donde los amotinados amenazan con hacer explotar garrafas de gas atadas a los cuerpos de 12 agentes mantenidos como rehenes, si las tropas de choque de la policía entran en el penal para contener el motín.

En una cárcel de Foz de Iguazú, Paraná, y en cuatro de Matto Grosso -tres de ellas de máxima seguridad-, los presos tomaron en rehenes a guardias y familiares que acudieron hoy a los recintos, en el día de visita.

Tres establecimientos de resguardo de menores de edad en Sao Paulo también iniciaron revueltas para protestar por las condiciones en que se encuentran e igualmente tomaron en rehenes a funcionarios y familiares. Los jóvenes quemaron colchones y subieron a los techos de las instalaciones, pero por la tarde, la policía recuperó el control.

En pleno centro de Sao Paulo un autobús fue incendiado por miembros del PCC, pero el incidente no causó daños personales.

En cuanto a los seguidores del PCC que han actuado fuera de las prisiones, la policía paulista informó de la captura de 82 personas sospechosas de estar vinculadas con los ataques a las fuerzas estatales y de la incautación de 97 armas de fuego.

El PCC fue creado en los años 90 por reos de penitenciarías paulistas. Algunos especialistas en temas de seguridad pública suponen que esta agrupación delictiva es una ramificación o una "disidencia" de otro grupo llamado Comando Vermehlo (Comando Rojo), que actúa en Río de Janeiro y cuyo jefe máximo es Fernandinho Beira Mar, extraditado de Colombia, donde fue encarcelado por estar involucrado con el tráfico de drogas.

Además de las dos grandes demostraciones de fuerza en 2001 y 2003, el PCC ha lanzado varios ataques menores en 2006, lo cual incluye ejecuciones callejeras de agentes policiales.

En sus declaraciones desde Viena, Lula ofreció apoyo policial al gobierno estatal paulista, pero el gobernador Claudio Lembo -del opositor Partido Liberal- rechazó la ayuda y dijo confiar en que las policías civil y militar tomarán el control de la situación.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han dado seguimiento a los problemas carcelarios de Brasil en los últimos años y afirman que, de acuerdo con especialistas brasileños, los conflictos en las prisiones se deben a los "escandalosos" abusos en contra de los reos, el hacinamiento, la corrupción, las condiciones "inhumanas" y la violencia entre los mismos presos.

El informe de Amnistía Internacional señaló que en las cárceles de Sao Paulo disminuyó el número de motines en 2005, a raíz de la aplicación de nuevos sistemas disciplinarios, pero recordó que en algunas prisiones de Brasil la violencia interna ha causado decenas de muertes y como ejemplo mencionó el caso de la prisión de Urso Branco, en el estado amazónico de Rondonia, donde han muerto 78 reos entre 2001 y 2005.