Editorial

Se atiza el fuego del conflicto minero

El conflicto minero se complica aún más. Lejos de buscar una solución negociada, el gobierno federal se ha empeñado en impulsar una campaña de desprestigio contra el gremio y los trabajadores, entre otras acciones que únicamente complican la situación. Así, las autoridades han preferido amenazar a los mineros con operativos de desalojo y permitido que las empresas dueñas amaguen con cerrar las minas, lo que sería un desastre para los trabajadores, que dependen de esa labor para su manutención y la de sus familias.

La presión contra los sindicatos y los trabajadores es evidente en distintos ámbitos. Por ejemplo, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció este sábado 13 de mayo que atraería las acusaciones contra el líder minero Napoleón Gómez Urrutia por un fraude de alrededor de 55 millones de dólares. Independientemente de que Gómez Urrutia tenga una larga cola que le pisen, la acción de la dependencia únicamente sirve de provocación, cerrando caminos para una eventual salida negociada al conflicto.

Además, para incrementar el clima de tensión, han surgido voces que buscan por todas formas convencer a las autoridades de emprender medidas enérgicas para acabar con las huelgas iniciadas hace más de 40 días en distintas minas a lo largo del país. El viernes pasado, la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, reveló que "se nos ha conminado a que hagamos uso de la violencia" para desalojar a los trabajadores de la mina San Martín, municipio de Sombrerete, Zacatecas. La gobernadora no especificó quién o qué sectores político-sociales la exhortaron a tomar esas medidas, pero eso sí, descartó que el Grupo Industrial Minera México vaya a cumplir sus amenazas de cerrar la mina, como anunció la siderúrgica hace unos días, tras la toma de sus instalaciones el pasado 28 de febrero.

Pero no sólo se trata de voces misteriosas las que piden a las autoridades imponer acciones de fuerza: el Grupo México, propietario de la mina La Caridad, solicitó al gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, que acate la orden judicial emitida por un juez el 18 de abril y proceda al desalojo de los mineros que mantienen paralizadas las actividades de la empresa productora de cobre desde hace 50 días.

A su vez, la Cámara Minera de México (Camimex) demandó al gobierno federal una pronta solución, pues advirtió que el conflicto ya les ha costado 6 millones de dólares, sin contar las repercusiones económicas en toda la industria nacional. La Camimex no descartó que las dos minas y la siderúrgica, que permanecen tomadas por los trabajadores, sean cerradas por sus dueños.

Este clima de instigación a la violencia y de agresiones continuas a la autonomía sindical y a los derechos de los mineros obstaculiza, sin duda, cualquier posibilidad de encontrar una solución negociada al conflicto sindical.

Sin embargo, para llegar a una solución ­cualquiera que sea­ se necesita de la voluntad de los actores que participan en este drama. Por el contrario, la terquedad de las autoridades y la actitud cerrada de los dueños de las minas, esta ofensiva que también atenta contra los derechos de los trabajadores, podría favorecer otros actos como el brutal desalojo de la planta siderúrgica de Sicartsa en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que dejó un saldo de varios muerto, y eso es inadmisible.